La Junta perjudica los intereses de Castilla y León con su apoyo a Garoña

Ecologistas en Acción deplora la defensa encendida que la Junta de Castilla y León ha decidido asumir de la renovación del permiso de explotación a la central nuclear de Santa María de Garoña, con la excusa de defender el empleo de la central. No obstante, la Administración autonómica no dice que éste se vería automáticamente prorrogado durante un mínimo de 5 años, para acometer las labores de desmantelamiento de la instalación, tiempo suficiente para implantar un plan de empleo alternativo en la comarca, que bien pudiera basarse en las energías alternativas, con la participación de ENDESA e Iberdrola Renovables.

La central nuclear de Garoña cuenta en la actualidad con 330 trabajadores, según su propietario, Nuclenor. La única experiencia de desmantelamiento de una central nuclear en España tuvo lugar entre 1998 y 2003 en Vandellos I, central de tamaño similar a Garoña. Durante este periodo, una media de 323 trabajadores procedieron a desmontar todas las estructuras, sistemas y componentes excepto el cajón del reactor, que deberá aguardar aún 25 años hasta que disminuyan sus niveles de radiactividad. El coste de estas operaciones ha sido de 95 millones de euros, con cargo a la factura de la luz que pagamos todos los ciudadanos.

En todo caso, el empleo de Garoña es 10 veces inferior al del sector de las energías renovables, que generaba ya en 2008 más de 3.000 empleos directos en nuestra región, y cuyo potencial de desarrollo es enorme en una comunidad de la extensión y volumen de recursos naturales de Castilla y León. Hay que notar que la energía nuclear bloquea el desarrollo de las energías renovables, al concentrar los fondos de investigación y desarrollo y “copar” la red de distribución eléctrica por su menor flexibilidad de generación. Al tiempo, es un hecho que la energía nuclear genera mucho menos empleo que la energía eólica, la solar o la biomasa.

Por ello, es lamentable que la Junta de Castilla y León se haya erigido en el principal avalista público del sector nuclear en España, cuando la apuesta industrial estratégica de la Comunidad debieran ser las energías renovables. Contrasta en este sentido la postura reivindicativa ante el Gobierno Central en el caso de Garoña con la falta de iniciativas frente al nuevo marco de retribución de las energías renovables establecido por el Ministerio de Industria, que está poniendo en peligro al sector. Las dificultades que atraviesan industrias renovables como Pevafersa, en Toro, no han merecido el mismo interés del presidente Juan Vicente Herrera.

Por otro lado, los ecologistas recuerdan que la central nuclear de Garoña es la única de su generación en funcionamiento en España, tras los cierres de las centrales de Vandellos I (1989) y Zorita (2006), y que su obsoleto diseño de los años 60 no ha resistido bien el paso del tiempo. El propio informe del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) que avala su continuidad certifica deficiencias cuya corrección debía haberse abordado antes de informar favorablemente la prórroga del permiso, y omite otras de gran relevancia, en una actitud que dice muy poco de la supuesta competencia e independencia del Organismo.

Según el Plan de Emergencia Nuclear de Garoña, en caso de accidente grave, se verían afectados de manera inmediata y severa 57.000 habitantes de 56 municipios burgaleses situados en un radio de 30 kilómetros en torno a la central, incluida la ciudad de Miranda de Ebro, frente a 10.000 del País Vasco. Sin embargo, la postura del Gobierno de Castilla y León contrasta con la de la Diputación Foral de Álava y el Parlamento vasco, que sí defienden la seguridad y la salud de sus ciudadanos, y sólo se explica por el seguidismo de las directrices nacionales del Partido Popular, en su nuevo pulso con el Gobierno central y su apoyo a los intereses del sector nuclear en general y de Endesa e Iberdrola en particular, copropietarias de Garoña.




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