La Coordinadora Estatal Antinuclear (CEAN) [1], en la que participa Ecologistas en Acción, reclama al Gobierno socialista que cumpla con su programa electoral y que cierre de forma inmediata la vieja, deteriorada y peligrosa central nuclear de Garoña, la cual está plenamente amortizada y es totalmente prescindible desde el punto de vista energético.

La CEAN se reunió el 27 de junio en Madrid, para evaluar la situación relativa a las promesas del Gobierno socialista de cierre de Garoña, y para concretar acciones conjuntas, incluidas las legales. Éstas ya están en preparación y se tomarían contra una posible prórroga de la central, tras conocer la decisión del Gobierno al respecto, que debe anunciarse esta misma semana.

En este sentido, han calificado de inaceptables e ilegales los nuevos informes del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) sobre escenarios de prórroga a Garoña de 2, 4 y 6 años, solicitados por el ministro de Industria, Miguel Sebastián, tras haber emitido ya el CSN su informe preceptivo –pero no vinculante para el Gobierno- el pasado 5 de junio. Sorprendentemente fueron realizados por el CSN en un tiempo récord de 48 horas. En esos nuevos informes, el CSN rebajaba sus exigencias iniciales a Garoña, en caso de que continuara en operación.

El cierre de la central nuclear de Garoña se ha convertido en el objetivo central de todos los grupos ecologistas españoles, que cuentan con el apoyo de ecologistas portugueses y franceses.

La central es un modelo antiguo de reactor BWR, desechado en pocos años por nuevos modelos del mismo tipo. Ya su diseñador, General Electric, en los años 70 cambió el diseño de estos reactores hasta en seis ocasiones. Su principal problema es un fenómeno destructivo denominado agrietamiento por corrosión bajo tensiones (stress corrosion cracking-SCC), que ha producido grietas en el barrilete del reactor y en las penetraciones de las barras de control, así como problemas múltiples de corrosión en todo el circuito primario, el que está directamente en contacto con el combustible de uranio enriquecido.

Además de las decisiones tomadas con respecto a Garoña, en la reunión de la Coordinadora estatal se abordó la estrategia a seguir para pedir el cierre de las centrales cuyo permiso de explotación caduca en breve, la primera de ellas la de Almaraz, cuyo permiso caduca en 2010.

También se analizaron las acciones ya realizadas contra el proyecto de Almacén Temporal Centralizado (ATC) que promueve la Empresa Nacional de Residuos radiactivos (ENRESA). El ATC sería un cementerio nuclear centralizado para los residuos radiactivos de alta actividad (el combustible nuclear gastado) de las centrales nucleares, cuya gestión es un gran problema para el cual no existe solución técnica satisfactoria en ningún lugar del mundo, a pesar de que se siguen generando miles de toneladas al año.

Las acciones emprendidas desde 2006 por los diversos colectivos anticementerio nuclear y asociaciones ecologistas han logrado hacer fracasar en la práctica el citado proyecto, que debía estar ya en plena construcción, según los planes iniciales de ENRESA. El ATC ha suscitado un enorme rechazo social en toda España: decenas de ayuntamientos, consejos comarcales, diputaciones provinciales, parlamentos autonómicos y gobiernos regionales se han posicionado ya en contra del proyecto de ATC.

Las organizaciones presentes en la reunión de la Coordinadora antinuclear han decidido mantener activas sus campañas contra el ATC, y mejorar su coordinación, así como recordar al Gobierno que la puesta en marcha de un plan de cierre, progresivo pero urgente, de las centrales nucleares es condición previa para poder generar el amplio consenso social que se necesita para poder discutir y avanzar al respecto de la gestión de los residuos radiactivos.

La minería del uranio también fue tema de la reunión. Aunque la última mina de uranio en España (la de Saelices el Chico, en Salamanca) cerró en el 2000 por falta de rentabilidad (de hecho, España importa el 100% del uranio que se consume en las centrales nucleares españolas), las empresas Berkeley Resources (australiana) y Mawson (canadiense) están realizando estudios para volver a abrir minas en territorio español.

El Ministerio de Industria ya ha dado algunos permisos de investigación y exploración a estas empresas en Salamanca y Guadalajara, y están solicitados en Extremadura.

Para la CEAN el actual es un momento crucial en la lucha antinuclear, pues por una parte son muchas las centrales que están al final de su vida útil y por tanto deberán cerrar en breve, y por otra la construcción de nuevas centrales en la coyuntura actual solo es posible en países donde el Gobierno correspondiente pueda permitirse tomar decisiones impopulares y antieconómicas, caso de Rusia o China. En Occidente no se ha construido ninguna desde el accidente de Chérnobil y las únicas que están en construcción, la de Olkiluoto-3 (en Finlandia) y la de Flamanville-3 (en Francia) están plagadas con numerosos problemas técnicos y de seguridad, sobrecostes y retrasos. En concreto Olkiluoto-3 lleva acumulado un retraso de más de tres años y 1.700 millones de euros de pérdidas, oficialmente reconocidos.

Notas

[1] Adenex, Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Ekologistak Martxan, Greenpeace, Jóvenes Verdes, Coordinadora contra Garoña, Plataforma Cerrar Almaraz, Tanquem les Nuclears-100%Renovables