Castilla y León es la única comunidad que sigue apoyando la explotación de uranio

La Junta de Castilla y León ha recibido otro jarro de agua fría en temas de medio ambiente, al quedarse como la única institución española que defiende la minería de uranio. A la oposición de las otras comunidades afectadas (Castilla-La Mancha y Extremadura), se acaba de sumar el rechazo unánime del parlamento aragonés.

En la sesión plenaria celebrada el pasado 25 de junio, las Cortes de Aragón aprobaron 2 proposiciones no de ley contrarias a la minería de uranio en esta comunidad y en sus alrededores. Ambas mociones fueron aprobadas por unanimidad por todos los grupos que forman el parlamento regional: PSOE, PP, PAR, CHA e IU.

Este rechazo a la minería de uranio en Aragón pone de manifiesto la soledad de Castilla y León en el apoyo a este tipo de explotaciones. Además de las proposiciones en contra recién aprobadas en Aragón, Castilla-La Mancha también ha adoptado medidas contra las pretensiones de la industria nuclear de abrir minas en su territorio. Extremadura, donde también hay proyectos mineros, la tramitación de los expedientes está congelada. En este entorno, sólo los proyectos mineros en Salamanca avanzan con el apoyo necesario de la Administración.

En la proposición presentada por la Chunta Aragonesista, las Cortes de Aragón se comprometen “a adoptar cuantas medidas administrativas sean necesarias” para evitar que los ríos Mesa y Piedra resulten contaminados por uranio y radón como consecuencia de la posible explotación de unas minas de uranio en la provincia de Guadalajara, limítrofe con Calatayud. También se insta al Gobierno regional a que plantee “la disconformidad y oposición del Gobierno Aragonés” con los proyectos mineros de Guadalajara. Esta moción incluía 2 enmiendas del PAR.

En la misma sesión se aprobó también la proposición no de ley presentada por Izquierda Unida contra la liberalización de las Reservas de minerales radioactivos que el Estado tiene en Aragón. Con esta proposición no de ley, la 198/09, se intenta evitar que se liberalicen los derechos sobre el uranio que el Estado tiene en Aragón, y así evitar que las multinacionales mineras inicien una carrera por la explotación de las reservas. Insta “al Gobierno de Aragón a dirigirse al Gobierno Central para que no proceda en ningún caso al levantamiento de la reserva definitiva a favor del Estado para la explotación de minerales radiactivos”. También esta moción fue apoyada por todos los grupos, esta vez sin enmiendas.

Con estas 2 proposiciones aprobadas, Aragón se suma a la oposición del gobierno regional de Castilla-La Mancha a los proyectos mineros en esta comunidad. En la provincia de Guadalajara, Minera del Río Alagón, la filial española de la multinacional minera australiana Berkeley Resources Ltd., solicitó tres permisos de exploración de uranio. Hace menos de un mes, la Junta de Comunidades de Castilla-la Mancha rechazaba el primer proyecto (“Mazarete”) por su alto impacto ambiental y socioeconómico en la comarca, y el Consejero de Medio Ambiente ha mostrado su oposición a los otros dos proyectos que aún se están tramitando, “Aragoncillo I y II”. El Ayuntamiento de Molina de Aragón, cabeza de comarca, sigue los pasos del de Calatayud y también ha aprobado el 25 de junio una moción del PSOE e IU contra las minas de uranio.

La oposición a las minas de uranio está viendo la luz azotada por la amenaza que implica. La minería de uranio tiene un impacto ambiental y sanitario altísimo, ya que a las afecciones propias de una actividad minera (desmontes y movimientos de tierras, lixiviados, ocupación de espacios naturales, alteración hidrogeológica, impacto paisajístico, emisión de ruidos y de CO2…) se suma la liberación de radiactividad provocada al remover minerales radiactivos.

Con estos factores en cuenta, se han generado movimientos populares que cuentan con la simpatía de la mayoría de la población. Esta movilización ha llevado a todos los partidos políticos a apoyar la causa, y conseguir el apoyo institucional de ayuntamientos, medios de comunicación y gobiernos autonómicos. En Extremadura, el movimiento antinuclear surgido en oposición a la central nuclear de Almaraz ha conseguido paralizar en silencio la tramitación de los permisos mineros. La Junta de Extremadura parece que tampoco está interesada en abrir una nueva polémica, en un territorio donde aun tienen el recuerdo de la mina de uranio de La Haba.

Ecologistas en Acción de Salamanca pide a la Junta de Castilla y León que dé un giro radical a su postura en este tema, y que defienda los intereses de sus ciudadanos y de su territorio, como están haciendo Aragón, Castilla-La Mancha y Extremadura. La aprobación de todos los permisos de uranio en Castilla y León sólo beneficia a dos empresas extranjeras que han encontrado en Salamanca el lugar perfecto para seguir con esta actividad insostenible, que sacrificaría el oeste de la provincia, en beneficio de sus accionistas.

En Salamanca la Junta ya ha otorgado una veintena de permisos de investigación de uranio que afectan a más de 50 pueblos del oeste de la provincia. La multinacional australiana Berkeley Resources, y la canadiense Mawson Sweden Aktiebolag son las principales beneficiarias del pasotismo de la Junta, y han iniciado ya las investigaciones autorizadas.

El pasado mes de abril diez organizaciones naturalistas y ecologistas de la región, entre las que estaba Ecologistas en Acción, pidieron que el Gobierno de España retirara las competencias de medio ambiente a la Junta de Castilla y León, en aplicación del artículo 155 de la Constitución, por atentar reiteradamente contra el entorno natural. El apoyo a la minería de uranio por parte de la Junta es otro atentado más a la naturaleza que apoya esta demanda.




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