La Comisión Europea se encuentra a la espera de los datos sobre la evaluación de impacto medioambiental que las autoridades españolas llevaron a cabo en el proyecto de construcción del aeropuerto de Ciudad Real.

El Ejecutivo comunitario envió en julio una última advertencia antes de la denuncia formal contra España por no haber realizado de manera correcta dicha evaluación medioambiental. Bruselas espera que se corrijan los numerosos defectos detectados en el estudio de evaluación ambiental tras el obligado cambio de ubicación de la pista del aeropuerto.

La CE consideró hace cinco meses que la evaluación de impacto ambiental de este proyecto, llevada a cabo por las autoridades españolas, era insuficiente por varios motivos. Por ejemplo, no se esbozan adecuadamente las alternativas estudiadas por el promotor ni se ha hecho la evaluación de impacto de las instalaciones relacionadas con el proyecto (carreteras de acceso, suministro de electricidad).

Al no haber evaluado adecuadamente las repercusiones de todos los aspectos del proyecto sobre el medio ambiente, España infringe la directiva sobre la evaluación del impacto ambiental.

Por otro lado, el secretario general de Transportes del Ministerio de Fomento, Fernando Palao, quien recientemente participó en Ciudad Real en unas jornadas relacionadas con el transporte, afirmó que “por parte del Estado lo único que se está haciendo es que cumpla (el proyecto) con los requisitos medioambientales que han sido cuestionados en un momento determinado”. Palao añadió que “nos hemos limitado a trasladar a los responsables de la inversión que tienen que cumplir con estos requisitos (ambientales) tanto desde el punto de vista de Bruselas como traducido por el Ministerio de Medio Ambiente que les ha hecho llegar a los responsables de la empresa”.

El aeropuerto está situado junto a una zona clasificada de protección especial por las autoridades españolas en aplicación de la directiva sobre aves silvestres de la UE cuando en esa zona vive una especie de ave de las estepas especialmente amenazada.

En diciembre de 2003, la Comisión envió a España una primera advertencia por escrito afirmando que se debía evaluarse todas las repercusiones de la construcción del aeropuerto de acuerdo con las Directivas sobre Aves.

En enero de 2004, las autoridades españolas remitieron una respuesta en la que indicaban una serie de estudios que se habían realizado. No obstante, la CE consideró que esos estudios no preveían las necesarias evaluaciones de impacto y que no se aplicó correctamente la directiva.

A raíz de la advertencia previa a denuncia formulada por la CE, Ecologistas en Acción exigió a las autoridades españolas la paralización cautelar de las obras, emprendiendo una campaña de envío de correos electrónicos al Ministerio de Medio Ambiente.