Se pide a Fiscalía una intervención decidida ante el tema del agua en Baza

Los regantes interpretan que el archivo de diligencias penales contra cargos de la Confederación Hidrográfica es darles la razón en la extracción ilegal de agua, y se permiten amedrentar a las personas que han denunciado los hechos delictivos.

Un poco de historia:

PRIMERO.- Con fecha 3 de abril de 2002, la Comunidad de Regantes Fuentes de San Juan y de la Reina, de Baza, (NIF G18559831) obtiene concesión de aguas superficiales, procedentes de la Fuente de San Juan, por parte de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, para el riego por gravedad o a pie de una superficie de 372,6593 Has. y con un caudal máximo de 298,13 l/seg y una dotación de 8.000 m3/año.Ha.

Da la casualidad que en esas fechas la fuente no manaba ni 50 litros por segundo (gracias a los pozos ilegales que hay en la zona) por lo que la concesión es absurda, ya que no hay esas aguas para conceder.

SEGUNDO.- Con fecha 4 de junio de 2002 (dos meses después) se inicia expediente de modificación de características – que la misma cantidad de agua de la concesión sea de un pozo cerca de la fuente- solicitado por la Comunidad de Regantes Fuentes de San Juan y de la Reina de Baza, que obtiene informe desfavorable con fecha 28 de enero de 2008, por incompatibilidad con el Plan Hidrológico de Cuenca ya que en esa zona sólo se permiten captaciones para abastecimiento a núcleos urbanos. Dicha Comunidad presenta alegaciones contra esta resolución con fecha 24 de marzo de 2008 y la Confederación se ratifica en su denegación con fecha 23 de abril de 2008.

TERCERO.- Durante este tiempo se instala un pozo en la zona desde el que se ha captado de forma ilegal más de 500.000 m3, (en un periodo de cinco años) según estimaciones de la guardería fluvial (en base a declaraciones de los afectados). La guardería fluvial presenta sendas denuncias con fechas 5 de abril de 2006 y 20 de septiembre de 2006.

CUARTO.- Con fecha 30 de abril de 2008 se dicta resolución sancionadora firmada por la Excma. Ministra de Medio Ambiente, donde se condena a la Comunidad por falta grave y se la obliga al precinto de la captación ilegal en el plazo de 15 días.

QUINTO.- Con fecha 8 de julio de 2008 la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir otorga autorización temporal para derivar aguas subterráneas del citado pozo ilegal con un volumen anual de más de un millón de metros cúbicos (1.116.000). Esta autorización la firma la misma persona que por dos veces ha firmado la denegación del cambio de características por ser contrario a la ley.

Pozo
La tela tapa el contador

SEXTO.- Se observan en los hechos expuestos las siguientes contradicciones:

a) Cuando se solicita la concesión de aguas superficiales (proceso que se inicia en 1997, antes de la constitución de la Comunidad de regantes que se aprueba el 6 de febrero de 2001) el caudal existente difícilmente llegaba a los 50 litros por segundo. Resulta extraño que se otorgue una concesión de 298,13 l/seg. y además que se considere una dotación de 8.000 m3/Ha, en contra de lo establecido en el Plan Hidrológico de cuenca, que es de 5.000 m3/Ha. (Cuando se aprueba la concesión, el Plan Hidrológico de Cuenca estaba ya aprobado desde el año 1999).

b) Cuando se solicita la modificación de características en junio de 2002, ya se encontraba en funcionamiento el pozo ilegal de extracción con una electrobomba de 50 cv. Es muy probable que el pozo estuviera en funcionamiento aún antes de obtener la concesión de aguas superficiales en abril de 2002.

c) La resolución que dicta el Ministerio de Medio Ambiente (que supone el precinto del pozo) se intenta comunicar a la Comunidad de Regantes con fecha de 7 de mayo de 2007. Al no darse por enterados se publica en el BOE de 4 de junio de 2007 y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Baza, que además es partícipe en dicha Comunidad de Regantes. Como no hay alegaciones por parte de la Comunidad se dicta propuesta de resolución con fecha 31 de agosto de 2007 que se notifica el 7 de septiembre de ese mismo año. El 2 de octubre presenta alegaciones la citada Comunidad de regantes que son desestimadas. Se observa claramente el hecho de no querer darse por enterados, haciendo que se alargue en el tiempo la situación de ilegalidad de la extracción que está produciendo beneficios económicos a los infractores y un daño al dominio público hidráulico.

d)En la concesión provisional otorgada con fecha 8 de julio de 2008 se miente en el considerando segundo, ya que se afirma que la Comunidad de Regantes tiene solicitada y en trámite en la Confederación la preceptiva modificación de características de su concesión, cuando ya se ha pronunciado el organismo de cuenca denegándola por dos veces con fechas 28 de enero de 2008 y 23 de abril de 2008. La misma persona firma los tres documentos.

e) A pesar de una denegación explícita a la modificación de las características por no ser acorde con el Plan Hidrológico de Cuenca, a pesar de la resolución condenatoria por sondeo ilegal por parte de la máxima autoridad ambiental del estado, se concede la autorización de derivación de aguas subterráneas para riego.

Otro que se cubre de gloria es el alcalde de Baza, que va expresamente a Sevilla y apoya totalmente a los regantes.
El apoyo expreso del Ayuntamiento de Baza “supone una renuncia explícita a cualquier reclamación por afección del abastecimiento del que dicho ayuntamiento es responsable”. Lo cual, aparte de ser una actitud incomprensible en un alcalde, supone que de conseguir que falte el agua para el pueblo, justifique la necesidad de traer agua desde el Castril para consumo.

El fiscal deja muy claro lo siguiente:

“Cuestión distinta sería evidentemente que se renovara esta autorización temporal excepcional una vez cesada la situación de sequía, en cuyo caso estaríamos ante una vía fraudulenta para conseguir un efecto análogo al pretendido con la modificación de la concesión denegada sorteando así la prohibición legal aplicable. En tal caso sí estaríamos claramente ante una resolución arbitraria eventualmente constitutiva de delito. Habrá pues que vigilar las futuras actuaciones administrativas, siendo elogiable el celo y rigor demostrado por la asociación denunciante en esta tarea de control.”

Por eso la Agencia Andaluza del Agua no renueva la autorización, porque incurrirían en un delito claro, pero no hace nada, permitiendo de hecho que la situación ilegal continúe.

Con fecha 29 de julio hubo una reunión de la Comunidad de regantes para tratar el tema de la continuidad de los riegos, donde, además de decidir denunciar a Ecologistas en Acción, se habló de tomar acciones concretas, como la de manifestarse ante la puerta de la vivienda de la compañera que está velando porque se cumpla la ley, en un claro intento de amedrentar, sin saber las consecuencias que podría tener sobre nuestra compañera la acción aislada de cualquier descerebrado. Además, se decidió el continuar con los riegos aún a sabiendas de que la concesión ha expirado. En la siguiente página web http://webdebaza.com/  en el noticiero del 30 de julio, se puede acceder a una información bastante amplia sobre la reunión.

El 30 de julio, en Radio Baza, hay una larga entrevista a dos personas con responsabilidad en los temas de aguas que, independientemente de todo tipo de insultos que no nos afectan, se nos acusa de coacciones contra los regantes y las administraciones públicas y de presentar denuncias falsas, creando un ambiente tan hostil, que tememos por la integridad física de nuestra compañera en Baza, a la que aluden con nombre y apellidos. Se puede escuchar la entrevista en http://mail.google.com/mail/?ui=2&ik=c5963d08cd&view=audio&msgs=122cdcf2e319e120&attid=0.1&zw.

Estamos convencidos de que estas actitudes salen a la luz a raíz del fallo de Fiscalía, que ellos interpretan interesadamente como que lo que están haciendo es legal y los que se oponen, son los delincuentes.

Y como corresponde al ministerio fiscal “Tomar parte, en defensa de la legalidad y del interés público o social, en los procesos relativos al estado civil y en los demás que establezca la ley.”

Le hemos pedido al Fiscal Jefe de Andalucía:

1)Que intervenga la fiscalía ante el delito que se está perpetrando con conocimiento y claro desprecio a la legislación vigente.

2)Que si no cree que haya indicios penales, proceda por la vía civil, tal y como está contemplado en la Ley 50/1981, de 30 de diciembre, por la que se regula el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, Art. 3.7, ya que se trata de un tema donde está comprometido el interés social y puede degenerar en desórdenes públicos con la consiguiente alarma social.

3)Independientemente de lo solicitado, pedimos que desde la Fiscalía se envíe a los medios de comunicación una nota aclaratoria sobre el fallo del fiscal y el respeto debido a la legislación vigente, en términos claros y contundentes, ya que los escritos enviados a los medios de comunicación sobre este tema por Ecologistas en Acción, prácticamente no se han publicado, siendo sin embargo, numerosas las apariciones de la comunidad de regantes, dando su visión sesgada de los hechos y encrespando los ánimos en contra de personas que, de forma altruista, trabajan porque se cumpla la legislación vigente sobre medio ambiente.




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