El Tribunal Supremo nos da la razón en relación con el Polígono Las Aletas

Ecologistas en Acción de Cádiz lleva más de tres años oponiéndose al proyecto de Las Aletas por considerar que los terrenos en los que se quería instalar son Dominio Público Marítimo Terrestre (DPMT) y, por ello, el proyecto es contrario a la Ley de Costas.

Es incomprensible que ni el Gobierno Central, ni la Junta de Andalucía, ni el Ayuntamiento de Puerto Real, hayan estado dispuestos a cumplir una ley básica de nuestro ordenamiento jurídico.

En estas “horas bajas” que vive nuestra clase política, bajo sospecha en demasiados lugares y ámbitos, este descrédito al que ahora le somete el Tribunal Supremo, no deja de ser preocupante. Resulta intolerable que sean los poderes públicos, estatal, autonómico y local, los que se empeñen en incumplir la Ley, como desvela la sentencia del Tribunal Supremo.

El Tribunal Supremo dictó ayer una sentencia en la que dejó “anulado y sin efecto" el acuerdo del Consejo de Ministros del 27 de abril de abril de 2007. Dicho acuerdo consideró que 287 hectáreas de zona de marismas de la Bahía de Cádiz en dominio público marítimo terrestre podían ser urbanizadas o formar parte del Polígono de Las Aletas. También indica la sentencia que esta zona posee unas características de alto valor ambiental que las obras e instalaciones previstas desnaturalizarían de forma irreversible. El Tribunal recuerda que los fines que deben perseguir las administraciones en este DPMT son asegurar su defensa y conservación, así como garantizar su uso
público, fines que no se concilian con una actuación que destruiría la marisma hasta el punto de hacer inviable su recuperación.

El Consorcio formado por el Ministerio de Economía y Hacienda, la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Puerto Real, habían incluido lo citados suelos en su proyecto de 527 hectáreas llamado pomposamente Plan Especial de Interés Supramunicipal del Área de Actividades Logísticas, Empresariales, Tecnológicas, Ambientales y de Servicios de la Bahía de Cádiz, Las Aletas, siendo aprobado el 3 de agosto de 2007 e iniciado recientemente.

Nuestras alegaciones, escritos y protestas en defensa del los terrenos claramente protegidos por los art. 32 y 47 de la Ley de Costas, fueron sistemáticamente desoídos. Ahora es el Tribunal Supremo el que nos da la razón.

Art. 32. 1. Únicamente se podrá permitir la ocupación del dominio público marítimo-terrestre para aquellas actividades o instalaciones que, por su naturaleza, no puedan tener otra ubicación.

Ecologistas en Acción ha indicado y alegado reiteradamente que el polígono de Las Aletas es:

- Contrario a la Ley de Costas. Resulta lamentable que, no sólo desde un ayuntamiento, sino también desde la propia autoridad urbanística, la Consejería de Obras Públicas, y el Ministerio de Economía y Hacienda, se esté pretendiendo destruir un espacio marítimo-terrestre y “forzar” el marco normativo que salvaguarda nuestras costas. La Ley de Costas no sólo protege el carácter público del espacio marítimo-terrestre, sino también sus características naturales, por lo que cualquier proyecto - aunque conserve el carácter público de los terrenos - que pretenda la urbanización, contradice la Ley de Costas y es, por ello, legalmente inviable.

- Innecesario. El incremento de suelo industrial de Las Aletas no está justificado: recordemos, por ejemplo, que en la zona portuaria y Bajo de la Cabezuela quedan más de 500.000 m2 sin ocupar y de mayor valor estratégico que las Aletas, y el polígono industrial Las Salinas de 3.000.000 m2, tiene un índice de ocupación inferior al 30%. No es verosímil que, mientras se está desmantelando el tejido industrial de la Bahía o se desafectan terrenos portuarios, supuestamente porque no hacen falta, se pretenda al mismo tiempo seguir recalificando nuevos terrenos costeros con fines industriales o portuarios.




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