Trato de favor a las viviendas ilegales en el nuevo PGOU

El nuevo PGOU otorga un trato de favor a las viviendas ilegales y no contempla la demolición de las que se mantiene fuera del planeamiento.

Desde Ecologistas en Acción de El Puerto mostramos un rotundo rechazo al documento de Aprobación Provisional 2 del PGOU en lo relativo al tratamiento dado a las viviendas ilegales.

En el documento previo de trabajo sobre “Desarrollos sin homologación”, elaborado por el equipo redactor del PGOU –Territorio y Ciudad– Se indica con contundencia, en relación con las viviendas ilegales, que los crecimientos sin homologación introducen una enorme hipoteca, un pesado lastre para la adopción de un modelo de ciudad adecuadamente planificado y dotado de orden, estructura y sentido común, quedando fuertemente limitadas las potencialidades que presentaría en otro caso la ciudad del Puerto. Estos desarrollos sin planeamiento van a condicionar la práctica totalidad de decisiones estructurales, otorgando al PGOU una dimensión básicamente reparadora. Ante esta situación, las administraciones y ciudadanos portuenses deben concienciarse de la imperiosa necesidad que existe para evitar la perpetuación de estos procesos ilegales que dificultan el desarrollo de sus opciones de futuro.

Por otra parte, también se indica en dicho documento que en las intervenciones previstas en suelo urbano no consolidado, ha de ser el Planeamiento General el que establezca el nivel de reservas dotacionales y espacios libres públicos a contemplar.

Ecologistas en Acción manifestó su sintonía con dicho documento y se realizó una elaborada propuesta en relación con las viviendas ilegales para su inclusión en el nuevo PGOU dentro de la Mesa de participación: “Los desarrollos sin homologación”, que resumidamente consiste en:

1.- Se podrán regularizar todas las viviendas ilegales, excepto aquellas ubicadas en Sistemas Generales de Espacios Libres, suelos no urbanizables de especial protección por razones forestales, medioambientales o culturales, terrenos de dominio público ( incluidas las vías pecuarias estén deslindadas o no ). El límite será en todo caso el “punto cero” del año 2002.

2.- La legalización debe de contar con informe de disponibilidad de agua, así como informe técnico sobre infraestructuras para depuración de aguas, con inclusión de compromiso temporal de cierre de pozos ciegos y fosas sépticas.

3.- La legalización de toda vivienda debe de realizarse bajo el principio de que construir ilegalmente no puedes salir más barato que hacerlo legalmente.

4.- Todas aquellas construcciones que queden fuera del proceso de regularización deben de ser demolidas con un compromiso temporal de ejecución, de no ser así se daría un paso atrás con respecto al PGOU actual.

Hemos comprobado que, lamentablemente, la mayor parte de nuestras propuestas no han sido incluidas en el documento del PGOU. Especialmente graves nos parecen los siguientes extremos:

a) En el documento de Aprobación Provisional 2 se perpetúa el fenómeno de la construcción ilegal que tan duramente fue criticado en el estudio de tendencias. Empresa redactora y Ayuntamiento no han cogido con valentía el toro por los cuernos y se han plegado a las presiones, no contemplándose demolición alguna sobre aquellas edificaciones que quedan fuera de planeamiento, permitiendo incluso ciertas reformas.

El art. 185 de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) se establece que las medidas cautelares o definitivas de protección de la legalidad urbanística y restablecimiento del orden jurídico perturbado no tienen límite temporal –no prescriben – para aquellas construcciones levantadas ilegalmente sobre terrenos no urbanizables de especial protección, sobre espacios protegidos, parques, jardines, espacios públicos o infraestructuras, y demás reservas para dotaciones.

No alcanzamos a comprender por lo tanto el motivo por el que no se establece en el documento un plan temporal de recuperación de los citados terrenos para disfrute general que obligue a la administración local a proceder a las demoliciones conforme a la legislación vigente. Ha quedado demostrado a lo largo de los años que la única medida eficaz contra el fenómeno tan dañino de la construcción ilegal, es la demolición, y la administración local debe de velar por el cumplimiento de la legalidad urbanística.

b) Consideramos por otra parte que en el documento de Aprobación Provisional 2 del PGOU no se establece con nitidez para los suelos urbanos no consolidados –la mayoría son urbanizaciones ilegales- el nivel de reservas dotacionales y espacios libres públicos así como los porcentajes de cesiones y aprovechamientos para todas las Áreas de Regularización e integración Urbana-ambiental, remitiendo en muchos casos a planeamiento de desarrollo. En todo caso, esos niveles distan mucho de aquellos que han de soportar los suelos declarados como urbanizables –que son precisamente aquellos cuyos propietarios no construyeron y respetaron la legalidad urbanística. En aras del principio de igualdad y justicia, tanto los costes como las cesiones que corresponden a las viviendas a regularizar deben de ser, como mínimo, equivalentes a los soportados por una edificación que deba de construirse dentro de la legalidad urbanística en suelo urbanizable. Mucho nos tememos que si no queda reflejado con claridad en el nuevo PGOU los costes y cesiones a soportar por las viviendas a regularizar, terminemos pagando el resto de ciudadanos parte de los costes de esa regularización.

c) Se ha de recoger la obligatoriedad de una Inspección Técnica de Vivienda, que garantice la calidad y durabilidad de las construcciones.

Desde Ecologistas en Acción seguiremos defendiendo, hasta la aprobación definitiva del PGOU, que se prescriba la obligación municipal de iniciar los trámites legales para proceder a la demolición de todos aquellos inmuebles que queden fuera de planeamiento y se encuentren ubicados en terreno no urbanizable de especial protección, espacios protegidos , parques , jardines , espacios públicos y reservas para dotaciones. Los citados terrenos deben revertir en su integridad al disfrute de la generalidad de ciudadanos, con el convencimiento de que es el único método eficaz para evitar el efecto llamada de los constructores ilegales.

De igual forma, se exigirá que quede regulado en el propio PGOU el porcentaje de las cesiones para equipamientos, zonas verdes, espacios públicos, así como de aprovechamientos que deben soportar las zonas a regularizar y que deberán ser como mínimo similares a los que soporten los sueles rústicos que pasen a ser urbanizables en el nuevo PGOU.




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