El Consejero de Ordenación del Territorio y Vivienda peca de optimismo patológico

Gena-Ecologistas en Acción de Axarquía valora positivamente que el Consejero haya impulsado algo de cordura a tanto desatino, y haya hecho valer el imperio de la ley sobre las disidencias de los pequeños reinos de taifas o repúblicas bananeras de la Axarquía, sin embargo peca de optimismo patológico al creer que disponer de un papel (el PGOU) va a frenar el ansia de urbanizar el suelo rústico en la Axarquía.

No será el PGOU lo que frene esta tendencia, sino simplemente algo que ahora conocemos mejor: “el látigo de la Justicia y la crisis del ladrillo”. Los alcaldes lo saben muy bien y por esto apostaban (y seguramente apuestan aún) por eliminar estos peligros: cambiar las leyes y revitalizar la construcción. Ambas cosas de momento les son negadas por los poderes públicos. Habrá que ver qué sucede en el futuro.

El pasado viernes día 27-XI-2009, el Consejero de Vivienda y Ordenación del Territorio tuvo una reunión con una representación de la llamada Mesa por el Urbanismo de la Axarquía, radicada en la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Oriental-Axarquía, en la que el Consejero presentó una “hoja de ruta” para los problemas que plantea la citada Mesa. Como valoración de esta reunión esta asociación, como parte interesada en la problemática generada por el urbanismo disperso y descontrolado en la comarca tiene a bien realizar las siguientes valoraciones que han sido remitidas al mencionado Consejero:

1.- Celebramos que por para de la máxima autoridad en ordenación del territorio en Andalucía haya mantenido firme la inviolabilidad de las leyes urbanísticas, que por obvio no debería olvidarse que son de cumplimiento obligado por todos los andaluces.

2.- Es preciso realizar un inventario exhaustivo de las viviendas construidas en suelo no urbanizable. Las cifras manejadas hasta ahora (10.000 viviendas) son obsoletas pues se basan en un inventario realizado en tiempos en que se estaba redactando el Plan de Ordenación Territorial (POT) de la Axarquía. El inventario realizado por GENA-Ecologistas en Acción, del cual tenemos constancia documental, muestra la existencia de más de 22.000 viviendas en suelo no urbanizable, de las cuales aproximadamente la mitad son anteriores al año 1995, que incluye viviendas históricas como cortijos y lagares, pero más viviendas residenciales. Esto significa que en tan sólo quince años se ha construido en suelo no urbanizable tanto como todo lo construido en cinco siglos.

3.- El censo de viviendas, según el Registro de la Propiedad, nos arroja 26.544 viviendas construidas en la Axarquía, a un ritmo de más de 5.000 viviendas por año desde el año 2004. De este cómputo, unas 1.500 viviendas por año, como promedio, se han construido en suelo no urbanizable, si bien en unos municipios más que en otros. Estas cifras desmienten las afirmaciones del presidente de la Diputación Provincial de Málaga cuando decía hace poco a los medios de comunicación que “no se construye una sola vivienda en la Axarquía desde hace años” (sic!). Una de dos: o el presidente de la Diputación miente o le han dado una información intencionadamente falsa. Tomando el plural “años” como un mínimo de “2 años”, en la Axarquía se han construido 5.330 viviendas en el año 2007 y 4.454 viviendas en el 2008, un total de 9.784 viviendas, de las cuales aproximadamente 2.000 se construyeron en suelo no urbanizable. Cualquiera puede comprobar las cifras que damos, son documentos públicos.

4.- De las palabras del Consejero se deduce que la Mesa por el Urbanismo de la Axarquía debe ser disuelta porque ya no puede cumplir los fines para los que se creó. En primer lugar, su intención de modificar las leyes urbanísticas han sido negadas. En segundo lugar, su intención de legalizar las viviendas construidas en suelo no urbanizable han sido igualmente negadas, reconduciendo el procedimiento por la vía que siempre hemos defendido: a partir de los PGOUs. Los alcaldes deberían emplear su tiempo en arreglar los desatinos que han cometido en sus respectivos municipios durante estos años, en lugar de perder el tiempo en inútiles fantasías de amnistía para viviendas y regidores.

5.- Nos sorprende que ahora el presidente de la Mancomunidad de la Costa Oriental-Axarquía admita, en declaraciones a la prensa tras la reunión con el Consejero, que encuentra “muy positiva la reunión porque...la Junta va a sacar adelante los planeamiento s de los 16 municipios que ni siquiera poseen normas subsidiarias” (sic!). Resulta sorprendente cuando es bien conocido que éstos y otros municipios se beneficiaron de la ayuda de la Diputación Provincial de Málaga para redactar sus PGOUs, y que a pesar de que estaban redactados fueron rechazados o demorados por sus respectivos alcaldes porque no recogían algo que era imposible recoger: que legalizaran las viviendas en el campo. Luego no es por falta de PGOU, es sencillamente porque los regidores no quieren un PGOU que les obligue a restituir la legalidad urbanística en sus respectivos municipios. El que ahora la Junta se ofrezca a hacerlo no les va a suponer a estos municipios ninguna ventaja respecto de la que ya les brindó la Diputación.

6.- Por otra parte, no se ajusta a la verdad la declaración del mencionado presidente de la Mancomunidad cuando dice que la falta de PGOU en algunos ayuntamientos “ha sido en muchos casos la causa” de los problemas urbanísticos existentes. Esta afirmación no es cierta porque, en primer lugar, los problemas urbanísticos (principalmente la construcción en suelo no urbanizable) nos consta que se ha producido en prácticamente todos los municipios, tanto los que tienen como los que no tienen PGOU. Los que lo tienen no han hecho caso al precepto de no construir en suelo no urbanizable. Y los que no tienen PGOU no deberían haber hecho nada precisamente porque no tienen ninguna figura de planeamiento. Luego no es la falta de PGOU lo que ha llevado a esta situación, sino la falta de una voluntad de cumplir y hacer cumplir las leyes, creer que los ayuntamientos, con su autonomía, tienen patente de corso frente a las leyes.

7.- La voluntad de asumir responsabilidades urbanísticas por parte de la Junta para municipios que han mostrado reticencia, desidia o falta de interés, viene a confirmar nuestra tesis de que una solución drástica para acabar con estos problemas es la retirada de las competencias urbanísticas a los ayuntamientos. Propuesta que el alcalde de El Borge comparte para municipios pequeños (menos de 3.000 habitantes) porque parte de un supuesto diferente: que estos municipios no disponen de suficientes recursos. Nosotros apoyamos su generalización a todos los municipios por otras razones: porque no se puede dejar un pastel tan goloso en manos de gente hambrienta. Los municipios están demasiado cerca de las presiones sociales y económicas para resistir el empuje del lucrativo sector inmobiliario.




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