El Consejo de Ministros sanciona una ocupación de dominio hidráulico en Chinchilla

El Consejo de Ministros del viernes 4 de diciembre de 2009 ha aprobado el expediente sancionador abierto por la Confederación Hidrográfica del Júcar, por las obras de urbanización realizadas por la empresa AUNO en zona de domino público hidraúlico y condena a reponer la zona a su estado anterior y a pagar más de 500.000 € de sanción.

Rambla El Cañaveral

Ecologistas en Acción de Albacete contempla la sanción que se ha producido en el día de hoy en el consejo de Ministros sobre la empresa AUNO como un caso sin precedentes en cuanto al urbanismo especulativo en esta provincia. Por primera vez el dominio público hidraúlico se refuerza ante el sin fin de agresiones urbanísticas, y de todo tipo, que viene sufriendo habitualmente, con la colaboración de las administraciones públicas, Ayuntamientos, Diputaciones y Junta de Comunidades que, lejos de defender la legalidad, aprueban proyectos que incumplen manifiestamente las normas de protección ambiental

Esta sanción pone en su sitio, en primer lugar, a la empresa y no menos al Ayuntamiento de Chinchilla, que ante el abandono de la empresa en realizar las obras, saca pecho diciendo que seguirían las obras, en un alarde de ilegalidad que debería llamar la atención de la fiscalía. Recordemos que desde el ayuntamiento de esta localidad y desde la Consejería de Ordenación del Territorio se dieron todas las licencias a esta promoción, sabiendo que existía un informe negativo de la C.H. del Júcar por tratarse de una zona de dominio público, al ocupar los cauces de varias ramblas. Por otra parte, desde la Delegación Provincial de Agricultura se permitió la eliminación de la cubierta vegetal, formada por pinos y matorral mediterráneo de gran importancia para la protección del suelo y evitar los riesgos de erosión.

El año pasado, Ecologistas en Acción elevó una denuncia ante la Fiscalía por todos estos motivos, instando a la paralización de los trabajos de urbanización y para que se investigase la actuación del Ayuntamiento de Chinchilla, al aprobar el proyecto sin tener en cuenta que estaba abierta la denuncia de la Confederación del Júcar, que ahora ha culminado con esta sanción del Consejo de Ministros. Dicha denuncia fue archivada por la Fiscalía, como ya había ocurrido con la que se presentó anteriormente por la urbanización de la Losilla, que también obtuvo una sentencia condenatoria en los juzgados. Estos casos nos llevan a plantearnos la actuación de la Fiscalía de Albacete en los temas ambientales y nos reafirman en la necesidad de crear una sección especializada en este tipo de delitos, con personal especializado, para evitar que las resoluciones lleguen cuando el daño ya está hecho, como ha ocurrido en demasiados casos: Urbanización Las Higuericas, en Hellín.

La sanción es fuerte, 525.000 euros, pero la parte más importante es la que se refiere a la obligación de la empresa de restituir el cauce a su estado original, lo cual obligaría a la destrucción de los viales que interfieren en la Rambla del Cañaveral, con la restitución vegetal que la delegación de Agricultura permitió.

También es significativo el papel de Izquierda Unida de esa localidad, con su único concejal aprobando en su día el proyecto, y su actitud después de saber las denuncias en marcha y las quejas de muchos vecinos. Personas como este concejal desprestigian la labor que en casos parecidos ha llevado a cabo la formación política en otros casos en la provincia.

Nos felicitamos, de que la Administración hidraúlica haya funcionado y marque de alguna manera las pautas de lo que puede suceder en lo sucesivo con obras de este tipo, que repetimos son más abundantes de lo que nos imaginamos.

Echamos en falta que después de los numerosos casos de infracciones urbanísticas y pelotazos en esa linea en la provincia de Albacete no haya todavía ninguna intervención judicial por parte de la fiscalía anticorrupción, máxime en Ayuntamientos como Hellín o Chinchilla que son punta de lanza en este tipo de proyectos urbanísticos.

Este caso refleja el incumplimiento por parte de una Administración Pública, como el Ayuntamiento de Chinchilla, de las normas básicas en materia de urbanismo y el hacer caso omiso a los avisos oficiales de la Confederación Hidrográfica del Jucar advirtiéndole de la invasión del dominio público hidraúlico y del riesgo inminente para bienes y personas en caso de llevarse a cabo la obra. Estas advertencias venian realizandose desde el año 2007 hasta fechas recientes, sin que por parte de esta Institución se hiciera nada al respecto y como es lógico tampoco por parte de la constructora.

Si las Administraciones Públicas ignoran la Ley y se comportan como una empresa con mero afan especulativo, ¿quién puede exigir estas obligaciones al común de los ciudadanos?




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