“El Comité de los Estados miembros de la Agencia Europea de Sustancias Químicas (ECHA) acordó por unanimidad el pasado 8 de octubre en Helsinki que 15 sustancias “altamente preocupantes” pasen la autorización que establece el reglamento REACH antes de su comercialización”. Recordemos que REACH es el Reglamento relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals).

La organización sueca ChemSec, en colaboración con otras ONGs de toda Europa, entre las que se encuentra el ISTAS (sindicato de CC.OO), ha publicado una lista de casi 300 sustancias químicas de elevada peligrosidad, la SIN List, que fue presentada el pasado 17 de septiembre en Bruselas y contó con la presencia de más de 70 multinacionales del ramo químico. Las sustancias incluidas en la lista pueden provocar graves efectos en el medio ambiente y en la salud de las personas, entre otros, cáncer o daños en el sistema reproductivo. Además, son bioacumulativas por lo que permanecen en el cuerpo de los seres vivos durante mucho tiempo. De ahí que las ONGs insten a los grandes fabricantes a reemplazar esas sustancias por alternativas menos nocivas.

El objetivo de la SIN List -que se puede consultar en castellano en la página www.sinlist.org- es reclamar de la Agencia Europea de Sustancias Químicas que las 300 sustancias se incluyan en la lista de candidatas en el proceso de autorización del reglamento REACH.

¿Qué consecuencias inmediatas tiene este reglamento consensuado por todos los sectores? Una de sus mejores consecuencias es la reacción inmediata que algunas de las industrias del sector han tenido y que no ha sido otra que la de ponerse “manos a la obra”, como le ha ocurrido al fabricante textil sueco Hennes and Mauritz (H&M) o al consorcio de telefonía sueco-japonés Sony Ericsson o Dell, que ya han comenzado a identificar y sustituir las sustancias tóxicas que utilizan en sus empresas por otras alternativas, situándoles por delante de sus competidores, según afirmaron representantes de estas empresas, quienes explicaron en Bruselas que su estrategia consiste en adelantarse a una normativa que tarde o temprano prohibirá el uso y producción de estas sustancias tan preocupante.

La mayoría de las empresas esperarán a que la normativa entre en vigor, y serán cumplidoras; otras terminarán pagando multas por contaminar, que, como es costumbre, en un principio serán casi simbólicas y al final serán más cuantiosas y por tanto no serán ya rentables para esas empresas poco cumplidoras que apurarán sus tecnologías hasta el máximo de aplicación para llegar a ese punto que exige toda adaptación a los tiempos “transformarse o morir”, pero claro después de haber apurado al máximo el uso de sus tecnologías altamente contaminantes y dejando contaminación mas allá de lo legalmente consentible. Creemos que el régimen de sanciones tendría que ser tal que el que no cumpliera no tendría derecho a seguir contaminando pagando una sanción económica sino que la sanción consistiera en la paralización de la producción, ya que no estamos hablando de otra cosa sino de la salud e integridad de los ciudadanos, un derecho que se antepone a cualquier otro en toda campañas electoral, pero que una vez pasados los períodos electorales caen en “el pozo del olvido”. Los ciudadanos necesitamos de “rabitos de pasas”, los políticos, hacen todo el año como que se los comen.