En comparecencia parlamentaria también muestran consenso las organizaciones conservacionistas en sus criticas y objeciones a la futura Ley del Agua de Andalucía.

La Fundación Nueva Cultura del Agua, Ecologistas en Acción de Andalucía y WWF-Adena, han comparecido ante la Comisión de Medio Ambiente del Parlamento de Andalucía para proponer mejoras y mostrar sus discrepancias en relación a la futura Ley del Agua de Andalucía.

Para los tres colectivos, el agua es un recurso natural indispensable para la vida, además de un factor económico de primera magnitud en Andalucía, por lo que su futuro debe pasar por una gestión sostenible y equilibrada.

Por lo manifestado en el Parlamento por las tres organizaciones conservacionistas, el proyecto de Ley de Aguas presenta carencias, y aspectos susceptibles de mejora. Ha habido una clara coincidencia de los comparecientes en lo siguiente:

- Que la Ley mejore y fortalezca la gestión pública y participativa a través de un nuevo modelo participativo. El texto definitivo debe garantizar la participación efectiva, real y en igualdad de número de los distintos sectores económicos y sociales interesados.. Los órganos de participación han de ser también de gestión. No es válido que existan órganos de participación y que las decisiones se tomen en otras instancias.

- Que se mantenga y refuerce la unidad de cuenca como unidad de gestión. La Ley debe recoger expresamente que se siga manteniendo el principio de unidad de gestión para las Demarcaciones Hidrográficas, un referente para Europa, y que establece en la Directiva Marco de Aguas (DMA).

- En relación a los acuíferos, se pide que se someta a control y permiso de la AAA a todos los pozos, incluso los de consumos menores de 7000 m3/año. El renunciar a este control supone una amnistía para los miles de pozos ilegales que existen en Andalucía. Sin este control será imposible conocer el balance de cada acuífero y por tanto imposible su buena gestión pública.

- Necesidad de creación de un canon de recuperación de costes por el uso del agua también en el sector agrícola (consume el 80% del total) y no solo en usos urbanos. Se hace necesario una recuperación de los costes del agua por todos, sin perjuicio de establecer un derecho fundamental al acceso al agua. Debe terminar de forma absoluta la gratuidad del uso del agua, evitando así su despilfarro.

Los miembros de la Comisión, después de agradecer la intervención de cada una de las asociaciones, han tomado buena cuenta de nuestras propuestas, y aunque supongan claras divergencias con algunos grupos parlamentarios, creemos que aún queda tiempo para que algunas de ellas puedan incorporarse al texto definitivo.