Actuaciones judiciales contra las mafias del urbanismo

La Justicia es lenta pero parece que por fin está actuando con contundencia contra las mafias que han proliferado en El Puerto al amparo de la complicidad de las anteriores corporaciones municipales de IP y PSOE.

Si hace unos días fue el Juzgado nº 1 el que imputó a varios constructores, arquitectos y ex responsables municipales, ahora ha sido el Juzgado nº 3 el que ha actuado contra la trama que construyó y financió de forma ilegal 13 viviendas en un suelo clasificado como Sistema General de Espacios Libres. Este SGEL tiene 107.500 m2, que tenían que haber sido obtenido por el Ayuntamiento en el 1º cuatrienio de aplicación del PGOU vigente, o sea, antes de 1996, para ubicar el nuevo recinto ferial y ampliar el parque urbano colindante.

Como viene siendo habitual, este grupo de viviendas ilegales se construyó con pleno conocimiento de los anteriores responsables municipales, del ex alcalde Hernán Díaz y del ex concejal de urbanismo Juan Carlos Rodríguez. En mayo de 2004, cuando comenzaron las obras, fueron denunciadas por un arquitecto municipal. Rodríguez, como siempre hacía, firmó un Decreto de paralización que nunca se ejecutó. Para colmo de la desfachatez, en mayo de 2005, cuando las casas estaban ya terminadas y cuatro incluso habitadas, el concejal de Urbanismo montó un show y, con amplio despliegue de medios de comunicación, procedió a precintar nueve de las 13 viviendas ilegales (las no habitadas), aunque días después los precintos habían desaparecido y las obras continuaron sin mayores problemas.

Ante esta situación de absoluta complicidad con el urbanismo ilegal, en julio de 2005 Ecologistas en Acción presentó denuncia ante la Consejería Obras Públicas (hoy Vivienda y Ordenación del Territorio), solicitando que: “en ejercicio de las competencias de esa Consejería, se proceda a iniciar las acciones legales pertinentes”. Pues parece que la Consejería no tiene competencias urbanísticas porque no hicieron absolutamente nada, a pesar de que estas viviendas estaban construidas en suelo no urbanizable, sin licencia municipal y en terrenos destinados a parque público y nuevo recinto ferial.

El 3 de octubre de 2006 Ecologistas en Acción presentó un amplísimo informe a la Fiscalía provincia sobre las ilegalidades urbanísticas que se venían cometiendo en El Puerto. La Fiscalía inició una investigación que culminó en enero de 2007 con la remisión de dichas “diligencias, con carácter de denuncia, al Juzgado de Instrucción Decano de El Puerto de Santa María..., evidenciándose hechos de significación penal”. Entre los hechos que la Fiscalía entendía que podían entrañar responsabilidades penales estaba la urbanización ilegal de Los Desmontados. El Juzgado nº 3, cuyo titular es D. Miguel Ángel López Marchena, inició la instrucción del caso que ha culminado con el desmantelamiento de la organización que había urdido todo este entramado de edificación e intento de legalización de estas viviendas, y con la detención de 3 personas y la imputación de otras 25 más.

A todas ellas se les acusa de los delitos contra la ordenación del territorio, falsedad documental, estafa, desobediencia, defraudación de fluido eléctrico, asociación ilícita y alzamiento de bienes; todo ello por la construcción y venta fraudulenta de viviendas ilegales, así como por la constitución de prestamos hipotecarios sobre estas viviendas con tasaciones fraudulentas. Todo un repertorio que demuestra hasta qué punto se han afianzado las prácticas mafiosas en nuestra ciudad.

Ecologistas en Acción entiende que es la hora de afrontar responsabilidades políticas por este inmenso caos urbanístico y el entramado mafioso que nos han legado IP y PSOE. Hay que recordar, que además de los reiteradamente imputados Hernán y Rodríguez, en esos años Silvia Gómez e Ignacio García de Quirós eran miembros de Equipo de Gobierno del Ayuntamiento. Ignacio García de Quirós era el Concejal de Medio Ambiente y no hizo nada, a pesar de nuestros requerimientos en el Consejo Municipal de Medio Ambiente, ante las urbanizaciones ilegales que estaban proliferando en SGEL, como el Pinar de Coig, Las Beatillas y Los Desmontados. Estos políticos, que fomentaron el urbanismo ilegal y permitieron que se incubara este clima de corrupción, están inhabilitados para desarrollar función pública de ningún tipo.

Ecologistas en Acción va a proponer en sus alegaciones al PGOU que no se legalice ni una vivienda que se haya “regularizado” de forma fraudulenta, falsificando la clasificación del suelo o la antigüedad de las mismas, o que estén incursas en procedimientos penales.

Ecologistas en Acción se personará como acusación popular en este caso para exigir responsabilidades penales no solo a los que construyeron o compraron estas viviendas ilegales, sino también a los políticos que, por acción u omisión, permitieron este nuevo despropósito urbanístico.




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