GENA-Ecologistas en Acción ha presentado denuncia, ante la Fiscalía de Medio Ambiente de la Audiencia Provincial de Málaga, de un proceso de parcelación con posterior edificación de viviendas unifamiliares en suelo rústico no urbanizable del municipio de Cómpeta.

En efecto, en el pago de La Rávita del municipio de Cómpeta, en una serie de parcelas colindantes con el municipio de Torrox, se viene produciendo un proceso urbanizador sistemático en suelo no urbanizable. Como prueba de esta afirmación, se aporta fotografía aérea del año 2006, en la que se puede observar que hay una serie de parcelas aparentemente preparadas para construir en ellas viviendas unifamiliares, de las que únicamente habían 3 viviendas ya construidas. Si comparamos esta imagen con la fotografía área del año 2009, se puede advertir que se han construido 7 viviendas más en las parcelas preparadas, existiendo además 2 viviendas en construcción y quedan 3 parcelas únicamente con la explanación. Todas estas viviendas están en suelo no urbanizable y ninguna está vinculada a actividad agrícola alguna que justifique la necesidad de estas residencias.

Se puede comprobar, a partir de una imagen del Catastro Virtual, disponible en internet, que estas últimas viviendas ya figuran registradas en dicho documento. Pero debe percibirse en esto una preocupante irregularidad, puesto que si nos fijamos en la numeración del parcelario anterior, ahora hay una nueva numeración para 13 parcelas nuevas que al parecer han aparecido como consecuencia de una subparcelación, gran parte de las cuales son propiedad de inmobiliarias, tal como figura en el Catastro Virtual. Este hecho nos conduce a entender que las Oficinas del Catastro registra las viviendas con independencia de que las parcelas aportadas sean producto de una parcelación ilegal y de que tales viviendas sean o no legales, aspecto éste que preocupa a esta asociación, porque el infractor puede entender, a partir de este documento, que su vivienda ya es totalmente legal.

GENA-Ecologistas en Acción recuerda que este tipo de situaciones no son infrecuentes en el municipio de Cómpeta, así como en otros municipios de la Axarquía. En estos casos, es evidente que no se trata de una iniciativa individual de un propietario-autopromotor, como sucede en otros puntos de la comarca, sino que se realiza mediante un plan sistemático de urbanización, posiblemente promovido por alguna inmobiliaria, que en la mayoría de los casos empieza por la compra, por parte de la inmobiliaria de una serie de parcelas colindantes en una zona (generalmente lomas), a continuación de lo cual procede a realizar un sistema de explanaciones por parcela, comunicadas mediante una serie de carriles abiertos para este fin, y finalmente la venta de parcelas, tras lo cual se procede a la construcción de las correspondientes viviendas conforme se van vendiendo. De este modo, la imagen del año 2006 muestra el plan, en el que ya habían 3 viviendas construidas, y el proceso siguió hasta hoy, con 7 viviendas más, más 2 en construcción, quedando aún 3 parcelas por vender.

Este tipo de operaciones inmobiliarias, además de realizarse en suelo rústico no urbanizable según la normativa vigente en el municipio, constituyen una urbanización encubierta, con todas las ventajas (revalorización del suelo) y ninguno de los incovenientes (dotaciones, urbanización, etc.) de una urbanización según un plan parcial. Además, al no ser una urbanización reglada, no controla ninguna de las exigencias previstas para cualquier urbanización en cuestiones infraestructurales y de control del impacto ambiental (ej.saneamiento, recogida de basuras).

Por todo ello, esta asociación, encontrando indicios de delito penal, ha interpuesto denuncia ante la Fiscalía de Medio Ambiente contra esta operación urbanística que implica a un total de 15 parcelas, rogando que sea investigada la operación de parcelación efectuada y el papel que juegan las Oficinas del Catastro en el registro de estas irregularidades. Finalmente ruega sean depuradas las responsabilidades penales que hubiere tanto en los infractores como en las autoridades administrativas en relación a estas construcciones y parcelaciones.