Las enormes inversiones que se han venido dedicando a la alta velocidad ferroviaria sólo cabe calificarlas de un dispendio de dimensión descomunal para conseguir algo que se podría haber alcanzado, con muchísimo menos impacto ambiental, más utilidad social y en mucho menos tiempo, con una fracción de los fondos empleados.

Un ejemplo de la magnitud de las inversiones que se vienen acometiendo es el coste actual de la línea entre Madrid y la frontera francesa: 9.119 millones de euros, nada menos que 1,52 billones de pesetas, un 38% más de lo previsto inicialmente. Se trata de la obra civil más cara acometida en toda la historia del Estado español. A mitad de 2004, sólo están en uso los 481 kilómetros que unen Madrid-Zaragoza-Lleida, sobre un trazado final de 855 kilómetros.

Los ecologistas siempre hemos defendido la mayor parte de las propuestas que se incluían en el Plan de Transporte Ferroviario de 1987, no derogado, pero que ni el PSOE en su día, ni el PP después, pusieron en práctica. En pocas palabras, lo que se proponía en este plan era invertir una cantidad de 2,1 billones de pesetas (de 1987) entre 1987 y 2000 para mejorar la totalidad de la red ferroviaria –más de 13.000 km– y permitir velocidades de 160-200 km/h en la mayor parte de los tramos.

Es decir, de haberse desarrollado este plan, hace cuatro años que estaríamos disfrutando en toda la red ferroviaria de lo que hasta ahora se ha conseguido, con un coste desorbitado, en los trayectos Madrid-Sevilla (velocidad media 209 km/h) y Madrid-Lleida (velocidad máxima 200 km/h), sólo que sin los enormes impactos ambientales que han supuesto estas obras, con menos gasto energético, con muchas más estaciones que darían servicio a más población –además de que seguirían ubicadas en el centro de las ciudades y no a kilómetros de ellas–, con un menor coste en los billetes, y por último, aunque no menos importante, sin asistir al deterioro tan brutal que ha sufrido la red ferroviaria convencional.

Es necesario que el nuevo Gobierno abandone la nefasta política ferroviaria del PP –algo de lo que existen dudas sobre si ocurrirá– y que las inversiones en infraestructura ferroviaria se lleven a cabo teniendo en cuenta su rentabilidad social, no las cuentas de beneficios de las grandes empresas constructoras. El camino más adecuado para esto es volver a los criterios del Plan de Transporte Ferroviario de 1987 y plantearse una sustancial mejora de la red en su conjunto, abandonando las caras y elitistas líneas AVE.

Paco Segura. El Ecologista nº 41