En los últimos años, sobre todo desde la cumbre de Río de Janeiro, se han producido una serie de acontecimientos políticos y sociales que han propiciado cambios importantes en la concepción tradicional de los ecosistemas forestales y sus funciones. Actualmente es aceptado que los montes no son sólo poblaciones de especies forestales que periódicamente proporcionan beneficios en productos tangibles o cuantificables, sino que también resultan fundamentales para el mantenimiento de procesos ecológicos esenciales, albergan una parte muy importante de la diversidad biológica del planeta y son una fuente inapreciable de valores culturales, recreativos y paisajísticos. Sin embargo, esta concepción del monte, teóricamente aceptada por la mayor parte de los responsables políticos y sectores implicados, se transforma en algo tremendamente difícil de aplicar a la hora de planificar y gestionar los espacios forestales.

La situación geográfica de España en el extremo suroccidental de Europa, entre la cuenca mediterránea y la fachada atlántica, y el carácter montañoso del país (57% del territorio por encima de los 600 m de altitud), confieren a los montes españoles una extraordinaria riqueza y diversidad biológica. De esta forma, conviven en un territorio relativamente pequeño montes arbolados, formaciones arbustivas y de matorral, herbazales y vegetación subdesértica.

Esta complejidad forestal, unida a la necesidad de cumplir con los compromisos adquiridos en foros comunitarios e internacionales, ha dado como resultado una transformación considerable en el sector forestal español. Sin embargo, esta transformación, en ocasiones, ha sido más importante en el plano teórico que en el práctico. Aunque algunas Comunidades Autónomas (CC AA) han asumido una gestión integral del territorio, integrando la política forestal dentro de la gestión del medio natural, en otras sólo ha servido para canalizar fondos europeos.

Una profusa normativa

Los montes españoles han experimentado importantes transformaciones socioeconómicas, paisajísticas y políticas a lo largo del siglo XX. Estos cambios se han acelerado además durante las últimas dos décadas, tras la transferencia de competencias en materia forestal a las CC AA, concretándose en la definición y puesta en práctica de un modelo de gestión forestal (que debería ser) sostenible, de acuerdo con lo establecido en los foros internacionales derivados de la Cumbre de Río de 1992. Conforme a los acuerdos adoptados, los Estados miembros de dichos foros internacionales se comprometen a desarrollar Programas Forestales Nacionales que permitan aplicar y desarrollar los principios de la sostenibilidad, la multifuncionalidad y la biodiversidad a escala nacional.

En España, el Programa Forestal Nacional se inició en 1996, mediante el proceso político de elaboración de la Estrategia Forestal Española, que fue aprobada por la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente el 17 de marzo de 1999. Pero, en realidad, la reforma de la política forestal se había iniciado anteriormente a escala regional, a través de algunos Planes Forestales Autonómicos, parte de cuya experiencia fue posteriormente integrada en la Estrategia Forestal Española. El primer documento autonómico fue el Plan Forestal Andaluz, aprobado en 1989.

Por otra parte, la legislación forestal básica vigente en el momento en que se iniciaron los procesos políticos a escala autonómica (la Ley de Montes de 1957 y su Reglamento de 1962) seguía siendo preconstitucional y notoriamente inadaptada a los nuevos requerimientos sociales y políticos. Por eso, y como reacción frente a la falta de renovación de la legislación estatal, algunas CC AA elaboraron, en el ejercicio de sus competencias, su propia legislación forestal.

Por su parte, la Administración Central incluyó la elaboración de la Ley Básica de Montes entre los objetivos del Plan Forestal Español (aprobado en julio de 2002), y en noviembre de 2003 se publicó el nuevo texto de la Ley de Montes que regula y desarrolla algunos aspectos del Plan Forestal Español.

Como resultado de estos acontecimientos tenemos una Estrategia Forestal Nacional, un Plan Forestal Nacional, una Ley Básica de Montes –con varios recursos interpuestos por CC AA–, quince textos autonómicos, la mayoría de ellos aprobados, correspondientes a Estrategias, Planes Forestales y Libros Blancos, además de varias leyes forestales.

Esta profusión de documentos ha servido, en el plano teórico, para modernizar la planificación del espacio forestal y redefinir los objetivos de la gestión forestal hacia modelos más sostenibles. Sin embargo, al mismo tiempo mantiene la política forestal en un estado de confusión permanente.

En cualquier caso, la situación es muy dispar entre las diferentes CC AA, tanto en desarrollo de competencias, como en principios inspiradores y contenido de sus Planes Forestales Autonómicos. En términos generales, es posible reconocer diferencias de planteamiento entre los planes forestales de las regiones atlánticas, donde domina el enfoque productivista y el principio de asignación de recursos a funciones, y los planes forestales de las regiones mediterráneas, donde se prioriza la protección y puesta en valor de los montes.


Problemas de nuestros montes
- Las masas forestales españolas se caracterizan en las zonas de influencia atlántica por una explotación intensiva y no naturalizada de eucalipto y pino radiata, frente a una infrautilización y abandono de los montes en el área mediterránea.
- La gestión de la mayor parte de nuestros montes carece de una planificación adecuada y actualizada periódicamente, siendo éste uno de los pilares básicos de una gestión sostenible. Apenas un 5% de los espacios forestales (mayoritariamente los de titularidad pública) cuenta con algún tipo de planificación.
- Existe una gran carencia de instrumentos políticos y técnicos que fomenten la diversificación ordenada e integrada de los aprovechamientos múltiples del monte. En especial, valores indispensables como la biodiversidad o el paisaje no se contemplan en las prácticas selvícolas ni dentro de la planificación territorial.
- La restauración forestal, en general, no sigue una planificación con criterios ecológicos. Así las forestaciones de tierras agrarias, ajenas a cualquier estrategia forestal, han generado en muchas ocasiones graves impactos ambientales, a menudo con un escaso beneficio para las poblaciones rurales.
- Existe un importante vacío de directrices de gestión de los montes incluidos en la Red Natura 2000, a pesar de que el 75% de los terrenos de esta Red son forestales.
- En relación con los incendios forestales, se observa un escaso estudio de las causas que originan estos siniestros, a pesar de que su conocimiento es imprescindible para establecer adecuadas medidas de prevención.

Mª Ángeles Nieto. El Ecologista nº 41