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Demanda Central Térmica de la Robla

Ecologistas en Acción de Castilla y León ha presentado el mismo día las demandas contra la desestimación por silencio administrativo de los recursos interpuestos a las autorizaciones ambientales que fueron otorgadas por la Junta de Castilla y León a las tres centrales térmicas de la provincia de León (antes se presentó demanda contra la autorización de la central palentina de Velilla del Rio Carrión).

La federación Castellano y Leonesa de Ecologistas en Acción considera que las autorizaciones concedidas -en noviembre de 2008 a las centrales de Anllares y La Robla, y en marzo de 2009, a la central de Compostilla- , son nulas de pleno derecho, ya que permiten la emisión de contaminantes tóxicos como el dióxido de azufre (SO2), los óxidos de nitrógeno (NOx) y las partículas muy por encima de los límites legalmente establecidos.

De esta manera, la Junta de Castilla y León sacrifica el derecho constitucional a la salud al interés económico de grandes empresas como Endesa y Unión Fenosa, que tienen capacidad económica sobrada para hacerse cargo del coste de las instalaciones necesarias para reducir las emisiones de contaminantes tóxicos a los valores más bajos, asociados a las mejores técnicas disponibles.

Lejos de esto, se ha permitido a las empresas eléctricas superar hasta en 8 veces los límites legales de emisión establecidos para las centrales térmicas citadas por el Plan Nacional de Reducción de Emisiones de las Grandes Instalaciones de Combustión existentes, y hasta en 150 veces los valores de emisión asociados a las mejores técnicas disponibles publicadas por la Comisión Europea.

En particular, es inadmisible el trato de favor que se da al Grupo 1 de la central térmica de La Robla y al Grupo 2 de la de Compostilla, cuyos límites autorizados de SO2 (respectivamente 2.000 y 2.300 miligramos por metro cúbico, mg/m3) multiplican por 5 (y casi 5,8) el límite legal de 400 mg/m3, cuando año tras año se vienen superando en su entorno los valores límite de este contaminante para proteger la salud. En la Robla, donde se ha llegado en alguna ocasión a sobrepasar el umbral de alerta, se ha citado como agravante el hecho de que la autorización concedida hace caso omiso a las recomendaciones del Plan de Mejora de la Calidad del Aire –planificación preceptiva que aún no existe en el Bierzo-

Las concentraciones medias anuales de SO2 en el entorno de las 3 centrales térmicas rebasan además el límite legal para la protección de la vegetación, afectando a espacios naturales protegidos como las Hoces de Vegacervera y los sitios Red Natura 2000 Alto Sil, y Sierra de Ancares, entre otros.

A pesar de que la situación haya mejorado coyunturalmente en 2008 y 2009, dada la notable reducción de la producción termoeléctrica por la caída del consumo y el aumento de la producción eólica, hidráulica, y solar; han seguido rebasándose las recomendaciones de la OMS, pudiendo repuntar las emisiones y niveles de contaminación si vuelve a crecer el consumo eléctrico.

Por si esto fuera poco, en las autorizaciones ambientales de Anllares y La Robla se reduce el número de estaciones de control de la contaminación existentes, que vienen funcionando desde los años 80, lo que empeorará el conocimiento de los efectos de la contaminación atmosférica emitida por estas centrales.

En resumen puede decirse que las autorizaciones ambientales, no han tenido en cuenta el deterioro del medio ambiente ni la incidencia de las emisiones en la salud humana que producen, de forma efectiva y no sólo potencial, las emisiones de las centrales térmicas de nuestra provincia.

Por todo ello, Ecologistas en Acción ha solicitado al TSJ que declare nulas, anulables o contrarias a derecho las autorizaciones ambientales concedidas a las empresas Endesa y Unión Fenosa para la explotación de las centrales térmicas de Compostilla, Anllares y La Robla.