Contra el cierre de caminos públicos en el Valle de Alcudia

El 5 de junio, se conmemora el Día Mundial del Medio Ambiente, jornada que debería servir para reflexionar en torno a las actividades humanas que están, cada día más, degradando nuestra Tierra.

Fuera de actividades más o menos festivas, que quedan fuera de lugar en un asunto tan serio, la realidad es que en cuestiones de Medio Ambiente hay muy poco que celebrar, más bien lo contrario.

Por poner un ejemplo cercano podemos hablar del cierre de caminos públicos. Éste es un problema no solo ambiental sino también social, que cada día aumenta en número y gravedad. Cada día que pasa se cierran nuevos caminos públicos; cierre ejecutado por propietarios que son auténticos forajidos, y cierres que son consentidos por gobiernos municipales absolutamente inútiles, cuando no cómplices, en la defensa de su patrimonio público.

El cierre de caminos públicos es un problema que se está dando en numerosas provincias españolas, aunque probablemente en mayor cuantía en la de Ciudad Real. Como dato cercano, en la comarca del Valle de Alcudia-Sierra Madrona –incluyendo Puertollano y Argamasilla de Calatrava- se puede asegurar sin temor a equivocarse que en todos sus municipios existen caminos públicos cortados; caminos cortados ilegítimamente, por supuesto.

En muchos casos son propietarios particulares, no sólo ricos terratenientes, los que cierran el camino. Sin embargo también las administraciones públicas, como el Gobierno Regional y ayuntamientos, cierran caminos al tránsito de sus ciudadanos.

En muchas ocasiones, el motivo para cerrar los caminos públicos es el de impedir el paso para dar prioridad absoluta a la gestión cinegética industrial de las fincas. En otros casos se trata, simplemente, de no dejar que nadie atraviese la finca del “señorito” que, erróneamente, cree que el camino pasa por “su finca”, cuando en realidad el propietario no tiene ningún derecho sobre el camino.

Hay que recordar, una vez más, que los caminos públicos son bienes de dominio público y, por tanto, son inalienables, inembargables e imprescriptibles. El hecho de que algunos, o muchos, ayuntamientos carezcan de un inventario de caminos no exonera a la institución de su obligación de proteger y mantener abierta esta extensa red viaria.

Desde Ecologistas en Acción del Valle de Alcudia instamos a los Administradores Públicos a que cumplan con su OBLIGACIÓN y mantengan abiertos los caminos públicos de su municipio. Pero… ¿cuáles?, preguntarán algunos; la respuesta es sencilla: al menos los caminos que figuran en la cartografía del Instituto Geográfico y Catastral de la década de 1950, en la que se reflejan fielmente los caminos que había abiertos en esa década.

Los alcaldes, concejales, secretarios y demás, no pueden, no deben hacer dejación de su responsabilidad. Tienen la obligación legal, moral y democrática de mantener abiertos –y hábiles- sus caminos públicos. También el Gobierno Regional debería colaborar en esta ingente tarea, visto los escasos medios y el escaso interés de los titulares legales de los caminos (ayuntamientos).

El problema es ya tan grande que, hace tres años, se ha creado una “Plataforma Ibérica por los Caminos Públicos” que trata de que éste patrimonio público lo siga siendo para siempre, y los ciudadanos puedan libremente transitar por ellos.




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