El pasado 26 de Mayo pude asistir a una pantomima en una sesión de la Junta Rectora del Parque Natural Sierra de Grazalema. Los responsables de la Consejería de Medio Ambiente presentaron un informe jurídico de la Junta que aseguraron era contrario a una propuesta de Ecologistas en Acción, aunque resultó que el informe no era de la propuesta que se presentaba a esta junta rectora, sino de ¡una de hace cuatro años, ya desestimada! Ante esta farsa, algunos asistentes se negaron a participar en la votación. La propuesta de los ecologistas pretende conocer la situación urbanística de los pueblos del parque.

El Defensor del Pueblo dictó una Resolución que determinaba la plena competencia de la Junta Rectora para elaborar un informe urbanístico de los pueblos del parque y que debía abordar la propuesta de Ecologistas en Acción, ya que según lo dispuesto en Decreto 239/1997 que regula la composición y funciones de las Juntas Rectoras, éstos órganos de participación tendrán «funciones de control, vigilancia y participación ciudadana y, asimismo, velará por el cumplimiento de la normativa reguladora del parque natural,…;propondrá normas para una más eficaz defensa de sus valores ecológicos; promoverá el desarrollo sostenible,…».

Ante las intervenciones de los ecologistas en la que señalaban la imposibilidad de votar una propuesta que no era la que se presentaba a la junta rectora, la Delegada Provincial de Medio Ambiente, Silvia López, manifestó con toda la cara del mundo, que como era semejante a la anterior la votación servía para ambas. La delegada sabía que “los suyos” (para eso venían) la apoyarían, aunque lo que decía careciera de sentido común y fuera contrario a la normativa administrativa.

En la sesión de esta junta rectora se impidió que los asistentes tuvieran con 48 horas de antelación la propuesta a debatir y votar, lo que va en contra de la Ley de Procedimiento Administrativo. El informe jurídico, que no era sobre la propuesta a debatir, resultó que se redactó ¡dos horas antes de la Junta Rectora!, lo que también va en contra de la misma normativa. Se impidió que la Junta Rectora creara una comisión para debatir sobre el tema, lo que asimismo va en contra de un acuerdo de la misma junta rectora y de las recomendaciones del Defensor del Pueblo Andaluz.

Todos los delegados y delegadas de la Junta de Andalucía (cosa poco usual) asistieron a la reunión, apoyando al Presidente de la Junta Rectora y a la Delegada de Medio Ambiente, Silvia López, sin conocer la propuesta de Ecologistas en Acción. El Presidente impidió de nuevo la creación de una comisión para la realización de un informe urbanístico sobre los pueblos del parque.

El informe jurídico presentado por la Delegada de Medio Ambiente de forma irregular se opone a una comisión de investigación de carácter policial y sancionador, lo que nada tiene que ver con la propuesta que se debió tratar en este pleno de la Junta Rectora. Los objetivos de la propuesta de los ecologistas son: evaluar, conocer e informarse de la situación urbanística de los pueblos del parque y posteriormente hacer unas recomendaciones para que mejore la situación urbanística y ambiental, sin interferir en las competencias legales de las diferentes administraciones. En ningún momento se obliga a las distintas administraciones a presentar sus informes urbanísticos, sólo se pide la colaboración voluntaria de las mismas.

Los ecologistas se marcharon todos juntos en un solo coche, pagando todos los gastos de sus bolsillos. Los delegados y delegadas de la Junta se subieron en su coche oficial, con su chófer correspondiente y con gastos de desplazamiento y dietas a cuenta de los andaluces, entre los que nos encontramos usted y yo.

Por Luciano Lozano Muñiz