Según se generalizaron en nuestro país las medidas de protección en las últimas décadas (muladares, espacios naturales protegidos, etc.) las poblaciones de aves carroñeras aumentaron notablemente. En la actualidad, hay varias amenazas sobre las cuatro especies de buitres ibéricas, aunque la principal es la falta de reses muertas en el campo por causa de la legislación que se aplicó tras la crisis de las ‘vacas locas'.

Álvaro Camiña y Chantal López [1]. El Ecologista nº 60

En España viven cuatro especies de buitres, el quebrantahuesos (Gypaetus barbatus), alimoche (Neophron percnopterus) y los buitres negro (Aegypius monachus) y leonado (Gyps fulvus). La evolución reciente de sus poblaciones debe considerarse con matizaciones, no fijándonos simplemente en los números totales, aunque en términos generales todas han aumentado.

En los años 70, con los inicios de la conservación en nuestro país, se abrieron los primeros muladares como estrategia de conservación ante el supuesto descenso de todas las especies de buitres. Hasta poco tiempo antes, las aves de presa eran perseguidas, cazadas y su captura recompensada por la Junta de Extinción de Alimañas. En 1979 la Sociedad Española de Ornitología llevó a cabo el primer censo nacional de buitre leonado con la ayuda de numerosos voluntarios. Tan sólo en dos lugares de la geografía, Navarra y el Refugio de Rapaces de Montejo de la Vega en Segovia, se hablaba de que los buitres aumentaban. Para el quebrantahuesos y el buitre negro los censos los hacían gente experta, mientras se desconocía prácticamente todo del alimoche. Existía un acuerdo general en que el despoblamiento rural de finales de los 60, como consecuencia de la emigración a las ciudades en busca de mejores oportunidades profesionales y la mecanización del campo, había causado un declive de la cabaña ganadera poniendo a las aves carroñeras contra las cuerdas.

Visto ahora desde la lejanía, posiblemente la persecución directa comentada junto al uso de venenos y las molestias de las colonias de cría, eran una amenaza más importante que la de la disponibilidad de alimento. Al tratarse de aves de gran tamaño, la percepción por el público de a pie de cualquier medida de conservación fue ampliamente considerada y, dada la biología de los buitres, la reacción de sus poblaciones fue inmediata y positiva. Poco a poco se consiguió la protección de las colonias y cortados de cría en el caso de quebrantahuesos, alimoche y buitre leonado y de las dehesas en el buitre negro; se crearon las ZEPA, se declararon parques naturales…

Con esta situación, los buitres prosiguieron su recuperación bajo una percepción muy positiva por parte del ganadero, pues le ayudaban a eliminar rápidamente los cadáveres del campo, reduciendo el riesgo de transmisión de enfermedades. Dos de los principales factores que regulan las poblaciones de aves de presa, las disponibilidades de lugares donde criar y de alimento, no suponían ningún límite a su crecimiento. Existían lugares donde emplazar nuevos nidos y la cantidad de animales muertos que se generaba en todo el territorio excedía por mucho sus necesidades alimenticias (en 1999 se estimó que los buitres leonados de toda España precisaban para alimentarse apenas el 23% de los cadáveres que se generaban en todo el país). Pero la situación cambia en noviembre de 2000, la crisis de las vacas locas se traslada a la Europa continental, y se pasa en apenas dos años de todo a nada.

A partir de ese instante surgen las nuevas amenazas del siglo XXI para las aves carroñeras. Estas nuevas amenazas pueden agruparse bajo cuatro conceptos: la falta de comida como consecuencia de la implantación de la retirada de cadáveres, el uso indiscriminado de veneno, el impacto de nuevas infraestructuras, en especial los parques eólicos, y la falta de organización tanto de las administraciones públicas como de las propias organizaciones conservacionistas. Todas interactúan entre sí poniendo de manifiesto el desfase existente entre las medidas políticas y la biología de la conservación. Daremos un breve repaso a todas ellas.

La retirada de cadáveres y la falta de alimento

Con la implantación del Reglamento 1774/2002 de la Comisión Europea, se obligó a la retirada de todos los cadáveres de animales procedentes de las explotaciones ganaderas. Hasta entonces, la Ley de Epizootias de 1954 era incumplida de manera reiterada, abandonándose los animales muertos en los muladares tradicionales o en pleno campo. Entonces los buitres daban cuenta de ellos rápidamente. De las cuatro especies de buitres la más afectada por esta medida ha sido el buitre leonado, dado que se alimenta de cadáveres de ganado de tamaño mediano y grande, y al mismo tiempo cuenta con la población más numerosa en nuestro país. Además, la fauna salvaje (ciervo, corzo y jabalí) no es suficiente por sí sola para cubrir sus necesidades alimenticias.

Desde 1999, y a pesar de que el IV censo nacional llevado a cabo por SEO-BirdLife mostró un aumento importante, lo cierto es que las poblaciones de La Rioja, País Vasco, parte de Soria o la Comunidad Valenciana muestran tendencias a la baja que deben ser objeto de análisis detallado. La falta de carroña se ha traducido en descensos de la productividad y del número de parejas reproductoras. Este descenso no ha sido similar en el resto de especies ya que no se alimentan casi en exclusiva de ganado doméstico. El quebrantahuesos depende en ciertas zonas de las poblaciones de sarrio y, en el caso del buitre negro, del conejo. Y no hay que olvidar que no sólo los buitres son carroñeros; habría que incluir a los milanos y algunas águilas e incluso a grandes mamíferos como el oso y el lobo.

El peligro de la falta de carroña ya fue advertido por diversas ONG al Gobierno central en 2001. Fruto de esta presión fue la publicación de un Real Decreto 1098/2002, que establecía los requisitos para abrir y gestionar muladares. Poco después, la Comisión Europea arbitró una serie de medidas (Decisión 322/2003) que permitieron a países como España, Francia o Portugal (y a todos aquellos de la Unión Europea que contaran con buitres) a utilizar determinados restos animales para alimentarlos en muladares establecidos al efecto.

Sin embargo, las condiciones sanitarias impuestas hacían totalmente inviables estos muladares. Había que someter a los animales que se iban a depositar a una serie de análisis que demostraran que no poseían una encefalopatía transmisible. Dado que los resultados tardaban 24-48 horas era inviable mantener un cadáver durante tanto tiempo antes de echarlo en un muladar. Así surgió tres años después una modificación de esta Decisión (830/2005) que desembocó en un nuevo cambio del Real Decreto nacional de muladares (664/2007) y que no fue adoptado de manera unánime por las Comunidades Autónomas. Éstas por su parte, más tarde o más temprano, habían comenzado también a legislar la cuestión mediante sus propios decretos u órdenes: La Rioja y Valencia en 2001, Andalucía y Aragón en 2005, Castilla-La Mancha en 2006, Valencia en 2008 de nuevo adaptándolo a la nueva normativa nacional. Existe así una legislación europea, una nacional y una para cada comunidad autónoma, demasiado papel para un asunto de fácil solución biológicamente hablando.

Por otro lado, la obligatoriedad en la retirada de cadáveres de las reses impulsó el desarrollo de un nuevo negocio, el de la destrucción de los animales muertos. Las Comunidades Autónomas establecieron sistemas diferentes, siendo uno de los más comunes la creación de empresas públicas, dependientes de las Consejerías de Agricultura, que pueden llegar a facturar anualmente hasta 5 millones de euros sólo por ese concepto. Los animales muertos se trasladan a plantas de incineración donde son destruidos.

Pero si la falta de alimento como consecuencia de la retirada de cadáveres es un hecho a corto plazo y cuyo efecto se ha notado, no menos importantes son las tendencias a largo plazo. El sector ganadero se encuentra en una situación comprometida: el incremento de los costes de producción, el precio de los cereales o la falta de relevo generacional plantean muchas incógnitas, no sólo para los buitres sino incluso para el mantenimiento de los ecosistemas naturales.

Venenos

Como consecuencia de la falta de carroña se han multiplicado los supuestos ataques de buitres al ganado. Estos hechos, carentes de un análisis detallado pero convenientemente aireados por periodistas desinformados, han proliferado en los medios de comunicación. Han sido pocos casos pero han causado mucho revuelo mediático. Es cierto que los buitres comienzan a alimentarse a veces de animales debilitados en el parto o enfermos, pero existen muchas causas en estos casos que deben considerarse. El primer caso en España se describió en 1989, por lo que no es algo nuevo que surja ahora como consecuencia de la falta de carroñas, aunque la retirada de cadáveres ha acentuado el problema.

Debido a los supuestos ataques y al control de predadores en cotos de caza ha resurgido en los últimos años el tema del veneno. La muerte de 42 buitres leonados y 18 más recuperados junto a un alimoche el 15 de marzo de 2007 en Santa Cruz de la Salceda (Burgos), o más recientemente 10 buitres leonados en Teruel la Nochebuena de 2008, por no dejarnos los quebrantahuesos del proyecto de reintroducción de la Junta de Andalucía en la Sierra de Cazorla durante 2008, son buenos ejemplos. Es por tanto necesario el mantenimiento del programa Antídoto a escala nacional y que los jueces muestren una determinación clara en perseguir este tipo de delitos.

Los aerogeneradores

En los últimos años España se ha situado a la cabeza en el desarrollo de las energías renovables, siendo un referente mundial (casi quinientos parques eólicos en funcionamiento en 2008). Sin embargo, la implantación de las denominadas energías limpias no se ha visto analizada convenientemente desde el punto de vista de sus impactos ambientales, especialmente sobre las aves. Los aerogeneradores provocan la muerte por colisión de diversas especies con las aspas en movimiento. El más afectado en España es sin duda el buitre leonado. Aproximadamente el 75% de las muertes de aves por colisión contra los molinos corresponden a esta especie.

No existen datos totales para todo el territorio pero en un estudio llevado a cabo en La Rioja, Soria, Aragón, parte de Guadalajara y la Comunidad Valenciana se contabilizaron entre 2000 y 2008 un mínimo de 1.400 buitres muertos; sólo para Navarra existen indicios de que la mortalidad anual en toda la Comunidad Foral es de 800 buitres/año. Con esta experiencia previa, no menos peligroso puede ser la implantación de aerogeneradores en regiones como Extremadura para el buitre negro, donde aún no se ha instalado parque alguno. En general, es más que notable la falta de exigencia por las administraciones públicas de estudios serios y comprometidos con la conservación.

Los responsables de la conservación

Por último, debemos ser críticos con el entorno de quienes se dedican a la conservación o deben velar por ella. Las transferencias del Estado central a las autonomías supusieron un gran avance para España; sin embargo tropiezan ahora con la falta de una estrategia de conservación nacional clara para estas especies, que se desplazan grandes distancias en apenas unas horas y que atraviesan muchas comunidades autónomas, e incluso países, en poco tiempo. En muchas administraciones hay un sentimiento general de que existen demasiados buitres –en el caso del leonado– y que son un problema, que sus poblaciones deben regularse… mal concepto de partida para su preservación.

Por si fuera poco, a la hora de diseñar y abrir muladares es muy difícil implicar a las administraciones de las que dependen los animales muertos (Agricultura y Ganadería) con las encargadas de conservar los buitres (Medio Ambiente). Además, en estas decisiones incide también la administración sanitaria. Ningún cargo político quiere asumir el riesgo, por mínimo o inexistente que sea, de que apareciera una animal infectado en un muladar o que una persona desarrollara alguna enfermedad por este motivo. Se crea así un triángulo de intereses difícil de resolver, pero en el cual el Medio Ambiente parece ser el último eslabón.

Y lo peor de todo es que este mismo sentimiento de que “todo va bien” para los buitres, es el que manifiestan las ONG conservacionistas, amparadas en catálogos de protección europeos, nacionales o autonómicos. Entre ellas mismas hay desacuerdos y falta de trabajo común. No existe un liderazgo que marque una ruta de trabajo sino que cada una de ellas sigue estrategias por su lado sin el consenso previo de todas las demás, mirando más hacia el propio ombligo que hacia el interés general de las especies a conservar.

España es el reducto europeo –y posiblemente Paleártico– de los buitres. Ningún país cuenta con unas poblaciones tan numerosas y con un estado de conservación tan favorable. Los buitres están de moda, pero los peligros que los acechan son reales. No hace falta más que ver lo ocurrido con el colapso en el sur de Asia, donde el uso de un fármaco para el ganado ha acabado con la práctica totalidad de las poblaciones de buitres de la India y Pakistán.

Protejamos a estas especies, conservemos su hábitat ahora, no vaya a ser que en unas décadas tengamos que destinar dinero a la cría en cautividad cuando el hábitat ya no permita reintroducir los ejemplares que obtengamos, cuando el dinero que haya que destinar a su conservación sea mucho mayor que el que actualmente nos permite poner remedios. Por su parte, a nivel europeo se prevén cambios a corto plazo. El elevado coste de los análisis de la encefalopatía espongiforme bovina (unos 300 millones de euros por animal positivo detectado), junto a la mayor presión de otros países con poblaciones de buitre como Francia, puede desembocar en cambios normativos que repercutan en una flexibilización de las medidas actuales y abran a puerta a la posibilidad, por ejemplo, del abandono de cadáveres procedentes de la ganadería extensiva.

Notas

[1] Álvaro Camiña Cardenal (biólogo) y Chantal López Hernández (naturalista), son Consultores Medioambientales