Las inversiones públicas de este Fondo no han sido concebidas para fomentar un modelo de economía social, más democrático y que desarrolle las capacidades locales y fortalezca el tejido social y la participación ciudadana. Persisten, por el contrario, en la construcción de infraestructuras y obras públicas conforme a una estrategia de generación de empleo eventual, con escasa utilidad social y alto coste ambiental, sin favorecer el tránsito hacia un modelo de economía local sostenible.

Julio Alguacil Gómez, profesor de Sociología en la Universidad Carlos III de Madrid. El Ecologista nº 60

Una de las medidas más llamativas del Gobierno para afrontar el desplome del empleo derivado de la compleja y profunda crisis del modelo de crecimiento, ha sido la implementación del denominado Fondo Estatal de Inversión Local (FEIL). Desde el campo del municipalismo se le da la bienvenida a una inversión pública a fondo perdido de 8.000 millones de euros que puede significar, según las estimaciones del Gobierno, la creación de unos 200.000 puestos de trabajo. Asimismo, hay quien lo interpreta como un cierto giro respecto del fundamentalismo de mercado neoliberal, que proclama la reducción del gasto público a su mínima expresión y la mercantilización de todas las relaciones humanas. Ahora bien, surgen varios interrogantes, al menos tres: ¿Es suficiente?, ¿es eficiente?, ¿es sostenible, ambiental y socialmente?

El debate sobre la financiación municipal sigue pendiente

En primer lugar, como está suficientemente comprobado, las sociedades que han resistido mejor a las crisis capitalistas son aquellas que tienen mayor representación de población ocupada en el sector público, más proporción de empleos orientados a la satisfacción de necesidades sociales y más capital social. Es decir, sociedades conformadas con una mayor densidad de redes sociales, de cooperación y sentimientos de confianza que permiten el cultivo de la responsabilidad social y la mejor incorporación de los ciudadanos a la gestión política, social y económica.

Esos Estados considerados del Bienestar son también los que han tenido una distribución del gasto público más equilibrado, estando en manos de las administraciones locales en torno al 25-30% del gasto público. Éste no es precisamente el caso español, uno de los países de la UE con menor representación del empleo público, un 9% de la población ocupada –la media de la UE se sitúa en el 15% y los países nórdicos se encuentran por encima del 20%–. Igualmente estamos en uno de los países de la UE con menos gasto público y atención a las necesidades sociales (sanidad, educación, servicios sociales…) y menor gasto público en manos de los Ayuntamientos (entre el 12 y el 15%).

El debate sobre la financiación municipal, la segunda descentralización (de las Comunidades Autónomas a los municipios) y el pacto local todavía no han sido resueltos en nuestro país, lo que ha motivado que muchos municipios busquen financiaciones espurias, con la consiguiente propagación de prácticas insostenibles de urbanización, especulación y corrupción.

En consecuencia, el FEIL debería, no sólo ampliarse en su cuantía, sino institucionalizarse como inversión ordinaria hasta que se desarrolle de una vez por todas un marco legal de competencias y financiación municipal que permita la implantación del principio de subsidiariedad por el que aboga la Carta Europea de Autonomía Municipal, un despliegue de las políticas de proximidad, una mejora de los cauces de participación ciudadana y una transparencia democrática del gasto público. Pero además de suficiente, tiene que ser eficiente desde la perspectiva de generar empleo, satisfacer necesidades sociales y ser sostenible ambientalmente.

40.000 € por empleo eventual

Precisamente, los tan traídos y llevados procesos de globalización están hurtando el desarrollo de las capacidades de los sujetos, de los ámbitos locales, de las singularidades culturales, etc. generando subordinación, vulnerabilidad e insostenibilidad. Cuando menos, emerge la necesidad de alcanzar determinados niveles de desarrollo local que garanticen una mínima base productiva capaz de ganar autonomía económica y política por parte de los ámbitos locales respecto de las dinámicas globalizadoras. La estrategia productivista construida en función de una economía de mercado, como economía dominante (frente a otras economías: pública, popular, social), ha generado una gran indefensión del mundo local frente a la crisis estructural y la crisis climática.

Ha evidenciado, también, la necesaria diversidad y equilibrio entre economías, en el que un modelo de economía social, basado en principios democráticos, en una sustitución de capital por trabajo, que sea además capaz de crear empleo de calidad satisfaciendo necesidades sociales y ambientales de carácter local, gane paulatinamente protagonismo. Se trata, en suma, de desarrollar la capacidad y oportunidad de las redes de pequeñas iniciativas económicas mejor preparadas para desarrollar las potencialidades locales, permitiendo que también la población local pueda asumir un papel de sujeto activo de su desarrollo. Sin olvidar que a la vez es necesaria una múltiple articulación entre los ámbitos locales y de éstos con otros niveles económicos y administrativos en una estrategia conjunta encaminada a un desarrollo sustentable.

La relación entre la inversión y los puestos de trabajo estimados por el FEIL da como resultado una inversión de 40.000 € por puesto de trabajo, lo que parece excesivo, sobre todo cuando nos situamos en una estrategia de generar empleo de forma preferente, y que éste sea de calidad y proximidad. En una crisis de empleo la inversión por puesto de trabajo durable debe ser relativamente pequeña, y esta relación se produce de preferencia en el campo de las necesidades sociales y la sostenibilidad. Las actividades de cuidados a las personas y a la naturaleza son intensivas en trabajo, requieren una menor inversión por unidad y procuran más rentabilidad social, más calidad de vida, más sostenibilidad, más inversión en educación, más en integración social, más en salud, más en los niños y en los mayores –los grandes olvidados del FEIL–, más en la gestión de los espacios naturales, en energías alternativas, en rehabilitación y mantenimiento, en definitiva: más empleo de utilidad social y ambiental. Trabajo intensivo, capaz de reducir el gasto derivado de las prestaciones por desempleo, ya que, también, se trata de apostar por políticas activas de empleo que alivien a las políticas pasivas, imprescindibles para proteger a los trabajadores en una situación de desplome del empleo.

Abandonar la lógica del crecimiento indefinido

Un último interrogante versa acerca de la sostenibilidad social y ambiental de este Fondo. Habría que considerar que el sistema, basado en la propiedad y la competitividad, es autodestructivo, e inviable a largo plazo por su insostenibilidad social y ambiental. Pretender superar la crisis utilizando los mismos principios e instrumentos que, aunque sean más blandos, reproducen la ideología quimérica del crecimiento sostenido y la cultura del individualismo y del lucro, es poner parches a una crisis compleja, multidimensional y profunda. Así no se podrá evitar el aumento de la insostenibilidad y el ensanchamiento de la brecha social.

Los proyectos financiados por el FEIL son estrictamente de competencia municipal, orientándose a las infraestructuras básicas. En gran medida se pretende reactivar la economía a través de la inversión en obras, en subsectores del sector de la construcción, en materiales, lo que significa de facto una importante inversión por puesto de trabajo creado y, además, de carácter eventual. En todo caso, los proyectos no dejan de inscribirse dentro de las competencias municipales obligatorias, que deberían resolverse de forma ordinaria. De hecho se puede comprobar, por ejemplo en el caso de Madrid, que buena parte de los proyectos se van a destinar a operaciones faraónicas inacabadas e insostenibles, o a proyectos ya comprometidos y presupuestados.

Considerando que los municipios están asumiendo competencias que no les eran propias, precisamente exigidas por la proximidad a los problemas de los ciudadanos, sobre todo de carácter social y ambiental, son éstos los que hubieran tenido que ser considerados de manera más significativa. Y máxime considerando que es en estos ámbitos donde se producen sinergias que permiten simultáneamente crear más empleo con menos inversión en materiales y satisfacer mayores necesidades sociales y ambientales.

Pero la lógica del FEIL no va a dejar de suponer una transferencia financiera y finalista de la economía pública hacía la economía privada, por definición no democrática, basada en el lucro individual y descomprometida con los territorios y la gente. Sería necesario un mayor control, una orientación hacía el empleo público y la economía social, y el establecimiento de criterios más precisos y exigentes con la satisfacción de necesidades sociales, la innovación y la sostenibilidad al tiempo que incorpora la participación ciudadana.

Las medidas deberían orientarse a sustituir capital económico por capital social, facilitando así una transición a otro modelo capaz de reconstruir una economía local sostenible, permitiendo y promoviendo que sea la ciudadanía la protagonista de su propio desarrollo.

En definitiva, no se trata sólo de estimular la economía, sino de dar un giro que permita encaminarse a un desarrollo sin crecimiento. Se trata de promover, de forma combinada, distintas políticas activas de empleo con criterios democráticos y de sostenibilidad: creación de empleo público y de proximidad, promoción de la economía social y de la democratización de la economía, satisfacción de las necesidades sociales, atención a los colectivos más desfavorecidos, y todo ello en una perspectiva de reconversión ecológica de la economía. Son éstos los mimbres que hay que ir trenzando para transitar hacía otro modelo de desarrollo más humano, más solidario, equitativo y sostenible.