Mecanismo de Desarrollo Limpio

El Mecanismo de Desarrollo Limpio, que permite a los países industrializados comprar certificados de reducción de emisiones fuera de sus fronteras, fue inicialmente concebido como un instrumento complementario a la reducción doméstica. En la práctica, el abuso de su utilización está retrasando la necesaria transformación de los sistemas energéticos y económicos de los países más contaminantes. Por otro lado, se están financiando proyectos con dudosas ventajas ambientales y sociales para los países desfavorecidos.

Comisión de Energía de Ecologistas en Acción. El Ecologista nº 60

El Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) es un medio de comprar reducciones de emisiones a través del acuerdo entre un Estado o institución que deba reducir emisiones con un país que no tenga esa obligación. El primero invierte en algún tipo de instalación o proceso en el territorio del segundo, que dé lugar a que la producción de gases de invernadero por ese segundo país sea menor. Esto se traduce en un descuento de emisiones para el país inversor denominado Reducción Certificada de Emisiones (un RCE vale 1 tCO2e, tonelada de CO2 equivalente).

Para que funcione a gran escala se organiza un mercado internacional en el que el precio del certificado así obtenido lo determina la relación oferta-demanda. Pero el coste de generar la reducción de emisiones es muy variable dependiendo del tipo de proyecto y de dónde se realice. Esto determina que la mayor parte de las actuaciones sean aquellas que resultan más baratas que la reducción doméstica a corto plazo, y no precisamente las más útiles.

Por ahora el MDL, como se denomina comúnmente ha generado un movimiento estimado en 2007 [1] de 46.000 millones de dólares (M$), cantidad que podría triplicarse hacia 2020.

El funcionamiento del MDL está regido por una Junta Ejecutiva dependiente de la Convención de Cambio Climático de la ONU. La Junta autoriza los créditos para cada proyecto pero delega la propuesta del número de certificados y la vigilancia de las reducciones en organizaciones denominadas Entidades Operacionales Designadas. Éstas son básicamente consultoras que cobran por estos servicios a los proponentes del proyecto (AENOR, Bureau Veritas, Lloyds, Deloitte, British Standards, etc. actualmente hay 19 acreditadas). Del valor de las transacciones de créditos autorizadas se recauda un 2% para el funcionamiento de la propia Junta y para un Fondo de Adaptación al Cambio Climático que financie proyectos dirigidos a evitar los impactos del clima en los países más empobrecidos. Hasta ahora se estima una recaudación de 91 M$ para ese fondo.

Excepción al cumplimiento de Kioto

Conviene señalar que Mecanismo de Desarrollo Limpio es, cuando menos, un extraño nombre para denominar una excepción al cumplimiento del Protocolo de Kioto: permite a los países industrializados acatar su obligación de reducir emisiones de gases de efecto invernadero pero llevándolo a cabo fuera de sus fronteras. La justificación es que el beneficio ambiental será el mismo porque sólo hay una atmósfera y las resistencias a la reducción se debilitarán porque será más barata. Son 37 los Estados comprometidos a disminuir sus emisiones, los más industrializados del planeta con la notable excepción de EE UU que rechazó el acuerdo, y son muchos más los países en principio dispuestos a recibir gustosamente el flujo de dinero que implican los proyectos para reducir emisiones.

Un procedimiento como el MDL en teoría podría ayudar a satisfacer las justas necesidades del mundo empobrecido de una manera más limpia. Si los proyectos de inversión supusieran transferencia de tecnologías eficientes y de energías renovables, que permitan un aumento de consumo energético por habitante –muy necesario en los países más pobres– sin utilización de combustibles fósiles, se estarían sentando unas bases firmes para un futuro más justo y a la vez más descarbonizado. Si los procesos de aceptación de los proyectos fuesen verdaderamente participativos y la voz de las poblaciones directamente afectadas por los proyectos no fuera avasallada, serían una estimable contribución al desarrollo sostenible. Pero no se está prestando a estas cuestiones ni siquiera el mismo nivel de control y exigencia que a la propia reducción de emisiones.

El conjunto de gobiernos de la UE recurrirá a compensar emisiones fuera de su territorio por una cuantía de hasta 3 de los 8 puntos de su objetivo de Kioto. Aunque no todos los países actúan igual: ni Reino Unido, Suecia, Francia o Alemania invertirán dinero público en ello, dado que los tres primeros ya cumplen Kioto y Alemania está cerca de lograrlo. Sin embargo no se puede decir lo mismo del sector privado.

Las empresas más emisoras de los 27 Estados miembros están bajo una ley comunitaria que limita la cantidad de CO2 que pueden emitir gratuitamente, aunque por encima del nivel asignado pueden hacerlo si adquieren bonos que justifiquen una reducción equivalente de emisiones en otro lugar. Incluso fuera de las fronteras UE. La ley les permite comprar reducciones foráneas hasta un valor de 278 millones de tCO2e por año. Esto es más del doble de la reducción de emisiones que se esperaba alcanzar en estas industrias e incluso más del doble de las adquisiciones que pretenden hacer los propios Estados. En definitiva, significa que las industrias de Europa más responsables del cambio climático no tienen por qué reducir sus emisiones si les sale más barato comprar certificados de reducción fuera del territorio UE. De hecho legalmente podrían aumentarlas en un nada despreciable 6,8% sobre las emisiones de 2005-2007 [2]. Aunque parece poco probable que necesiten apurar al máximo esta posibilidad en el contexto económico actual, sobre todo porque la asignación gratuita fue generosa y los créditos tienen un coste.

La situación descrita muestra un claro abuso de los MDL y otros recursos para cumplir Kioto fuera del país causante de las emisiones. Estos métodos se contemplaron en el acuerdo como complementarios de la reducción doméstica. Pero en las negociaciones internacionales la actitud de gobiernos y grupos de presión empresariales impidió concretar ningún límite para su uso.

Desconocemos cómo serán los acuerdos internacionales sobre cambio climático después de 2012, año en que finaliza el actual Protocolo de Kioto. Pero podemos contar con que los MDL y otros sistemas de bonos de CO2 formarán parte de ellos. Se hace necesario un detallado examen de estos sistemas para señalar sus errores e incluso perversiones, y potenciar las ventajas que pueden aportar como herramienta de cambio en la tendencia mundial de la emisión de gases de efecto invernadero. Un cambio cada vez más urgente y de alcance más exigente.

Retraso en la reducción permanente de emisiones

Precisamente porque se reconoce que las emisiones de los países industrializados deberán reducirse radicalmente en los próximos años –hasta un 40% menos que en 1990 para 2020 [3]– hay que plantearse en primer lugar si los MDL no serán un lastre para el cambio. En definitiva las reducciones fuera del país emisor no afectan al sistema energético y económico de los países más contaminantes, el origen del problema. Así que se retrasa la transformación de las sociedades de los países industriales hacia la reducción permanente de emisiones mediante inversiones en cambios tecnológicos (generación con renovables y técnicas eficientes, p. ej.) y concienciación social y política que conduzca al ahorro de energía y contención del consumo. La opción de mecanismos de compensación no aporta reducciones en los países más emisores.

Además, si los países con riqueza y capacidad de inversión no apuestan por tecnologías renovables y eficientes, no se abaratarán lo suficiente como para permitir al resto de países más desfavorecidos aumentar sus oportunidades para alcanzar una calidad de vida digna sin depender de los combustibles fósiles y acelerar el cambio climático.

El problema básico del MDL es que el alcance del compromiso de Kioto es muy escaso y se entendía como un primer paso en la disociación de las economías de los países desarrollados y los combustibles fósiles. Este proceso se retarda porque compiten las reducciones baratas con la adopción de medidas domésticas, absolutamente necesarias para la reducción permanente de emisiones. Es una filosofía economicista que da viabilidad a los procesos industriales más contaminantes en el primer mundo (térmicas de carbón, cementeras, siderúrgica...) a costa de procesos menos emisores en otros lugares. Y además sólo favorece los proyectos cuya reducción de emisiones resulte más barata, independientemente de las necesidades ambientales y sociales del país receptor.

Dudas sobre los proyectos financiados

El MDL sólo proporciona certificados derivados de reducciones de emisiones causadas por proyectos, así que buena parte de su utilidad tiene que ver con las ventajas ambientales y sociales que proporcione cada proyecto en concreto. En principio cualquier proyecto que acepte la Junta Ejecutiva es válido. Sólo hay reglas explícitas en dos casos: no se aceptan proyectos de energía nuclear (aunque la industria no deja de intentarlo) y hay límites en los proyectos de forestación [4] y reforestación.

El resto debe ajustarse a ciertas condiciones. Para empezar, la reducción ha de ser adicional a las que se producirían en ausencia del proyecto MDL. Se tiene que estar “razonablemente seguro” de que sin el Protocolo de Kioto no hubiera existido tal proyecto porque a nadie le hubiera interesado, hecho que en la actualidad está siendo cuestionado seriamente en muchos casos. Es decir, se están generando derechos de compensación por proyectos que probablemente se llevarían a cabo de todos modos.

La calidad ambiental del MDL se ve degradada en mayor medida porque se han aceptado proyectos que minan la reducción eficaz de emisiones. Por su cuantía destaca con mucho la incineración de HFC23, pues ha generado la mitad de los créditos concedidos hasta ahora. Es un potente gas de efecto invernadero (1 tonelada de HFC-23 en la atmósfera tiene el mismo efecto que 11.700 toneladas de CO2) que se genera como subproducto de la fabricación de R-22, un refrigerante para aire acondicionado. El proyecto consiste, básicamente, en instalar una incineradora al lado de la fábrica, separar el HFC23 y quemarlo. El coste no es alto y el beneficio es 11.700 veces superior al de eliminar la misma cantidad de CO2. Esto hace que el precio del certificado de reducción conseguido con estos proyectos sea mucho más barato que el obtenido con proyectos de energías renovables, por ejemplo.

Otra batalla perdida es que puedan conseguirse RCE por actividades con enormes impactos asociados –como los grandes pantanos para generar electricidad– y el crecimiento de bosques, un proceso reversible en pocas horas si la masa forestal se quema. Por eso es arriesgado contabilizar la absorción forestal de CO2 como equivalente a reducción permanente de emisiones. De hecho, los científicos han advertido que a partir de mediados de siglo es probable que la vegetación deje de ser un sumidero de CO2. Es aún más arriesgado dejar al mercado de carbono intervenir en la configuración de las masas forestales en terceros países, pues en muchos casos tienen mayor necesidad de inversiones que capacidad de control sobre la situación real de los bosques o sobre la competencia de plantaciones con los bosques naturales y otros usos de la tierra. El cuidado y fomento de las masas forestales es básico para frenar el cambio climático, mantener la biodiversidad y otros muchos beneficios, pero no debe someterse a los dictados del dinero.

La estrella más reciente de los proyectos para reducir emisiones es la captura y almacenamiento geológico de carbono. Todavía no ha sido admitido como MDL pero lo respaldan poderosos intereses. Consiste en la separación del CO2 emitido por grandes fuentes puntuales de la industria, su transporte a un lugar de almacenamiento y su aislamiento de la atmósfera a largo plazo inyectándolo en cierto tipo de formaciones geológicas. Es una cuestión muy espinosa garantizar un enterramiento seguro a lo largo de generaciones, pero hoy por hoy actúa como garante de futuro para los grandes contaminadores, eléctricas y cementeras sobre todo, frente a futuras legislaciones sobre cambio climático.

Probablemente la mayor utilidad de la captura y almacenamiento es su capacidad de desactivar la preocupación de la opinión pública ante la instalación de nuevas centrales de carbón. Su viabilidad económica y como sumidero de CO2 todavía está investigándose y en buena medida con financiación pública. Si esta tecnología sólo es útil para grandes centros emisores puntuales y no para sectores difusos como las viviendas o el transporte ¿por qué ha de encargarse el Estado de liderar su desarrollo cuando el beneficio es para grandes empresas? Es muy dudoso que el almacenamiento de carbono sea eficaz para frenar el cambio climático, pero en cambio es seguro que absorberá financiación que debería dirigirse a renovables-eficiencia y que es un apoyo a la construcción de nuevas instalaciones muy contaminantes.

Perspectivas de futuro

En definitiva, la cuestión de si los MDL sirven para frenar el cambio climático no tiene una respuesta simple. Si fomentan una reducción de emisiones adicional a la que podría suceder sin MDL, están teniendo una eficacia objetiva. Pero si se considera que los países industrializados han de acelerar mucho la disminución de sus emisiones en el plazo de una década y además fomentar un frenazo en las de países como China, India e incluso Brasil, países con consumos energéticos por habitante muy bajos, probablemente la conclusión es que los MDL alargan la transición.

Sin embargo es también cierto que son una oportunidad de dirigir en los próximos años una importante capacidad financiera, pública y privada, hacia naciones que precisan de tecnologías limpias y acceso a procedimientos eficientes y poco contaminantes para satisfacer sus necesidades básicas. Un doble objetivo, combatir el cambio climático y fomentar el desarrollo sostenible, para el que los Mecanismos de Desarrollo Limpio han de transformarse en profundidad.

Estado español, el mayor comprador
España destaca como el mayor comprador mundial de créditos. El Gobierno tiene previsto cumplir la mitad de su compromiso de Kioto comprando bonos de reducción de emisiones. Ha anunciado la intención de adquirir 289 millones de tCO2e para el periodo 2008-2012 [5]. El gasto a costa del erario público va a ser enorme, pues a un precio estimado en 10 € la tonelada habría que invertir 2.890 M€ en los próximos cinco años. Sólo para obtener 71 M tCO2e ya se han comprometido 384 M€. Entre los países europeos (de la UE-15) destacan, a buena distancia de España, Holanda e Italia como compradores.



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