45.000 firmas por un turismo sostenible en Canarias

La Federación Ben Magec-Ecologistas en Acción de Canarias ha impulsado la Iniciativa Legislativa Popular número 26 de la historia del archipiélago. Se ha intentado movilizar a la ciudadanía de todas las islas, para proponer un modelo turístico sostenible y una propuesta que dé salida al estancamiento y a la ‘crisis’ por la que atraviesa el sector más importante de la economía canaria.

Antonio Hernández, coordinador de la ILP de Ben Magec-Ecologistas en Acción de Canarias, y responsable estatal del Área de Mar. El Ecologista nº 57

Más de veinte años después del Manifiesto de César Manrique, “Parar ya”, Ben Magec-Ecologistas en Acción presenta su quinta Iniciativa Legislativa Popular (ILP), tras las presentadas por los casos de El Rincón, Veneguera, Malpaís de Güimar y Granadilla. Esta ILP bajo el lema “Sí al turismo sostenible, ¡Ni una cama más!”, ha tenido como diferencia principal con las anteriores que no se circunscribía a ninguna isla en concreto, sino que era la primera que hacía referencia a todo el archipiélago. Ha conseguido la importante cifra de casi 45.000 firmas distribuidas entre las siete islas.

La Iniciativa, cuya denominación legal es Proposición de ley de medidas de renovación de la planta alojativa turística y la contención de su crecimiento, intenta también generar un debate social en torno al modelo de desarrollo, los límites al crecimiento turístico, así como servir de impulso al movimiento ecologista y social mediante una campaña unitaria para todo el archipiélago.

El Estatuto de Autonomía de Canarias pone a disposición de la ciudadanía la posibilidad de participar en la vida pública, mediante la presentación de Iniciativas Legislativas. Para ello, es necesario que las propuestas vayan respaldadas con un mínimo de 15.000 firmas. Posteriormente los partidos políticos con representación en el Parlamento de Canarias decidirán, primero si se debate o rechaza, y finalmente, si se aprueba en el Parlamento tras la defensa de la misma por parte de uno de nuestros portavoces.

Una historia desigual

La historia de las ILP promovidas por el movimiento ecologista canario ha sido desigual. La de El Rincón (Tenerife) consiguió 33.000 firmas, fue admitida a debate y aprobada sin enmiendas. En el caso de Veneguera (Gran Canaria) se consiguieron más de 50.000 firmas, fue admitida a debate, y las enmiendas hicieron que se protegiera sólo la mitad de lo que se proponía, incluyéndose la posibilidad de incluir 20.000 camas turísticas, para finalmente entrar por segunda vez en el Parlamento y acabar protegiendo todo el Barranco de Veneguera. La ILP del Malpaís de Güimar (Tenerife) consiguió 25.000 firmas, también fue admitida a debate y aprobada sin recibir enmiendas. Finalmente, la del puerto de Granadilla (Tenerife) presentó más de 56.000 firmas y, sin embargo, no fue ni siquiera debatida en el Parlamento de Canarias.

La actual ILP es la primera que tendría aplicación en el conjunto de las Islas, por lo que desde Ben Magec-Ecologistas en Acción estamos satisfechos por haber conseguido un fuerte respaldo ciudadano, 45.000 firmas, que van a servir como presión para su discusión y posterior aprobación en el Parlamento. De hecho, el actual Presidente del Gobierno de Canarias ya se ha comprometido a aceptarla a trámite.

Sobran camas

¿Por qué Ben Magec-Ecologistas en Acción plantea esta ILP en este momento? Para responder a esta pregunta es necesario remontarnos al año 2003, cuando el Parlamento de Canarias aprobó por unanimidad la Ley 19/2003 de Directrices Generales de Ordenación y del Turismo de Canarias. Esta norma planteaba medidas en la contención del crecimiento turístico, aunque con una excepcionalidad en la solicitud y posterior concesión de licencias de 3.600 camas alojativas turísticas para determinados proyectos de calidad que conllevaran aparejadas instalaciones tales como: talasoterapias, campos de golf, puertos deportivos, etc., siempre en referencia a las islas de Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura.

Sin embargo, a finales de la pasada legislatura, el binomio Coalición Canaria-Partido Popular decidió conceder la Declaración de Interés General a tres proyectos turísticos: Anfi Tauro y Meloneras en Gran Canaria y Abama en Tenerife. El caso Anfi Tauro fue muy controvertido, pues tenía un dictamen judicial en su contra, así como diversas sentencias anulatorias. A pesar de ello, el proyecto fue aprobado. La dinámica de la última legislatura ha sido la de trampear la Ley de Directrices de manera constante para aumentar el número de camas turísticas, impulsando una política desarrollista.

Para las islas de carácter no turístico hasta la fecha (La Palma, Gomera y El Hierro), el Parlamento decidió impulsar otra norma, aprobando la famosa “Ley de las islas occidentales”. En ella se planteaba aumentar el crecimiento turístico en esas islas a través de sus planes territoriales turísticos, es decir, dejando el asunto en manos de sus respectivos Cabildos. La consecuencia de esta Ley, ha sido que el Cabildo de la Gomera ha tramitado planes que permiten la construcción de 17.000 camas nuevas, mientras que los del Cabildo de La Palma suponen 13.000 camas más.

Con todo ello, el crecimiento de camas turísticas en Canarias se ha situado ya en la cifra de 550.000 plazas alojativas turísticas, justo en un contexto económico marcado por la recesión, la disminución de la llegada de turistas, el aumento del precio de los combustibles y la crisis en los mercados emisores, lo que ha llevado aparejada una bajada de precios y, por lo tanto, una importante pérdida de calidad del sector turístico.

Es obvio que nuestra propuesta de ILP no es la solución absoluta al desarrollismo que se ha impuesto en las Islas. Las amenazas que se ciñen sobre nuestro territorio y medio ambiente, son de mayor envergadura y complejidad: macroinfraestructuras de carreteras, ampliaciones de aeropuertos, construcción de nuevos puertos comerciales y deportivos, enormes instalaciones deportivas… son un conjunto de actuaciones que atacan directamente la concepción de una ordenación sostenible de nuestro frágil y fragmentado territorio insular. Sin embargo, la ILP presenta algunas ventajas que le confieren gran importancia. Básicamente propone una mejora de la calidad de la oferta; se propone evitar, además, la degradación de algunas de nuestras mejores áreas turísticas; y, por último, impide seguir ocupando, de forma innecesaria, terreno virgen y limpio, especialmente en primera línea de costa.

El debate social sobre el futuro del modelo turístico y la sostenibilidad de Canarias está lanzado. El discurso y la práctica política de los grandes partidos, especialmente cuando gobiernan en alguna institución, nos hacen pensar que encontraremos dificultades para encontrar apoyos en ese ámbito. Las actuaciones más insostenibles de los grandes empresarios, que han hecho de la especulación la base de su negocio, presionando a las instituciones para conseguir sus objetivos particulares, se verían fuertemente afectadas en caso de salir adelante esta ley, lo que supondría un éxito para el conjunto de la sociedad canaria.

A pesar de estas dificultades, los datos de las encuestas de opinión de la sociedad canaria nos llevan a ser entusiastas en cuanto al apoyo que nuestra propuesta tendrá entre la ciudadanía. Aspiramos no sólo a que el Parlamento ratifique las miles de firmas presentadas por nuestra organización, sino a generar una verdadera marea social que aúne a ecologistas, agricultores, pequeños empresarios turísticos, estudiantes, amas de casa, etc., que sea capaz de imprimir el impulso necesario para avanzar en el cambio hacia la consecución de un modelo turístico sostenible.




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