La caza en Castilla y León

Desde la Junta de Castilla y León se está impulsando una política ambiental que orbita en torno a la caza y la pesca como herramientas prioritarias para la gestión del territorio. Se olvidan de que la inmensa mayoría de los ciudadanos son no cazadores, y que las demandas de la sociedad apuntan hacia una gestión muy diferente de los ecosistemas, potenciando y poniendo en valor sus recursos naturales, con aprovechamientos sostenibles como el turismo de naturaleza.

ASCEL, Asociación para la Conservación y Estudio del Lobo Ibérico. El Ecologista nº 55

La Administración Castellano Leonesa ha decidido que la caza es un recurso que no está explotado al máximo y que se debe intensificar aún más. Esta tendencia en pro de la actividad cinegética resulta más que patente en terrenos de titularidad pública, gestionados directamente por la Administración, como son las Reservas Regionales de Caza.

No en balde, esta política ha sido reconocida con el premio a la conservación “diana de los cazadores”, concedido al director de las Reservas Regionales de Caza de Riaño, Mampodre y Ancares, D. Juan Carlos Peral, que practica y fomenta una gestión cinegética alejada de la conservación. Es más, la desprecia abiertamente, como queda patente con su política de control –mejor sería hablar de exterminio– de depredadores como el lobo ibérico.

Las medidas de gestión promovidas por la Dirección de estas Reservas Regionales de Caza contravienen las leyes de creación de estos espacios naturales, incluidos en la Red Natura 2000 (Directiva 1992/43/CEE y Directiva 79/409/CEE; la REN de Castilla y León: Ley 8/1991), donde la caza debe quedar subordinada a la conservación de las especies. Por si no fuera suficiente, también se firman diversos convenios para la promoción de los recursos y prácticas cinegético-piscícolas, que suponen un desembolso de las arcas públicas de 10 millones de euros, disfrazados como compromisos de desarrollo rural.

El ejercicio de una actividad como la caza debería estar supeditado a la conservación, algo que incumple repetidamente la Consejería de Medio Ambiente, que debería promover usos mucho más diversificados y sostenibles. El 23% de la superficie regional está incluida en la Red Natura 2000. Además, el 13% de la superficie autonómica figura en la Red de Espacios Naturales (Ley 8/1991), que engloba más de 13.000 km2 y 320 municipios, que fue creada con el fin de conservar el patrimonio natural de la Comunidad así como promover la conservación de sus valores medioambientales, no sólo cinegéticos.

5,7% de cazadores

La política impulsada por la Junta de Castilla y León está prestando especial atención a un exiguo porcentaje de la población, el 5,7%, mientras se ignora que más del 94% de los habitantes no ejerce la actividad cinegética. La utilización de la caza como herramienta básica de gestión ambiental en el 91% del territorio de Castilla y León es una simplificación temeraria de un asunto complejo que afecta al funcionamiento de los ecosistemas, y por tanto al espacio vital de todos los ciudadanos. El incremento de la demanda de actividades de ocio y tiempo libre en la naturaleza, permite plantearse una vía clara de desarrollo de un sector de servicios ajeno a una actividad minoritaria como la caza, que, además, muchas veces resulta excluyente frente a otros usos, como los turísticos.

La caza debería estar basada en fundamentos sólidos, no sólo económicos, sino también éticos, sociales y científicos. Pero se restringe a un planteamiento utilitarista, el mismo que propone la Consejería de Medio Ambiente sobre nuestros sistemas montañosos como, por ejemplo, con el proyecto de estación de esquí en San Glorio.

Desde ASCEL exigimos que nuestro medio natural tenga otro tipo de gestión y una diversidad de usos de la que hoy día carece, toda vez que se lleva a cabo con los impuestos de todos. Así, nos encontramos sujetos al yugo de una actividad cinegética en una superficie de 81.000 km2, lo que en Castilla y León supone la muerte de millón y medio de animales cada año.

Muchas alternativas

En el contexto internacional se han ensayado numerosos programas de desarrollo al amparo de la protección de espacios naturales, que se han erigido en alternativas viables y compatibles con la conservación del entorno. Los beneficios generados por la creación de parques nacionales como Yosemite (EE UU), por ejemplo, se estiman en 1.000 millones de dólares al año (Human Use of NWHS). Costa Rica, un país que tiene un territorio similar en extensión al de Castilla y León, ha apostado por el ecoturismo como una de sus principales fuentes de ingresos.

Y la cuestión es ¿qué ha hecho la Administración regional al respecto? La falta de un modelo de estas características es uno de los principales males que acusa el Parque Regional de Picos de Europa (Montaña de Riaño y Mampodre) y sirve de ejemplo negativo sobre la falta de iniciativas y el fracaso en la gestión de la Junta de Castilla y León.

Los aspectos relacionados con la conservación efectiva de nuestros ecosistemas y las especies que albergan quedan relegados en las prioridades de la Junta de Castilla y León. Y ello, a pesar de que nuestro patrimonio natural es muy relevante para la mayoría de la población, que no practica la caza y demanda otros usos, como el turismo de naturaleza, que aporta diferentes percepciones estéticas, emotivas y también económicas.

Otro ejemplo, los ingresos generados por actividades naturalistas, como la observación de aves silvestres generados por los más de 125.000 visitantes y birdwatchers que acuden a espacios protegidos del valle del Río Grande (Texas, EE UU) superan los 125 millones de dólares y permite la creación de 2.500 puestos de trabajo anuales (Oficina de Turismo y Comercio de Texas). En nuestra región tenemos un ejemplo de modelo de desarrollo rural producido a raíz de la recuperación ambiental de las Lagunas de la Nava y Boada de Campos (Palencia). Esta zona, de indudable importancia ornitológica, atrae junto a la vecina Villafáfila, a numerosos amantes de las aves y la naturaleza.

Según los datos de la XVIII Conferencia Anual sobre el Lobo en Norteamérica, este animal genera un volumen total de ingresos estimado en unos 70 millones de dólares. Más de 171.000 personas al año consiguen avistar al cánido salvaje en diversos parques nacionales. En España, decenas de miles de turistas acuden a lugares emblemáticos por la presencia de grandes depredadores, pero no existe ningún tipo de valoración económica sobre el volumen de ingresos que estas actividades suponen en las economías locales.

Por si fuera poco, recientemente se ha sacado a la palestra el interés por rescatar del olvido la figura de los alimañeros (eso sí, denominándolos especialistas en predadores), profesión que considerábamos desterrada y superada. Y esto se hace nada menos que en pro de la biodiversidad.

A por el lobo

La gestión de lobo en Castilla y León es un ejemplo más de la política mencionada, en la cual la única herramienta de gestión es la caza. El plan de conservación y gestión que promueven incumple la legislación europea (Directiva Hábitat), ya que la zonificación prevista contempla el aprovechamiento cinegético de los lobos al sur del Duero (donde es una especie estrictamente protegida). Además, no refleja la conflictividad real sobre el ganado con magnitudes cuantificables, adolece de criterios biológicos, técnicos y sostenibles en las tasas de extracción de lobos e incrementa el aprovechamiento cinegético en sectores donde el papel ecológico del gran cánido es relevante, como las reservas regionales de caza de la Cordillera Cantábrica y del Sistema Ibérico.

Este plan de gestión ampara un aprovechamiento cinegético innecesario en sectores donde la conflictividad socioeconómica es casi nula (Meseta central, etc.) y permite que existan barreras socioeconómicas no naturales para la especie en sus zonas de expansión. La Estrategia Española de Conservación del Lobo señala la necesidad de lograr la conexión de sus poblaciones de Sierra Morena con las del norte peninsular. ¿Cómo va a lograrse este objetivo si el número de lobos cazables en Castilla y León va a cuadruplicarse, permitiéndose tasas de capturas insostenibles?

Además, dicho plan subestima la mortalidad ilegal, pese a la persistente y creciente intensidad del furtivismo, que la Administración ignora intencionadamente. La Junta de Castilla y León demuestra una manifiesta ineficacia en la lucha contra esta actividad ilegal como se pone de manifiesto en la decena de denuncias tramitadas sobre furtivismo de lobo desde 1990, cuando se estima que un mínimo de 300 lobos mueren cada año por esta causa.

En definitiva, estamos ante una escandalosa falta de control sobre las actividades cinegéticas. Y eso que la caza es promovida como la única propuesta de gestión de unos ecosistemas que merecen un esfuerzo de conservación más acorde a los tiempos actuales.




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