Gestión del agua y cambio climático

En la tarjeta navideña del 2006 realizada por el Gobierno de Murcia aparecía un mapa del Estado español con lluvia repartida por todo el territorio, a excepción precisamente de la región murciana, donde aparecía la tierra árida y resquebrajada. Además, dos grifos con candados, situados uno en el Ebro y otro en el Tajo, intentaban reflejar la imposibilidad del transporte de agua a Murcia a través de los trasvases y, también, se dibuja cómo el enorme caudal del Ebro va a dar al mar Mediterráneo. La tarjeta en cuestión se titulaba “Agua para Murcia, que el mar ya tiene bastante” e iba dirigida al gobierno de Aragón expresándole el siguiente deseo: “que todos los españoles, solidariamente, seamos iguales y disfrutemos del bien común del agua”.

Erika González Briz, área de Agua de Ecologistas en Acción. El Ecologista nº 54

La desafiante felicitación refleja dos visiones históricas en la gestión hidráulica de este país. La primera hace referencia a la valoración del agua únicamente como motor de desarrollo económico, sin contemplar el hecho más básico: que el agua es crucial para el mantenimiento de los ecosistemas acuáticos que, a su vez, determinan la disponibilidad de agua como un recurso para el uso humano. También viene a expresar una especie de desorden natural por el que la sequía sólo afecta a aquellas zonas que más demandan agua y esta limitación debe solucionarse a golpe de cemento e infraestructura para hacer de este recurso algo ilimitado. Ambas visiones nos han llevado a una situación de grave deterioro de los ecosistemas acuáticos y a un crecimiento de la demanda imparable. La situación del agua en el Estado español es insostenible, y el avance del cambio climático y su efecto sobre los ecosistemas acuáticos no hará otra cosa que acentuar, aún más, un estado de sequía crónico.

Gestión insostenible

La forma de afrontar la sequía plurianual que padecemos desde el 2005 ha sido agotando la mayor parte de las reservas hídricas en el primer año de mayor sequía. Y estas reservas no son pocas: tenemos 1.300 embalses. Sin embargo, la política hidráulica, que ha permitido este récord de infraestructuras, ha creado una especie de esquizofrenia del agua. Así, mientras la mayor parte del territorio peninsular, de clima mediterráneo, está sometida a periodos cíclicos de sequías con un gradiente de mayor escasez hacia el Mediterráneo, el sistema productivo agrícola y de servicios consume recursos como si viviéramos en una región con gran abundancia de agua, incrementándose, además, la demanda hacia la región más seca. Habría que cambiar la expresión “sequía plurianual” que utiliza el Ministerio de Medio Ambiente, por “sequía estructural”, y es que la escasez de agua se padece, en gran parte, por la sobreexplotación a la que estamos sometiendo a los ecosistemas acuáticos.

La agricultura de regadío se erige, en este caso, como la principal responsable de esta situación al ser la mayor consumidora de agua, pues se lleva para sí el 80% del recurso disponible a través de asignaciones que conceden las confederaciones hidrográficas. O porque así se lo autoconsignan los propietarios de las huertas que han contribuido a la existencia de aproximadamente 510.000 pozos ilegales de captación de agua, a lo que también hay que sumar otros procedimientos ilegales como tomar agua de ríos sin autorización, excederse de la cuota o las conexiones fraudulentas a la red de distribución [1].

Pero no sólo se agota el recurso mediante la extracción. El retorno del agua desde los cultivos no puede considerarse como la renovación del mismo, ya que la mayor parte del sector agrícola abusa de herbicidas o abonos sintéticos que, por escorrentía o filtración, contaminan ríos, embalses o acuíferos. Uno de los ejemplos más graves fue la contaminación del embalse jienés de Iznájar, en 2005, por un herbicida muy tóxico, Terbutilazina, que hizo cortar, en pleno verano, el suministro de agua a 200.000 personas [2]. Por último, habría que hablar de las pérdidas de agua en la red de distribución: se estima que más del 40% del agua almacenada se pierde en las redes de distribución antes de llegar a su destino [3]. Esta tasa resulta ofensiva cuando la mitad de los ríos y embalses están sobreexplotados, por no citar la salinización que sufre el 60% de los acuíferos litorales por la excesiva extracción de agua [1].

La depredación urbanística es la siguiente en la lista de los mayores consumidores de agua en el arco mediterráneo. De hecho, en la Región de Murcia los consumos agrícolas y urbanos se encuentran ya casi equiparados. El uso especulativo del agua para el turismo se concentra especialmente en la época estival, coincidiendo con el periodo de mayor escasez hídrica, duplicando la demanda de agua durante el verano en algunas conurbaciones costeras. Como guinda que culmina la insostenibilidad del modelo, se han utilizado los campos de golf como parte del reclamo turístico. Existen ya 276 campos de golf y está prevista la construcción de otros 303. Gran parte de ellos ubicados en el sur y levante peninsular, cuando un campo de golf tiene un consumo equivalente a un municipio de 10.000 habitantes.

Cuando la demanda está al límite de la disponibilidad, entonces, se pone en manos de la ingeniería, el cemento y la tecnología, la tarea de arreglar esa molesta limitación del recurso agua a través de más embalses, trasvases y, últimamente, desaladoras.

Y, encima, el cambio climático

El cambio climático en nuestro territorio, de forma genérica, tendrá como consecuencia un aumento de las temperaturas, mayor en verano y con mayores valores extremos, y una disminución de las precipitaciones, aumentando la evaporación y la evapotranspiración (evaporación del agua a través de la plantas) y disminuyendo la escorrentía. Es decir, no sólo lloverá menos, sino que también se perderá más agua. La amenaza que esto supone es, única y alarmantemente, la profundización de una insostenibilidad ya creada a partir de la aceleración de los procesos de deterioro y desaparición de los ecosistemas acuáticos.

Según el Ministerio de Medio Ambiente [4], en el Estado se podrían llegar a unos descensos medios en la aportación total de lluvia media anual del 14%. El sureste peninsular y las islas son las zonas donde el impacto sobre los recursos hídricos se manifestará más severamente. Cuencas como la del Segura, Júcar, Guadiana o Guadalquivir pueden perder más de un 20% del agua que hoy tienen. Incluso, suponiendo un mismo descenso de precipitaciones en toda la Península, los recursos disponibles disminuirán de forma más drástica en las zonas áridas que en las más húmedas, debido a una mayor reducción de la capacidad de regulación. A su vez estas áreas son las mayores consumidoras de agua, incrementando así la incertidumbre de disponibilidad del recurso para garantizar las necesidades sociales y ambientales futuras.

Las tensiones territoriales por la disponibilidad del agua que se apuntaron al inicio del artículo pueden derivarse, más que probablemente, en conflictos entre usos del agua e incluso entre los propios beneficiarios. Las pérdidas económicas y ecológicas que la reducción del agua, como recurso natural y como recurso disponible para el uso humano, exigen, sin duda, la adopción de medidas encaminadas a mitigar dichos efectos del calentamiento global.

Adaptar el uso del agua a su disponibilidad

La gestión del agua se debe plantear cambiando radicalmente la política hidráulica de este país, si se pretende paliar la doble problemática que plantea el cambio climático. De un lado un endurecimiento de las sequías climáticas en cuencas que ya tienen graves problemas, de otro una sequía antrópica. Es necesaria una reestructuración del regadío y su reducción, planteando la sustitución de cultivos subvencionados consumidores de grandes cantidades de agua como el algodón [5] por otros más sostenibles y que generan más empleos. Por otro lado, la mejora de la capacidad de retención del agua de escorrentía sólo se conseguirá a través de políticas de reforestación que primen la regeneración de bosques y no el monocultivo de las especies arbóreas más productivas.

Debería establecerse una gestión integral del agua que prime la eficacia y eficiencia de los sistemas de suministro, priorizándose el interés social y ambiental en los usos del agua, donde se corrijan las pérdidas y se controle el crecimiento de la demanda y los usos del agua, y que integre, como un pilar más en la planificación, las predicciones sobre el cambio climático. Junto a esta mayor gestión y planificación se tendrían que instaurar medidas tarifarias que sean generosas con el conjunto de los ciudadanos y restrictivas con los grandes beneficiarios del agua. Generosas con los ciudadanos en el sentido de garantizar una cantidad mínima y de muy buena calidad como derecho esencial de toda persona, en cuanto que sólo así podrían consagrarse los derechos a la salud y la vida [3]. Y restrictivo con los que obtienen lucro económico de los usos del agua ya que deberían contribuir más en la financiación de los costes del agua. En este sentido, se debería descartar totalmente la privatización del recurso agua, ya que los principios de equidad y cohesión social en su gestión, vinculados a los derechos de la ciudadanía [6], sólo pueden conseguirse a través de una gestión pública y participativa.