Muchos barcos para pocos peces

La insostenible política pesquera europea, en el punto de mira

Elvira Morote, responsable de Pesca de Ecologistas en Acción, y David Costalago, Científico del Instituto de Ciencias del Mar

Hasta ahora, la política pesquera de la UE ha ignorado el principio de precaución y la importancia de dar prioridad a la salud de nuestros mares y recursos pesqueros. España ha contribuido en gran medida a la sobreexplotación de los caladeros por cuanto es una potencia pesquera de primer nivel. Así, capturas de especies como la anchoa cayeron hasta un exiguo 1%. Urgen, por ello, medidas drásticas para garantizar la viabilidad a largo plazo de nuestras pesquerías.

España cuenta con más de 7.000 kilómetros de costa. Algo que junto a su flota, que supera los 18.000 barcos y representa el 20% de todos los barcos censados en la Unión Europea, la convierten en una potencia pesquera a nivel mundial. La producción pesquera nacional se estima en más de un millón de toneladas de pescados y mariscos, y el valor total de esta producción supera los 2.000 millones de euros.

Cuando se tienen presentes estos datos es más fácil imaginar la magnitud que alcanza la explotación de los recursos pesqueros por parte de los buques españoles y el impacto que puede llegar a ocasionar sobre el ecosistema marino si no existe una gestión adecuada.

La actividad pesquera pasa por un momento muy crítico porque hay muchos barcos para pocos peces. Esta actividad nos ha suplido de pescados y mariscos desde tiempos remotos sin que hubiera ningún conflicto. Pero en las ultimas décadas, con la innovación tecnológica en la detección y la potencia de las embarcaciones y aparejos de pesca, se ha disparado la explotación de estos recursos, que pese a ser renovables, se ha demostrado que no lo son al mismo ritmo que la explotación que sufren.

Los datos son claros, mas del 80% de los stocks están sobreexplotados, un 30% de ellos por debajo del limite de seguridad biológica, y las 3/4 partes del pescado que compramos en la UE procede de importaciones. El pescado que capturamos en nuestras aguas pertenece, en su gran mayoría, al estadio juvenil, y los pescadores artesanales apenas pueden cubrir los gastos de su actividad porque sus productos no pueden competir con los precios de los productos importados.

Política Pesquera Común

La Política Pesquera Común (PPC) actual, que entró en vigor en 2002, introdujo algunos cambios positivos para regular este sector y controlar la sobreexplotación; cambios relacionados sobre todo con la gestión a largo plazo, la participación, el control y la asignación de ayudas. Pero se ha demostrado que hoy la situación es incluso peor que cuando entró en vigor la actual normativa, por lo que se puede afirmar que ha sido un fracaso.

Uno de los principales motivos de este fracaso fue que en la PPC de 2002 no se priorizó la sostenibilidad ambiental como requisito previo a la explotación del recurso. Ahora entramos en un proceso de reforma para tener una nueva PPC en 2013, que integre otras políticas que afectan al medio marino, que actualice las directivas, reglamentos y otras regulaciones para sintonizar las leyes nacionales con las comunitarias, y que sea capaz de revertir la situación actual de los caladeros hacia una nueva que permita la pesca sostenible a largo plazo en un ambiente marino saludable.

Para que esto pueda suceder, la nueva política tiene que basarse en dos pilares que se crearon hace tiempo pero que se han ignorado completamente en la política pesquera actual: el principio de precaución de la FAO (1995) y el enfoque ecosistémico que permita un buen estado de nuestros mares (Directiva Marco de la Estrategia Marina).

Además, todos los países deben asumir su responsabilidad para erradicar la pesca ilegal y los descartes, que son los principales causantes de la sobreexplotación pesquera. Se necesita mayor voluntad política para una mejora en la gobernanza del medio marino. El control que existe hoy en la pesca es ridículo, y aunque se mejoren las leyes, es imprescindible un cambio radical en el seguimiento y control de las buenas prácticas. Por otro lado, los descartes en algunos tipos de arte como el arrastre de fondo pueden llegar a constituir el 80% de la captura, lo que significa que sólo el 20% de lo que se ha capturado va a llegar a lonja y se comercializará, mientras que el resto será devuelto al mar pese a que estos peces ya estén muertos.

Si estos preceptos del principio de precaución y el enfoque ecosistémico se cumplieran, podría haberse evitado la situación actual y el sector no estaría en crisis. Pero aún estamos a tiempo de frenar la tendencia a convertir nuestros mares en desiertos y la actividad pesquera en leyenda. Tanto en España como en el resto de la Unión Europea existen claros ejemplos de mala gestión política con consecuencias ambientales. De entre las especies más apreciadas tanto dentro como fuera de nuestras fronteras, y por tanto también de las más explotadas, la anchoa y el atún son casos representativos de lo que supone una gestión indebida, con escasa o nula previsión a largo plazo y ningún rigor científico.

La crisis de la anchoa

La anchoa (Engraulis encrasicolus), especie de escasa longevidad (en torno a 4 años), y que se caracteriza por su fuerte dependencia en los factores ambientales y por sus altas tasas de natalidad y mortalidad, sufre por ello grandes oscilaciones anuales en la abundancia de sus poblaciones, haciendo muy difíciles las predicciones sobre el estado de este recurso.

El Golfo de Vizcaya ha sido una zona en la que siempre ha existido una presión enorme sobre la población de anchoa. Durante los años 60 se obtuvo la mayor productividad de esta pesquería, pero en los 70 empezaría a darse un descenso de las capturas sin que se haya visto una recuperación clara en ningún momento desde entonces.

El hecho de que a mediados de mayo de 2005 las capturas fueran solamente el 1% de la media de capturas anuales fue el detonante para que por fin se decidiera el cierre de una pesquería que ya llevaba años avisando de su colapso (desde el 2002 las capturas siempre fueron menos de la mitad de la media de las capturas de los años 90).

Durante estos casi 5 años de veda la población se ha ido recuperando lentamente, pero sin alcanzar en ningún momento la que se considera su biomasa de precaución (33.000 toneladas), necesaria para garantizar su recuperación.

Las últimas estimaciones del año pasado indicaban una biomasa cercana a las 28.000 toneladas. Sin embargo, el pasado diciembre la UE tomó la decisión de reabrir el caladero desde marzo del presente año, limitando las capturas a 7.000 toneladas.

Se trata si duda de un acto de irresponsabilidad por parte del Consejo de Ministros de la UE, ya que no existe indicio alguno que garantice la recuperación de la población de la anchoa en las aguas cantábricas si se levanta la veda.

El atún rojo en peligro

Otro claro ejemplo de despropósito administrativo por parte de los políticos europeos ha sido el del atún rojo en el Mediterráneo.

Hace ya unos años que los científicos vienen advirtiendo que si continua la actual explotación atunera industrial en el Mediterráneo, el colapso de la pesquería será inevitable, poniendo a la población en serio peligro. Tradicionalmente, los atunes eran capturados por los países mediterráneos con métodos artesanales y sostenibles como las almadrabas. Sin embargo, principalmente debido a la presión del mercado japonés, que importa más del 90% de las capturas que se realizan en aguas de la UE, la flota industrial ha ido creciendo en número y potencia hasta límites que son imposibles de soportar por la población de atún rojo del Mediterráneo.

En marzo de 2010, en Qatar, se decidirá qué especies se incluyen en el apéndice I del CITES (Convención sobre el comercio de especies amenazadas), prohibiendo de esta manera su comercio internacional. Si el atún rojo entrase dentro de ese grupo, Japón no podrá comprar más a los países del Mediterráneo, y la población tendrá más garantías de sobrevivir. España, Francia e Italia, los países que se reparten la mayor parte de la cuota de pesca, son los principales culpables de la delicada situación actual, hasta ahora con el consentimiento del Parlamento Europeo. Estos tres países tienen por tanto una enorme responsabilidad en sus manos, desde que hace unos meses el Parlamento Europeo mostrara su apoyo al mensaje lanzado por varios países de la Unión acerca de la inclusión de esta especie en el Apéndice I, tal y como recomiendan los informes científicos de la Comisión Internacional para la Conservación del Atún Atlántico.

De manera bastante inesperada, Italia ha anunciado recientemente que también respaldará la postura a favor de la inclusión. A la espera de la decisión que tome el Gobierno de Francia (quien ya abogó hace unos meses por la protección del atún rojo, pero que se retractó al poco tiempo por presiones de los lobbies pesqueros), España no se decanta por ninguna de las dos posturas. Sin embargo, la Presidencia semestral española de la UE debería aprovecharse de su situación para guiar a los demás países implicados hacia la conservación de un recurso pesquero tan importante, tanto histórica como económicamente, en lugar de seguir abogando por una inminente condena del atún rojo.

Esperemos que para la reunión del CITES de marzo se hayan tomado ya las decisiones correctas por parte de nuestros líderes y se pueda proteger la especie de su extinción.




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