Son 18 veces superiores a los dedicados a investigación energética y ambiental

Cuando el Partido Popular subió al poder, allá por el año 1996, decidió apostar por la Investigación y el Desarrollo (I+D) militar en detrimento de la civil –su presupuesto se incrementó en más del 400%– e hizo lo posible por esconderlo de los ojos de la opinión pública. El relevo en el Gobierno no ha comportado cambio alguno en esta política. Antes al contrario, en los presupuestos de 2006, se refuerzan sus principales rasgos: prioridad a la I+D para la guerra y ocultación de gran parte de los fondos militares en partidas de nombre civil, gestionadas por el Ministerio de Industria. Y todo ello pese a que España es ya el segundo país occidental que mayor porcentaje de I+D dedica al desarrollo de armas, superado tan sólo por EE UU.

Miguel Ángel Molina, Fundació per la Pau, Campaña Por la Paz: ¡No a la investigación militar!

El objetivo de la investigación con fines militares es muy simple y a la vez terrible: crear nuevas armas más eficaces que, en el mejor de los casos, no se utilizarán y, en el peor, serán herramientas de destrucción. Los últimos cien años han contemplado una auténtica explosión de nuevos armamentos, producto del crecimiento imparable de la I+D militar, que han dotado a los ejércitos de un poder de devastación sin precedentes en la historia. Si en las guerras de finales del siglo XIX la mayoría de las víctimas eran soldados, en la actualidad, y fundamentalmente como resultado de esas nuevas armas, el 90% de los muertos son civiles. Además, los daños ambientales que producen las guerras se han multiplicado.

En todo el mundo, la investigación con finalidad militar implica directamente a un millón de científicos y recibe más del 30% de los gastos destinados a Investigación y Desarrollo. Esto supone unos 112.000 millones de dólares, cinco veces más que los fondos dedicados a investigación sanitaria, o diez veces los de investigación agrícola. Los presupuestos para investigación militar, además, están creciendo rápidamente en la mayoría de países occidentales. El líder en este terreno es EE UU, un país que, por sí solo, es responsable de más de las dos terceras partes del gasto mundial en I+D militar.


Un 27% más para I+D militar

Durante los últimos años, los sucesivos Gobiernos españoles han seguido la estela de EE UU y han apostado a fondo por la I+D para la guerra, hasta llegar a la situación actual, que podríamos calificar de escandalosa. En efecto, España es uno de los países desarrollados que menos invierte en ciencia (apenas el 1,1% del PIB en 2003, mientras que la media de la UE se aproxima al 2%). En cambio, dedica cuantiosos recursos a la I+D militar. Según los Presupuestos Generales del Estado, recientemente aprobados con el apoyo de la mayoría de grupos políticos, al menos el 26% del gasto público en I+D para 2006 irá a parar a programas militares. Éstos recibirán 1.684 millones de euros, lo que supone un incremento del 27% respecto a 2005 y convierte al sector militar en uno de los grandes beneficiarios del aumento, tan publicitado por el Gobierno, de la inversión en investigación.

Y todo ello, como si el gasto en I+D para la guerra no se hubiera ya incrementado en más del 400% durante los últimos años (ver fig. 1), haciendo de España –según el último informe de la OCDE– el segundo país occidental que más porcentaje del PIB dedica al desarrollo de nuevas armas, por detrás tan sólo de EE UU.

Así, en 2006 el Estado español gastará en I+D militar 34 veces más que en investigación oceanográfica y pesquera, 27 veces más que en investigación agrícola o 18 veces más que en investigación energética y ambiental. Y los gastos en I+D para la guerra casi triplicarán a los del programa de “investigación científica”, fuente principal de financiación de la I+D en el conjunto de universidades y centros públicos de investigación españoles (ver fig. 2). Dicho programa, además, apenas recibe el 9,2% del total de gastos en I+D presupuestados y, aunque aumenta en cifras absolutas respecto al año pasado, su peso relativo se ha recortado significativamente (suponía el 10,4% en 2004 y el 10,3% en 2005).

Las mentiras del Gobierno

La cifra de 1.684 millones de euros dedicados a I+D para la guerra es el resultado de sumar el presupuesto de investigación centralizado desde el Ministerio de Defensa, que asciende a 326 millones de euros, con los anticipos que facilita el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, que para 2006 están presupuestados en 1.358 millones de euros. La práctica totalidad de estos fondos se destinan al diseño y construcción o modernización de nueve tipos distintos de armamento de carácter claramente ofensivo (tanques, aviones de combate, mísiles…), lo que se aviene mal con la declarada vocación humanitaria del Ejército español. Y van a parar, fundamentalmente, a cinco empresas del sector militar: juntas, se llevan un presupuesto que duplica sobradamente el que reciben todas las universidades españolas más el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) para I+D civil. De hecho, sólo una de ellas, General Dynamics –que se cuenta entre los cinco principales proveedores del Pentágono y en la que trabajó Donald Rumsfeld, Secretario de Defensa de EE UU–, recibirá del Estado español en 2006 unos fondos superiores a los que nuestro país dedica, por ejemplo, a investigación sanitaria.

Los presupuestos para 2006 siguen, así, la política iniciada por los Gobiernos Aznar de ocultar la mayor parte de los fondos para I+D militar en partidas de nombre civil, gestionadas por un Ministerio también supuestamente civil (antes el de Ciencia y Tecnología, ahora el de Industria). De esta forma, el Gobierno Zapatero busca esconder ante la opinión pública su compromiso con la industria militar y la I+D para la guerra. Además, incumple por segundo año consecutivo la promesa que el PSOE hizo en su programa electoral –en respuesta a las recurrentes denuncias expresadas por científicos, universidades, y diversas instituciones y colectivos– de contabilizar como gastos de I+D “los que realmente sean utilizados para estos fines, reubicando los correspondientes gastos militares destinados a la fabricación de armamento en el lugar adecuado”. Incluso, en la rueda de prensa de presentación de los PGE, el vicepresidente, Pedro Solbes, indicó que para 2006 se separaría la inversión militar de los gastos en I+D civil. A la luz de los datos, o se equivocó o faltó a la verdad. Como falta también a la verdad el propio presidente del Gobierno cuando dice estar “a favor de la paz” y, en sus Presupuestos, apuesta tan descaradamente por la I+D para la guerra.


Campaña Por la Paz: ¡No a la investigación militar!

Lejos de permanecer pasivos ante su progresiva militarización, las trabajadoras y trabajadores del ámbito de la ciencia hemos comenzado a movilizarnos en el marco de la Campaña Por la Paz: ¡No a la investigación militar! (www.noalainvestigaciónmilitar.org). Las personas y los colectivos que participamos en la campaña creemos que el objetivo de la investigación científica debe ser el desarrollo de conocimientos básicos y aplicados dirigidos a mejorar el bienestar de la humanidad y la preservación de la biosfera y consideramos a la I+D militar como una auténtica anticiencia. Nuestro fin último, por tanto, es conseguir la transferencia de los recursos que se dedican a investigación militar hacia áreas civiles, cortando el ciclo armamentista desde su raíz

La campaña nació en 1999 por iniciativa de la Fundació per la Pau, una ONG catalana que trabaja en el ámbito de la cultura de la paz, y actualmente cuenta con la participación de más de cuarenta colectivos y entidades. A lo largo de estos siete años, ha ido desarrollando toda una serie de propuestas, más allá de las necesarias actividades de sensibilización. Así, unos 2.300 investigadores de numerosas universidades, centros del CSIC y empresas privadas han suscrito ya la Declaración de Objeción Científica que promueve la campaña. En ella, los firmantes se comprometen a no participar en ninguna investigación con fines militares y se declaran a favor de la transparencia presupuestaria y de la transferencia de recursos a la investigación civil. Esta iniciativa es pionera, dado que nunca en ningún otro país se había lanzado una campaña masiva de objeción científica.

Por otra parte, la Cláusula de Buen Uso consiste en una breve fórmula que, incorporada a las patentes y publicaciones científicas, podría impedir su uso con fines militares. La primera tesis doctoral que incorpora la citada cláusula la presentó en 2004 Isidoro Albarreal, un investigador de la Universidad de Sevilla, y ya le han seguido diversas tesis en varias universidades, así como algunos trabajos científicos.

Además, trece universidades españolas han incorporado a sus estatutos el compromiso por la paz y la renuncia a la investigación militar, lo que constituye una importante herramienta de trabajo para el futuro. En representación de todas ellas, se puede citar el artículo 118.2 de los Estatutos de la Universidad de Valladolid: “La Universidad de Valladolid, asumiendo los compromisos por el desarrollo humano sostenible y la paz, expuestos en el Título Preliminar de los presentes Estatutos, considerará el impacto ambiental de los proyectos y no participará en proyectos de investigación con fines bélicos o que contribuyan al desarrollo directo de sistemas armamentísticos”.