La Comisión emprende acciones judiciales por el aeropuerto de Ciudad Real

La Comisión Europea ha decidido llevar a España ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas por no haber llevado a cabo una evaluación de impacto ambiental (EIA) correcta en relación con el proyecto de construcción de un aeropuerto en Ciudad Real.

La Comisión considera que la evaluación de impacto ambiental de este proyecto, llevada a cabo por las autoridades españolas, es insuficiente por varios motivos.

No se esbozan adecuadamente las alternativas estudiadas por el promotor ni se ha hecho la evaluación de impacto de las instalaciones relacionadas con el proyecto (carreteras de acceso, suministro de electricidad, etc.).

Al no haber evaluado adecuadamente las repercusiones de todos los aspectos del proyecto sobre el medio ambiente, España infringe la Directiva sobre la evaluación del impacto ambiental, la cual exige que los Estados miembros realicen, antes de su autorización, una evaluación del impacto de los proyectos públicos y privados que pudieran tener repercusiones significativas sobre el medio ambiente.

La falta de una evaluación de impacto ambiental significa que los ciudadanos pierden la oportunidad de expresar su opinión sobre el proyecto. Puede también significar que se pasa por alto el mejor método para proteger el medio ambiente y se causa más daño del necesario.Además, el aeropuerto está situado al lado de una zona clasificada de protección especial por las autoridades españolas en aplicación de la Directiva sobre aves silvestres de la UE.

En la zona viven aves amenazadas, sobre todo aves de las estepas. La Directiva sobre aves exige que los Estados miembros hagan todo lo posible para evitar la contaminación o el deterioro de los hábitats, incluso fuera de las zonas de protección. Como España no ha estudiado adecuadamente las repercusiones del proyecto en la fauna y la flora silvestres de la zona, no se pueden tomar las medidas necesarias para prevenir o evitar el deterioro de los hábitats. Por ello, España infringe también la Directiva sobre las aves silvestres.

En diciembre de 2003, la Comisión envió a España una primera advertencia por escrito de que debían evaluarse todas las repercusiones de la construcción del aeropuerto de acuerdo con las directivas sobre aves y de EIA.

En enero de 2004, las autoridades españolas enviaron una respuesta en la que indicaban una serie de estudios que se habían realizado. No obstante, la Comisión consideró que esos estudios no constituían las necesarias evaluaciones de impacto y remitió, por ello, una última advertencia por escrito en julio de 2004.

En su respuesta, las autoridades españolas declararon que, para poder llevar a cabo la correcta evaluación de impacto, se había paralizado el proyecto. Pese a esta afirmación, la Comisión ha obtenido pruebas de la continuación de las obras de construcción, por lo que lleva el asunto ante el Tribunal.

Ante todo ello, Ecologistas en Acción ha exigido la dimisión del presidente de Castilla-La Mancha, José María Barreda, y de la consejera de Medio Ambiente, Rosario Arévalo, máximos responsables de esta situación, uno por acción y la otra por omisión en sus actuaciones.

En este sentido, subrayan que el papel que jugó José María Barreda como vicepresidente del Gobierno regional en la anterior legislatura fue clave para que los promotores burlaran la legislación europea de medio ambiente, poniendo en grave riesgo la Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) del Campo de Calatrava.

Asimismo, la petición de dimisión afecta también a la consejera de Medio Ambiente por su falta de valentía para cumplir con su trabajo de defender los valores ambientales de la región, por encima de los intereses de partido y de los promotores privados.

Ecologistas en Acción reitera la exigencia de paralización de las obras impuesta por el Ministerio de Fomento, medida que está siendo burlada por los promotores.




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