La tala de árboles nos ha costado 70.000 euros

El pasado mes de octubre se procedió a la tala de la práctica totalidad del arbolado de la Avenida de Andalucía por orden expresa del alcalde y de los concejales de Medio Ambiente y Obras y Mantenimiento Urbano. Esta tala dio lugar a una dura polémica, al denunciar los ecologistas que estaba totalmente injustificada y que suponía una atentado contra un patrimonio -el arbolado urbano-, de todos los portuenses.

Tanto el alcalde como los concejales directamente implicados en esta lamentable decisión intentaron justificar la tala con diversos argumentos que se demostraron totalmente falsos. Primero dijeron que era una petición de los vecinos por los daños causados, cuando accedimos al expediente pudimos comprobar que no existía tal solicitud ni informe de daños, y si hubiera existido habría que haber tenido en cuenta la opinión de la totalidad de los vecinos del barrio y de El Puerto, y no sólo la de un par de personas allegadas al alcalde, que fueron, al parecer, los que lo pidieron de forma verbal. Después argumentaron que las tipuanas no son árboles adecuados como arbolado urbano, cuando es uno de los más utilizados en todas las ciudades de nuestro país, y proliferan en diversas calles y plazas de El Puerto.

Avda. de Andalucía en octubre de 2009, cuando se inició la tala “sostenible” del arbolado

Pero lo más lamentable fue el comprobar que mintieron cuando argumentaron que se trataba de una actuación necesaria para la ejecución del proyecto de mejora del acerado y del alumbrado. Nada más lejos de la realidad. El proyecto denominado “Pavimentación y alumbrado público de la Avenida de Andalucía” fue contratado a la empresa Suralmaq S.L. haciendo constar en el mismo que “Las finalidades del presente proyecto son mejorar las condiciones de seguridad y adaptar la avenida de Andalucía a las actuales normas de diseño de urbanización, eliminación de barreras arquitectónicas y compatibilizar una correcta iluminación con el frondoso arbolado existente”, destacando que “El arbolado necesita una poda que controle su rápido crecimiento, tanto de ramas como de raíces”. Ni una mención a la necesidad de la tala, muy al contrario, el proyecto prevé la total conservación del “frondoso arbolado”.

Estos hechos fueron denunciados por Ecologistas en Acción ante la propia Policía Municipal, que se negó a paralizar la tala a pesar de no existir autorización formal de la misma. De hecho la tala se inició el miércoles 14 de octubre, cuando la orden de tala la firmó el concejal Obras y Mantenimiento Urbano el día 16, cuando ya estaban todos talados. Anteriormente la concejala de Medio Ambiente mandó un correo electrónico al sr. Candón en el que se hacía constar que “Siguiendo instrucciones del Sr. Alcalde el Área de Medio Ambiente autoriza la tala de un árbol cada dos existentes en la Avenida de Andalucía…”. No existe en el expediente ningún informe técnico ni del Área de Medio Ambiente ni de la de Urbanismo que proponga y demuestra la necesidad de dicha tala y la no existencia de soluciones alternativas para evitar las molestias ocasionadas por el arbolado sin necesidad de talarlo.

Este desgraciado culebrón no acaba con esta tala lamentable y la destrucción de uno de las mejores arboledas de nuestra ciudad. El 11 de noviembre la empresa Excavaciones y Construcciones La Florida S.L. presentó factura por 11.136 € en concepto de tala del arbolado. El director de la obra y Jefe de Servicio de de Infraestructura y Urbanización, Jesús Sevilla, advierte que esta actuación no estaba en el proyecto y no se puede abonar al tratarse de “una actuación ordenada y ejecutada al margen del desarrollo normal de la ejecución del proyecto, y de la cual no ha tenido conocimiento la Dirección de Obra hasta que estaba ejecutada”. Esto motivó la redacción de un nuevo proyecto para adecuarlo a las nuevas circunstancias de una avenida sin árboles, proyecto modificado que ha supuesto un sobre coste de 70.281 € a cargo de la nada boyante caja municipal. El interventor, ante tanta irregularidad solicitó al Servicio de Infraestructura y Urbanización que aclarara por qué “la tala del arbolado nos e incluyó ya en el proyecto original, o en su caso, en el modificado”.

Tras la terminación de las obras se ha podido constatar como también el alcalde y la ex concejala de Medio Ambiente mintieron cuando aseguraron que era una tala “sostenible” y que se repondría el mismo número de árboles en esta avenida. Se han talado 64 grandes tipuanas, y se han plantado 10 ridículos árboles del amor, algunos de los cuales se encuentran ya secos.

Avenida de Andalucía en agosto de 2010

Ecologistas en Acción considera impresentable que los responsables municipales hayan incurrido en continuas falsedades para justificar lo injustificable: la destrucción de una de las mejores arboledas urbanas en base a un pronto de un alcalde, a la cobardía de una concejala de Medio Ambiente y a la sumisión de un concejal de Obras y Mantenimiento Urbano a las presiones del alcalde y de algunos vecinos que no representan a nadie. El expediente de este proyecto al que ha tenido acceso Ecologistas en Acción, y que está a disposición de los medios de comunicación, demuestra que todo se hizo de forma precipitada, sin informe técnico alguno, sin una petición formal de la mayoría de los vecinos del barrio, en base a órdenes verbales, mintiendo a los ciudadanos sobre la causa de la tala y ocultando que supondría un sobrecoste significativo sobre el proyecto contratado.

Ecologistas en Acción va a solicitar en el próximo Pleno municipal que:

- Se proceda a reponer el mismo número de árboles que se talaron en la Avenida de Andalucía, con un porte semejante a los talados.

- Que el coste de la tala y de la replantación sea asumida por los que de forma arbitraria e ilegal ordenaron esta tala: el alcalde, la ex concejala de Medio Ambiente y el concejal de Obras y Mantenimiento Urbano, posibilidad que viene estipulada en los arts. 145 y 146 de la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, que permite exigir responsabilidades patrimoniales a las autoridades y personal al servicio de las administraciones públicas cuando hayan actuado con “dolo, culpa o negligencia grave”.




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