Dos exdelegadas de Medio Ambiente ante la Fiscalía

“Río” Guadalete a su paso por Grazalema en la que puede observarse el edificio paralizado que se pretendió construir en su cauce natural.

En octubre de 2005 Ecologistas en Acción presentó denuncia ante la Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente (CMA) por las obras que se estaban llevando a cabo en Grazalema consistentes en encauzamiento y desvío del cauce del río Guadalete para favorecer la construcción de un bloque de pisos, advirtiendo que infringían la normativa del Parque Natural Sierra de Grazalema y la Declaración de Impacto Ambiental del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU).

A raíz de esta denuncia se procedió a la paralización de las obras y a la apertura del correspondiente expediente sancionador que culminó en marzo de 2006 con una Resolución de la entonces delegada provincial Isabel Gómez García por la que se sancionaba a la empresa constructora INMOCENTRAL a una multa de 6.010 €, el mínimo que estipula la Ley, y a restaurar el río a su estado original.

Cuando Ecologistas en Acción pidió explicaciones de por qué se imponía una sanción tan ridícula por hechos tan graves ocurridos en un cauce público y en el interior del Parque Natural Sierra de Grazalema, la entonces delegada Gemma Araujo contestó textualmente que “Respecto a la cuantía de la sanción impuesta, hay que tener en consideración que no se estimó la concurrencia de agravante alguna, entre las previstas en el artículo 65 de la Ley 7/1994, ya que las obras se ejecutaban en el casco urbano de Grazalema y no en el interior el Parque Natural, tal como recogía el informe del Director Conservador…”.

Ante esta evidente falta a la verdad para justificar una sanción mínima, Ecologistas en Acción solicitó un informe jurídico a la Consejería de Medio Ambiente para determinar si los núcleos urbanos pertenecen a este parque natural. Tras más de dos años, por fin los Servicios Jurídicos de la CMA dictaminaron que los cascos urbanos de los municipios incluidos en este parque natural pertenecen al mismo, por lo que queda en evidencia que estas dos responsables públicas, y el anterior director del parque que, según asegura la sra. Araujo en su escrito, certificó que el pueblo de Grazalema no pertenecía al parque natural, podrían haber incurrido en sendos delitos de falsedad documental y prevaricación.

Ecologistas en Acción espera que la Fiscalía tome cartas en este asunto que tiene una gran trascendencia, pues en estos últimos años la CMA se ha negado a intervenir ante las numerosas ilegalidades que se han venido cometiendo en los cascos urbanos del parque natural aduciendo que “no pertenecían al parque”.




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