Aniversario Catástrofe de Aznalcóllar (Doñana)

En la madrugada del 25 de abril de 1998 una riada de lodos tóxicos invadió las tierras de los pueblos ribereños del río Guadiamar y llegó hasta Doñana. Un embalse de 8 Hm3, propiedad de la empresa sueca Boliden, millones de litros de lodos ácidos con un alto contenido en metales pesados y otros elementos tóxicos.

La balsa de las minas de Aznalcóllar, propiedad de la empresa Boliden-Apirsa, vertió millones de metros cúbicos de lodos y aguas tóxicas al río Guadiamar, afectando a los Parques Natural y Nacional de Doñana, y al estuario del Guadalquivir. Nadie dimitió, nadie ha sido procesado.

Ecologistas en Acción desde un primer momento se comprometió ante la opinión pública a exigir responsabilidades políticas, administrativas y penales hasta el final. Ante los incomprensibles archivos llevados a cabo por el Juzgado de Sanlúcar la Mayor primero, y la Audiencia Provincial de Sevilla después, se presentó un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional que, desgraciadamente, terminó archivando definitivamente esta causa.

Los Tribunales han desestimado también las demandas civiles presentadas por el Ministerio de Medio Ambiente y la Junta de Andalucía que pretendían hacer pagar a Boliden 150 millones de euros, sólo una parte de los 250 millones de euros que ya nos ha costado a todos los ciudadanos este desastre. Ni hay ni habrá responsabilidades penales ni tampoco civiles. Boliden no solo se ha ido sin pagar las facturas del vertido, sino que ha cobrado 36 millones de euros de subvenciones.

Es evidente que los Tribunales no han cumplido con el deber de tutelar el bien jurídico protegido, cual es el derecho fundamental a un medio ambiente adecuado y a la salud pública. La impunidad en nuestro país ante una catástrofe ecológica de esta envergadura va a ser total.

Las consecuencias ecológicas del vertido tóxico han sido de unas dimensiones enormes: 80 kilómetros de cauces afectados, 4.600 hectáreas de nueve municipios envenenadas, caladeros cerrados por contaminación de cadmio, cinc, cobre y arsénico, siete millones metros cúbicos de lodos retirados, 30 toneladas de animales muertos, acuíferos altamente contaminados, récord mundial de concentración de metales pesados en aves acuáticas, 5.000 puestos de trabajo hipotecados...

La mina de Aznalcóllar es una evidencia de la insostenibilidad del modelo de minería a cielo abierto. Los beneficios económicos obtenidos en su día, más por la obtención de subvenciones públicas y por el tráfico de residuos que por la explotación de mineral, fueron a parar a la multinacional sueca Boliden, mientras que la gestión de los millones de metros cúbicos de residuos generados que forman enormes escombreras altamente tóxicas y la de la corta repleta de lodos tóxicos corre a cargo de la Junta de Andalucía, que no exigió nunca los avales exigibles por ley a la empresa para asegurar los gastos de restauración, gastos que pueden llegar a los 500 millones de euros de dinero público.




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