El fracaso del mercado eléctrico

El axioma de que el mercado optimiza los precios ha saltado por los aires

Ladislao Martínez, Ecologistas en Acción

La liberalización que se introdujo hace unos años en el mercado de la electricidad hace aguas por todos lados. Se da la paradoja de que, junto a beneficios récord de las compañías eléctricas, éstas declaran que las tarifas que cobran no cubren los gastos en los que incurren. Además, el marco normativo existente provoca que, en lugar de potenciarse las instalaciones menos emisoras de CO2, se haga lo contrario. Desentrañar las claves de esta penosa situación es el objetivo de este texto.

Los datos que ofrece el sector eléctrico español del año 2005 harían tambalear la fe en la competencia incluso de los creyentes más firmes. Casi todas las compañías con presencia en el sector ofrecieron cifras de beneficios récord, obtenidos en un mercado que funciona en competencia (y que por tanto tiende a optimizar/bajar los precios), al tiempo que se computó un déficit tarifario de unos 3.800 millones de euros.

Para entender en qué consiste este déficit, hay que saber que en el sistema eléctrico peninsular coexisten simultáneamente mercados sin regulación –donde los agentes económicos (productores y comercializadores) fijan los precios mediante mecanismos de oferta y demanda [1]– y actividades reguladas –en la que los consumidores adquieren la electricidad a compañías distribuidoras por un precio regulado administrativamente: las tarifas eléctricas–. La tarifa se fija por el Gobierno en la última semana de cada año y está en vigor durante todo el año siguiente [2]. El déficit se produce cuando el dinero recaudado a través de la tarifa no alcanza para cubrir los costes determinados en el mercado más los llamados costes regulados que incluyen los de transporte y distribución de electricidad, los llamados costes de suministro... Cuando esto ocurre, la diferencia la saldan (anticipan) las compañías productoras [3] que tienen derecho a recuperarlas en años posteriores. Las compañías reflejan el déficit en sus cuentas de resultados como si fuera un préstamo a la tarifa eléctrica. Pero es obvio que sigue siendo un enigma que en años de dificultades (manifestadas en la existencia de déficit) las compañías se forren en un marco de competencia.

Un agotado modelo de oferta competitiva

La explicación oficial a esta situación es que se trata de mercados poco competitivos y por ende, la solución sería introducir más competencia [4]. Por mi parte temo que se trata de algo más complejo porque también, en todo el mundo, las compañías petrolíferas obtienen beneficios récord en tiempos de subidas de precio del petróleo. La competencia es mayor que en las eléctricas, pero nunca se les ocurre reducir más los márgenes para ganar cuota de mercado. Se habla mucho de la posición de dominio de Endesa e Iberdrola, pero en generación también está Enel-Viesgo, Hidrocantábrico, Unión-Fenosa y crecientemente Gas Natural, además de alguna instalación de producción de compañías foráneas. También tiene su significación que la quinta parte de la producción bruta se dé en el llamado régimen especial, que aunque no participa todo él en el mercado, influye en los precios resultantes [5].

Sin descartar por tanto la importancia del cuasi-dupolio en generación y su capacidad de manipular el mercado, las razones del extraño comportamiento son también otras. Cabe hablar del agotamiento de un absurdo modelo de oferta competitiva diseñado por Josep Piqué en su época de Ministro de Industria [6] que parecía bajar los precios eléctricos en coyunturas favorables de materias primas y tipos de interés bajos, pero que reventó al cambiar el ciclo. De obstinación del Gobierno del PSOE por no subir más los precios que su antecesor del PP [7] para no afectar a la inflación cuando evidentemente el ciclo había cambiado. Y de un diseño de compensaciones al régimen especial que refuerza las tendencias alcistas [8].

Menos publicitado fue el balance ambiental del sistema eléctrico también en 2005, que resultó desastroso. En un contexto europeo en que a casi todo el sector afectado por la directiva de comercio de emisiones le sobraron derechos [9], la generación de electricidad en nuestro país tuvo que comprarlos. Las causas oficiales fueron el crecimiento de la demanda de electricidad (del 4,3%), la excepcionalmente baja hidraulicidad del año y los problemas de funcionamiento de las centrales nucleares. Pero como es habitual, las versiones oficiales omiten los aspectos incómodos. Se omite, por ejemplo, que la energía eólica creció mucho hasta casi compensar la bajada de la hidraulicidad y que el absurdo mercado eléctrico contribuyó decisivamente a esta situación. Las centrales de carbón y fuel tuvieron que comprar derechos (ver tabla) mientras que los ciclos combinados y la cogeneración (que aparece como otras combustiones en la tabla) los vendieron. En lugar de potenciarse el uso de tecnologías menos emisoras de CO2, el irracional mercado eléctrico español provocó lo contrario.

O dicho con números, los 11.565 MW de carbón que según REE había en el sistema peninsular a final de 2005 generaron 77.795 GWh, mientras que los 12.258 MW de gas sólo produjeron 48.098 GWh. Esto es, las nuevas centrales de gas pararon para que produjeran las viejas de carbón. Esto tuvo otro efecto colateral y es que se volvió a incumplir la legislación [10] de emisión de contaminantes ácidos, que establece que no pueden emitirse al año más de 277.000 toneladas de NOx en las centrales antiguas.

En definitiva se contribuyó innecesariamente al cambio climático, se emitieron contaminantes ácidos y se provocó la formación de ozono. Otro déficit tarifario oculto que se cobró al medio ambiente.

A finales de 2005 el Gobierno estableció la obligación de los promotores de centrales de gas en ciclo combinado que estuvieran pendientes de declaración de impacto ambiental de establecer un aval del 2% del coste previsto de instalación [11]. Esta decisión se tomó inspirada por el Ministerio de Medio Ambiente, que sufre un colapso en la tramitación de un gran número de estos proyectos, que a todas luces son superfluos. No hay que olvidar que tienen derechos de emisión en el plan actual 17.600 MW de centrales de gas, si se les suman las que ya tienen declaración de impacto positiva la cifra supera los 25.000 MW. Y se tramitaban más de ¡39.000 MW! con obligación de depositar aval. El Plan de infraestructuras de gas y electricidad juzga necesarios, con evidente exageración, entre 24.000 y 35.000 MW antes de 2012.

Agitación en 2006

En el primer trimestre del nuevo año se mantuvieron las tendencias del anterior. Endesa presume de que el beneficio neto del negocio de España y Portugal ha alcanzado un crecimiento del 49,5%. Este crecimiento porcentual, destaca la propia Endesa, es muy superior a la senda de crecimiento establecida en su Plan Estratégico 2004-2009, que es del 12% medio anual. Unión Fenosa afirma que el negocio energético en España ha alcanzado un resultado de explotación de 314,8 millones de euros, un 62,3% superior al del ejercicio anterior. Iberdrola, más moderada, ofrece un crecimiento de su resultado de explotación en el negocio energético nacional de un 15%, y de su beneficio neto de tan sólo un 2,8%. Para el conjunto de las tres empresas, el resultado de explotación del negocio de la energía en España, según las cifras que han presentado, habría aumentado en 417 millones de euros, un 32,4%. En paralelo el déficit tarifario llevaba una evolución aún peor que en 2005.

Ante este escándalo de resultados, el Ministerio de Industria abandonó la sorprendente pasividad que había manifestado hasta ese momento [12] le introdujo una significativa modificación legal en marzo: el RDL 3/2006. En este Decreto-Ley se obligaba a empresas del mismo grupo (productoras y distribuidoras, p. ej. Endesa generación y Endesa distribución) a canjearse entre sí toda la electricidad posible mediante contratos bilaterales físicos, acudiendo al mercado sólo con los excedentes o demandas netas. Se fijaba, además, el precio de la electricidad de estos contratos en 42,35 euros/MWh. Éste es el precio medio estipulado para el año 2006. También se establecía que se descontarían de los costes las emisiones de CO2 asignadas gratuitamente en los planes de emisiones a cada grupo de empresas. Quedaba, y cuando se escriben estas notas aún queda, en el aire el mecanismo concreto para descontar estos derechos, aunque parece haber acuerdo en que el precio provisional será de 20 euros/MWh.

Cuando se presentó en las Cortes para convalidar el Decreto-Ley [13], Montilla indicó que en su primer día de aplicación el precio de la electricidad había bajado un 13,7%. Una evidente prueba de eficacia.

Pero la partida estaba lejos de concluir. Iberdrola, sintiéndose perjudicada por la medida y pretextando que ésta le obligaba a producir en pérdidas, se lanzó a una estrategia de filibusterismo que continúa cuando se escriben estas notas. Su filial de distribución realiza ofertas de adquisición de electricidad a precios muy bajos, de forma que al no haber producción suficiente a ese precio su demanda no es atendida en el mercado ordinario. Pero como por otro lado tiene que atender a sus clientes, la demanda pasa al mercado de restricciones, en la que es cubierta con una generación de mucho mayor coste. Es decir, puja bajo para destrozar el mercado y conseguir comprar alto, que es su verdadera intención.

Esta estrategia de insumisión de Iberdrola ha provocado multitud de reacciones. Endesa amenaza con querellarse contra ella, el Gobierno ha pedido que se investigue a la CNE este extraño comportamiento que, no obstante, es dudoso que sea ilegal, y se ha acentuado la pugna por la interpretación de cómo se descontarán los derechos de emisión gratuitos y de qué manera se asignarán nuevos derechos en el nuevo plan (que por eso ya no se presentará en el plazo inicialmente previsto).

Un futuro incierto

Consciente que el mercado eléctrico hace agua por todos los costados, Montilla quiere, antes de dejar el Ministerio para concurrir como candidato del PSC a las elecciones otoño, hacer nuevas modificaciones. Ha presentado en junio otro Decreto-Ley (RDL 7/2006) en el que se eliminan los llamados Costes de Transición a la Competencia contemplados en la ley 54/97, aduciendo razonablemente que las centrales que se suponía que no podrían competir en un mercado abierto han funcionado muchísimo más de lo previsto. Mantiene no obstante las ayudas tarifarias al carbón de origen nacional primándolo con 10 euros/MWh y los apoyos al fracasado proyecto de Elcogas en Puertollano. Mejora el trato que se otorga a la cogeneración. Establece contratos bilaterales físicos de mayor duración (5 años frente a 1 que hay en la actualidad) al tiempo que sube los precios de la tarifa eléctrica para los grandes consumidores que no van al mercado [14]. Y desconecta el precio a pagar por la electricidad de energías renovables de la subida prevista para el 1 de julio. Montilla indicó, además, que en breve aparecería un nuevo Decreto sobre energías renovables. Este anuncio y la toma de posición del Ministerio contra el exceso de peticiones de parque eólicos en las distintas CC AA hace temer por la evolución futura de estas fuentes.

La situación actual [15] es de gran incertidumbre y puede variar en los próximos meses. Pero una cosa es clara. Ha quedado evidenciada la necesidad de modificar el aberrante marco legal actualmente en vigor. El axioma de un mercado que optimiza precios ha saltado por los aires y son bien visibles las presiones de agentes económicos concretos que pugnan por el reparto del pastel. Es claro, también, que muchos beneficios privados tienen su correlato de daños ambientales que pagamos entre todos. Pero nada de esto se refleja en el borrador de anteproyecto de Ley Eléctrica que Montilla tiene en la manga y que, afortunadamente, no podrá desarrollar antes de dejar el puesto. Ésa es la única buena noticia.

Notas y referencias

Una versión ampliada de este texto puede consultarse en http://www.ecologistasenaccion.org/spip.php?article5579




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