La inundación de la desaladora de Almanzora pudo evitarse

La desaladora construida por Acuamed está siendo investigada por la Audiencia Nacional en el caso conocido como Operación Frontino. Su inundación, un año después de ser inaugurada, provocó daños económicos que pudieron evitarse si la Junta de Andalucía hubiera aplicado la legislación.

Diana Delgado Jiménez, Redacción. Revista Ecologista nº 89.

La desaladora del Bajo Almanzora, con una capacidad de desalación de 20 hectómetros cúbicos anuales, se encuentra situada en el municipio de Cuevas de Almanzora (Almería). Su construcción costó 77 millones de euros, de los cuales 22,7 millones procedían de fondos europeos.

La inauguración oficial fue el 19 de septiembre de 2011. Ecologistas en Acción presentó a la Fiscalía de la Audiencia Nacional un informe denunciando la obra. Según el responsable de la misma, Javier Alcántara, el objetivo perseguido con el diseño de la planta era “conseguir la máxima eficiencia energética de la instalación”, no sólo en “las condiciones óptimas de diseño, sino de una manera flexible, ante variaciones en la calidad de agua captada, de picos de demanda o incluso para las diferentes calidades de producción” [1].

Lástima que no se dieran cuenta de que iban a construirla en la confluencia de dos ramblas, la del Almanzora y la de Canaleja. Un año después de la inauguración se produjeron unas lluvias torrenciales en la zona. Éstas provocaron el desbordamiento de la Rambla de Canalejas. Como consecuencia de ello, según el informe del propio Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, se inundó la desaladora entre 15 y 20 minutos, “alcanzando un nivel de unos dos metros, tal vez superior, en toda la parcela”, declaró el Gobierno.

Un área de alto riesgo

En el informe elaborado por Ecologistas en Acción y presentado a la Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo en febrero de este año, así como ante la Audiencia Nacional, se incluyen fotografías aéreas actuales y de antes de haberse construido la planta, donde puede apreciarse claramente que se construyó en un área de muy alto riesgo de inundación.

Asimismo, se aporta una fotografía de octubre de 1973, en la que se ve correr la rambla del Almanzora con gran cantidad de agua. De hecho, según dice el informe, si en 2012 se hubiese producido una avenida similar a la de 1973, los daños generados hubieran sido mucho mayores.

La desaladora del Bajo Almanzora fue promovida por Acuamed, que encargó su construcción a una UTE liderada por FCC. La inundación la dejó inservible, y el coste de los daños fue de entre 10 y 15 millones de euros. Se produjo entonces un conflicto para ver quién financiaba las reparaciones y, finalmente, altos cargos del Ministerio y Acuamed, con la opinión en contra de técnicos y funcionarios, decidieron compensar económicamente a FCC.

Meses después, dentro de la Operación Frontino, la Audiencia Nacional inició una investigación, en la que señala como irregularidades el acuerdo con FCC para que Acuamed pagara el 40 % “cuando no es responsabilidad de la Administración”. También destaca que existieran otras compensaciones pactadas desde “muy alto nivel en el Ministerio” para que la empresa recuperara dinero a través de “certificaciones infladas” en la descontaminación del embalse de Flix (Tarragona) [2].

Todo esto forma parte de la investigación judicial que actualmente se encuentra en curso, y en la que hay detenidas ya 13 personas.

Asumir responsabilidades

En el informe elaborado por Ecologistas en Acción se considera que la principal responsabilidad de la ubicación de la planta en zona inundable recae sobre la Junta de Andalucía. Ella es la autoridad competente en temas de agua y dominio público hidráulico en las cuencas mediterráneas andaluzas, donde se encuentra situada la desaladora. También advierten de posibles responsabilidades en el Ministerio, el Ayuntamiento y FCC.

La inundación podía haberse evitado. La ubicación elegida para la planta incumple además diferentes normativas vigentes (Ley de Aguas, Plan Hidrológico Nacional y Reglamento del Dominio Público Hidráulico de 2008). Los daños económicos han sido cuantiosos, pero no sólo. Podrían haberse producido también graves daños medioambientales e incluso un riesgo evidente para la vida de las personas.

En opinión de Santiago Martín Barajas, miembro del Área de Aguas de Ecologistas en Acción, lo que ha ocurrido ha puesto de manifiesto, una vez más, la falta de eficacia de los encauzamientos frente a las avenidas, pues cuando se supera el nivel de los mismos, el agua se desplaza sin ningún tipo de control.

No se trata de un problema de falta de legislación. La vigente es bien clara al respecto. Sin embargo, como apunta Barajas, “el problema está en que no se respeta, ni se hace respetar, por parte de las administraciones responsables”. Desde Ecologistas en Acción se estima que “hay más de 50.000 construcciones situadas en cauces o zonas de alto riesgo de inundación”. La mayoría son viviendas, pero también hay polideportivos, restaurantes, campings, y en general todo tipo de construcciones.

Según señala Barajas, “a nivel de lluvias el tema ha cambiado poco, pero como cada vez hay más construcciones en zonas de alto riesgo de inundación”, por lo que las posibilidades de que se produzcan sucesos de este tipo cada vez son mayores. “Simplemente se tienen más papeletas”, sentencia.




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