La Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ de la Comunidad Valenciana el 1 de febrero de 2010 anuló la Resolución de 2004 del Director General de Transportes, Puertos y Costas por la que se otorgaba a Marina Greenwich SA la concesión de la realización de las obras de ampliación del puerto deportivo Luis Campomanes (ahora Marina Greenwich) en Altea (Alicante). Esas obras supondrían la ampliación hasta alcanzar más de 1000 el número de amarres, la ocupación directa de aproximadamente 20 hectáreas y la destrucción de la misma superficie de la fanerógama marina Posidonia oceanica, endémica del Mediterráneo y protegida por la legislación valenciana, española y comunitaria. Una de las razones de esa decisión judicial fueron las irregularidades que se produjeron en la incorrecta evaluación de impacto ambiental efectuada. El Ministerio de Medio Ambiente figuró como codemandado en este procedimiento judicial, pues adscribió el dominio público marítimo-terrestre a la Generalitat Valenciana, mediante resolución del entonces Director General de Costas.

La Generalitat Valenciana, en desacuerdo con esa sentencia, anunció la interposición de un recurso de casación delante del Tribunal Supremo a finales de febrero de 2010, que lo formalizó y fue admitido a trámite.

La abogacía del Estado, representación jurídica del Ministerio de Medio Ambiente, ahora acaba de admitir mediante escrito de 28 de octubre de 2010, que “se abstiene de formular oposición” al recurso de casación interpuesto por la Generalitat Valenciana, en el que los ecologistas estamos como recurridos y somos parte interesada. Eso significa en la práctica que el Ministerio de Medio Ambiente está de acuerdo con el recurso interpuesto y por tanto en contra de la sentencia de 1 de febrero de 2010 del TSJ de la Comunidad Valenciana. Ese comportamiento es totalmente contradictorio con la postura que adoptó ese Ministerio en la suspensión y paralización de las obras de ampliación del puerto decretadas por la Conselleria de Infraestructuras en 2006 por incumplir las condiciones de la Declaración de Impacto Ambiental, y con la que mantienen ahora los mismos abogados del Estado en el recurso de casación que interpuso en el Tribunal Supremo la mercantil Marina de Greenwich SA en contra de esa paralización. En este caso el Ministerio de Medio Ambiente se ha opuesto a ese recurso, aunque su escrito no ha sido aceptado por el Supremo por dirigirse a una sección diferente a la que tramita la casación.

Ecologistas en Acción, Greenpeace y WWF pedimos más coherencia al Ministerio de Medio Ambiente y una voluntad decidida y no arbitraria para proteger el litoral y sus ecosistemas marinos.