Contra descatalogaciones de montes en Punta Umbría

Atendiendo a una queja de Ecologistas en Acción de Huelva, el Defensor del Pueblo de Andalucía ha dictado una Resolución en la que señala a la Consejería de Medio Ambiente que debe adoptar iniciativas legislativas tendentes a garantizar la protección de los espacios forestales sometidos a presión urbanística en vez de descatalogarlos con la justificación de su supuesta degradación, a la par que recomienda una gestión forestal que garantice la conservación de los espacios forestales.

Ecologistas en Acción de Huelva viene denunciando desde hace años que el proceso de crecimiento urbanístico de algunas localidades de la costa onubense, en concreto de Punta Umbría, se realiza con continuas descatalogaciones de parcelas forestales, que cuentan con la aceptación de la Consejería de Medio Ambiente, administración que paradójicamente tiene la responsabilidad legal de velar por la protección de los bosques y espacios forestales en Andalucía.

En el procedimiento del trámite de la citada queja de Ecologistas en Acción, el Defensor del Pueblo ha elaborado una resolución en la que se parte del recordatorio de los objetivos de la Ley de Montes de Andalucía que son, entre otros, la conservación y protección de la cubierta vegetal, del suelo y de la fauna, así como la restauración de los sistemas forestales degradados.

El Defensor del Pueblo afirma con contundencia, atendiendo a la legalidad vigente, que la constatación de que unos terrenos forestales se encuentran degradados, debe urgir a la Consejería de Medio Ambiente a tomar medidas inmediatas para su recuperación, planteándose incluso la reforestación de los mismos. Lo contrario, plantea el Defensor igualmente en su informe. no sería sino contravenir el mandato legal, que es de obligado cumplimiento,

También se argumenta que los montes de dominio público, como es el caso de alguna de las parcelas cuya descatalogación denuncia Ecologistas en Acción, son suelos no urbanizables de especial protección, y por tanto, el argumento de haber sido incluidos previamente por el Ayuntamiento en un proceso de reclasificación urbanística resultaría contrario a Derecho.

Concluye el Defensor del Pueblo recordando los deberes legales mencionados y la necesidad de una gestión forestal más acorde con la citada legalidad, así como la conveniencia de legislar específicamente sobre la protección de espacios forestales en zonas sometidas a fuerte presión urbanística, como es el caso de Punta Umbría.

Hay que recordar que este pasado verano el Ayuntamiento de Punta Umbría procedía a la aprobación inicial del nuevo PGOU, con descatalogaciones de 285 Hectáreas de monte público, con la única argumentación de que los espacios forestales se encontraban degradados y con una “necesidad de crecer” más en consonancia con el pasado periodo de urbanización a toda costa al servicio de la economía del ladrillo.




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