Burla a la legalidad en la demolición de un edificio

La demolición del edificio construido en Grazalema en el cauce del Guadalete ha sido un paripé. El Juzgado anuló la licencia de obras y debe demolerse en su totalidad.

El pasado 4 de noviembre el Ayuntamiento de Grazalema anunciaba a bombo y platillo que “La empresa expedientada “Inmocentral RTS 2.025 S.L. demuele por orden del Ayuntamiento la parte de la construcción ubicada en Plaza de la Asamblea”. Pues bien, la demolición se ha reducido a una esquina del edificio ilegal, quedando la mayor parte en pie, lo que es una burla a la legalidad.

Hay que recordar que este edificio fue construido con licencia de obras concedida por el Ayuntamiento de Grazalema en agosto de 2005, siendo alcaldesa Mª José Lara. En octubre de ese año Ecologistas en Acción denunció los hechos al comprobar que parte del edificio se estaba construyendo sobre el cauce del Guadalete que había sido desviado, lo que provocó la paralización de las obras y el inicio de la anulación de la licencia por parte del mismo equipo de gobierno que la había concedido. La sentencia del Juzgado de lo contencioso-administrativo nº 1 de Jerez, de fecha 24 de octubre de 2006, falló anulando “la licencia de construcción otorgada por Decreto de la Alcaldía de Grazalema de 24 de agosto de 2005”. Por tanto la totalidad del edificio, que se encuentra a medio construir, carece de licencia de obras y debe procederse a su demolición.

Además, nuestras denuncias dejaron al descubierto una trama de corrupción urbanística que llevó a la detención del arquitecto municipal y de los promotores y constructor de estas obras. Todos ellos, así como el anterior alcalde y la actual alcaldesa de Grazalema, están imputados por presuntos delitos de cohecho, contra la ordenación del territorio, pago de comisiones y prevaricación.

Ecologistas en Acción sospecha que el Ayuntamiento de Grazalema pretende legalizar la mayor parte de este edificio ilegal, lo que sería un auténtico escándalo. La única salida legal a este escándalo es la demolición total del edificio, la restitución del Guadalete a su estado original, y que se depuren las responsabilidades penales y políticas –no ha dimitido nadie- por este escándalo de corrupción.




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