El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha dictado sentencia contra el Reino de España, y le ha condenado a costas, por haber incumplido la Directiva de prevención y al control integrados de la contaminación, (IPPC) y no haber adoptado las medidas necesarias para que las instalaciones existentes sean explotadas de acuerdo a dicha Directiva, a más tardar el 30 de octubre de 2007.

La Directiva IPPC, de 1996, fijaba ese plazo para que las instalaciones industriales europeas obtuvieran la Autorización Ambiental Integrada, un permiso imprescindible para poder operar en la Unión Europea. El objetivo de la Directiva era preservar la salud pública y el medio ambiente mejorando el comportamiento ambiental de la industria europea, previniendo la contaminación con las Mejores Técnicas Disponibles y estableciendo valores límites de emisión de sustancias contaminantes al aire, aguas o suelos.

En vez de aprovechar la oportunidad para modernizar el sector industrial y hacerlo más competitivo, el Gobierno de José María Aznar tardó seis años en trasponer esta norma a la legislación española y delegó las competencias en las Comunidades Autónomas, complicando inútilmente su aplicación y tramitación. A ello se añadió la desidia y lentitud de las empresas en presentar sus solicitudes y proyectos de adaptación.

El 30 de octubre de 2007, más de la mitad de las empresas españolas sometidas a esta legislación no habían obtenido aún su permiso y hubieran tenido que cesar completamente su actividad, tal y como denunció Ecologistas en Acción en su momento. A 8 de febrero de 2008, todavía faltaban 2.667 de las 4.554 autorizaciones necesarias.

Además, las autorizaciones ambientales otorgadas fueron en muchos casos faltas de rigor cuando no escandalosas: no consideraron las Mejores Técnicas Disponibles ni la capacidad de carga del medio ambiente afectado, se limitaron a trasladar los límites de emisión de la normativa vigente en ese momento (los valores límite de emisión a la atmósfera eran de 1975) y llegó a darse la situación absurda de que permitían a sus titulares contaminar mucho más de lo que ya venían haciendo en la última década.

Ecologistas en Acción sigue exigiendo que se obligue a la industria a implantar las Mejores Técnicas Disponibles y a cumplir con la Directiva IPPC.