Ecologistas en Acción muestra públicamente su satisfacción por la actuación ordenada en el día de ayer por el juez Miguel Ángel López Marchena, titular del Juzgado nº 3 de El Puerto de Santa María, contra la trama de corrupción urbanística que se había organizado en el Área de Urbanismo del Ayuntamiento.

Ecologistas en Acción ha presentado en esta última década decenas de denuncias por ilegalidades urbanísticas, tanto por vía administrativa como judicial, culminando en octubre de 2010 en una macro denuncia ante la fiscalía en la que aportamos numerosas pruebas documentales que ponía al descubierto las tramas que habían permitido la construcción de más de 40 urbanizaciones ilegales con unas 5.000 viviendas. Ecologistas en Acción denunciaba que “los responsables municipales han fomentado y amparado este proceso de urbanización de suelos protegidos”.

La Fiscalía entendió que las autorizaciones otorgadas al margen de la legalidad sí concurren indicios de la existencia de comportamientos delictivos prevaricadores, y recordaba que el Tribunal Supremo ha señalado que estas hechos provocan “la quiebra que en los ciudadanos va a tener la credibilidad de las instituciones y la confianza que ellas debe merecer”, y que estos comportamientos políticos “puede producir efectos devastadores en la ciudadanía”. En vista de lo cual la Fiscal Jefe Dª Ángeles Ayuso Castillo acordó la remisión de dichas “diligencias, con carácter de denuncia, al Juzgado de Instrucción Decano de El Puerto de Santa María (…), al evidenciarse hechos de significación penal”. Además de por la trama de regularización de viviendas ilegales, la Fiscalía también apoyó la apertura de otras seis causas por ilegalidades urbanísticas y medioambientales. A partir de aquí el juez titular del Juzgado nº 3 y Decano de El Puerto inició las diligencias de investigación que han llevado a numerosas actuaciones por construcciones en vías pecuarias, en terrenos forestales como el Pinar del Obispo, o por la enajenación irregular de propiedades municipales.

Como derivación de estas diligencias, y como suele ser habitual en las tramas de corrupción urbanística, al parecer se han se han detectado indicios de enriquecimiento ilícito y blanqueo de dinero por parte del anterior responsable del Área de Urbanismo, de un familiar suyo, del Jefe de Servicio de Licencias, de su compañera sentimental y funcionaria del mismo Área de Urbanismo y de una arquitecta socia de la anterior. En las denuncias que hemos venido presentando Ecologistas en Acción por los casos de “legalización” fraudulenta de viviendas ilegales, advertíamos que era imprescindible la complicidad del jefe de Servicio de Licencias, de su compañera, que montó un estudio que tramitaba las licencias, y de Juan Carlos Rodríguez, que las otorgaba por silencio administrativo, y por lo que los dueños de las viviendas ilegales pagaban sustanciosas cantidades.

Como hecho curioso la arquitecta implicada denunció a Joaquín Paloma y a Juan Clavero, coordinador y secretario de urbanismo de Ecologistas en Acción de El Puerto, solicitando 400.000 € de indemnización por haber denunciado su participación en la construcción de viviendas ilegales en Los Perales. El caso se archivó al presentar pruebas irrefutables de la participación de dicha técnico en obras ilegales en nuestra ciudad.

Ecologistas en Acción lamenta que la falta de medios de los juzgados de El Puerto haga penosamente lenta la investigación de las causas por corrupción –que son más de una docena- abiertas en los distintos juzgados, por lo que sería imprescindible dotarlos de los medios personales y materiales adecuados para que puedan cumplir con su misión. Hay que destacar que una causa de tanta entidad como la abierta por la construcción de viviendas en el Sistema General de Espacios Libres del Pinar de Coig se juzgará dentro de diez días después de cinco años de ser denunciada; y que otras, como las construcciones de viviendas en la Reserva Natural de Las Lagunas, en el Sistema General de Equipamiento de Los Desmontados, o en el pinar del Obispo, siguen después de años en diligencias previas sin que se haya cerrado la instrucción.

Por último, Ecologistas en Acción cree necesario recordar, ante tanto político amnésico, que esta trama de corrupción floreció durante la anterior legislatura, cuando gobernaban en coalición IP y PSOE, y cuando eran miembros y socios de la Junta de Gobierno Local Hernán Díaz, Juan Carlos Rodríguez, Enrique Moresco, Silvia Gómez, Fernando Gago e Ignacio García de Quirós, aunque a alguno se le haya olvidado.