La derrota de una térmica

Una victoria de la movilización vecinal y ecologista en Morata de Tajuña.

Alfredo Melero, abogado de la Comisión Jurídica de Ecologistas en Acción. Revista El Ecologista nº 66

Una bien orientada oposición ecologista y vecinal ha conseguido hasta ahora detener los proyectos de 10 centrales térmicas en los alrededores del sureste madrileño. El exponente más claro de esta lucha ha sido la oposición a la central de ciclo combinado de Morata de Tajuña, cuyo proyecto recientemente ha sido anulado por los tribunales.

En el año 2000 se inician los trámites para poner en marcha el proyecto empresarial de instalar una central térmica de ciclo combinado de aproximadamente 1.200 megavatios de potencia en el municipio de Morata de Tajuña, pueblo del sureste de Madrid que ya cuenta en su término municipal con una cementera de las más grandes de Europa, propiedad de la empresa Portland.

Han pasado más de 10 años y hoy día el proyecto se encuentra en coma. No ha muerto definitivamente, pero es muy probable que no salga adelante. Y ello, a pesar de que la promotora es una potente empresa multinacional de la energía belga, Electrabel, y del apoyo que recibió desde el Ministerio de Medio Ambiente y el de Industria, tanto bajo gobierno del PP como del PSOE.

La situación crítica en la que se encuentra se debe a dos razones fundamentales. En primer lugar, la pérdida de apoyo social del proyecto, por la gran oposición vecinal y social, e incluso política en el ámbito municipal. Por otro lado, el proyecto de instalar una central ha recibido un fuerte mazazo procedente de los tribunales de justicia. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid anuló a finales de 2009 la Declaración de Impacto Ambiental que aprobó el Ministerio de Medio Ambiente (siendo ministra Cristina Narbona) así como la Autorización de Instalación del Ministerio de Industria.

Seguidamente el Tribunal Supremo a principios de 2010 dicta sentencia firme por la que anula la declaración de Utilidad Pública que otorgó el Consejo de Ministros para abrir el proceso expropiatorio de los terrenos necesarios para la instalación de la central. Este mismo Tribunal es quien tiene que resolver los recursos que se interpongan contra la anterior sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, por lo que las posibilidades de que confirme la sentencia –y, con ello, la definitiva anulación de los permisos que necesita la central– son muy elevadas.

Todos los grupos sociales, vecinales, ecologistas y políticos que han intervenido en la oposición a la instalación coinciden en considerar la situación actual como el fruto de años de lucha contra la central y con optimismo contemplan ya la práctica liquidación del proyecto empresarial.

¿Cómo se llegó a esta situación? ¿Qué factores han permitido el descalabro de este proyecto? ¿En qué condiciones sociales llegó este asunto a los tribunales para que se produjera una sucesión de sentencias desfavorables para la central? Éstas son algunas de las cuestiones que se abordan muy someramente en este artículo.

Cantos de sirena

Cuando se pretende instalar un proyecto industrial de esta naturaleza, las empresas que lo promueven, generalmente multinacionales o grandes empresas de la energía, intentan convencer primero a alcaldes, concejales y grupos políticos del pueblo en cuestión. Posteriormente, cuando se recaban los apoyos necesarios en los ayuntamientos y partidos políticos, la campaña publicitaria se extiende a toda la población.

Para convencer de las bondades de este tipo de instalaciones suelen ofrecer siempre lo mismo: promesas de prosperidad económica. La instalación de las centrales se vende como una gran oportunidad de desarrollo económico para localidades que están muy necesitadas de ello. Se promete la creación de puestos de trabajo, muchos de ellos estables, como la propia instalación, que dinamizará toda la actividad económica en el pueblo y en el conjunto de la comarca.

Otro argumento utilizado, al que suelen ser muy sensibles los alcaldes y concejales, es la promesa de recaudación de millonarias cantidades en concepto de impuestos locales que pagará la central, fuente permanente de financiación, de tal forma que el municipio pasará de la precariedad a una situación de riqueza exorbitante que solucionará sus problemas de servicios e infraestructuras.

Ante tamaño maná económico, en municipios generalmente modestos, cómo no sucumbir a las tentaciones de instalar una central térmica. Los primeros en caer son los alcaldes y concejales que ven como por azar del destino pasan de gestionar un presupuesto municipal modesto y ajustado a uno de cuantía inimaginable. Así no fue extraño que inicialmente todos los grupos políticos, a derecha e izquierda, apoyaran la instalación de la central térmica, Ayuntamiento y sindicatos incluidos.

Ésta fue la situación de partida en la que estaba el proyecto, pero con una peculiaridad: en Morata los vecinos ya contaban con la experiencia de tener que soportar una gran cementera y por tanto ya habían experimentado cómo estas instalaciones contaminantes, que vienen para no irse nunca, en el fondo no sacan a estos municipios de la situación de precariedad en la que se encuentran.

De forma que la propaganda del desarrollismo económico es más difícil que tenga buena acogida donde desde hace años sufren una instalación de este tipo, que ni ha hecho rico al pueblo, ni ha acabado con el paro, ni con los problemas de financiación del municipio, pero que ha hipotecado el pueblo a todos los efectos, especialmente en materia de medio ambiente.

Oposición perseverante

Ésta es la contradicción que se produce en Morata: por un lado el apoyo político e institucional inicial al proyecto, y de otro, la experiencia del pueblo y el escepticismo de muchos vecinos que no acaban de creer las promesas de una vida mejor. Y en medio de esta situación, aparece un grupo de oposición al proyecto en torno a la Asociación de Vecinos de Morata, dirigido y organizado por un viejo zorro del movimiento ecologista en Madrid, el profesor de química Ladislao Martínez.

A partir de aquí, con su intervención directa en Morata, este pequeño grupo se convierte en un factor determinante que cambia la situación por completo, poniendo de cabeza a todos los partidos políticos del pueblo, incluidos sus cargos municipales.

A través de un trabajo perseverante de concienciación e información de los vecinos sobre los perjuicios que traería la instalación, confrontando las promesas de la promotora con la propia experiencia del pueblo y la realidad objetiva de los datos sobre contaminantes y agentes químicos que emitiría la planta, el pueblo se posiciona claramente en contra de la instalación de la central con manifestaciones públicas de rechazo, y detrás de los vecinos, sus representantes políticos. La oposición a la central de Morata se extiende a toda la comarca y el grupo se constituye como la Plataforma del Sureste de Madrid “Aire Limpio” y como lema principal, “Térmicas no.”

En el año 2000, cuando se presentó el proyecto de instalación, gobernaba el Partido Popular; cuando se conceden los permisos administrativos gobierna ya el Partido Socialista. Tanto un gobierno como el otro apoyan sin fisuras el proyecto de la multinacional, hasta el punto que para su aprobación se cometen importantes irregularidades en la tramitación administrativa.

A la embestida administrativa se une la empresarial. A partir del verano de 2004 se produce una auténtica avalancha de proyectos de instalación de centrales térmicas en localidades próximas: Valdemingómez, Fuentidueña de Tajo, Colmenar de Oreja, Estremera, Villamanrique de Tajo, Pinto, Paracuellos del Jarama, Santa Cruz de la Zarza (Toledo) y Barajas de Melo (Cuenca).

Esta situación provoca la extensión de las luchas contra las centrales térmicas a la totalidad de las poblaciones afectadas y las colindantes. Morata ya no es un caso aislado, sino la punta de lanza de una serie de proyectos empresariales que de llevarse a la práctica convertirían toda la zona, especialmente el curso del río Tajo, en un infierno dantesco de instalaciones altamente contaminantes.

Éste es el contexto social en el que se emiten las sentencias. Casi a un tiempo el Tribunal Superior de Justicia de Madrid y el Tribunal Supremo anulan todas las resoluciones administrativas que afectan a la central de Morata.

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid anula la declaración de impacto ambiental por no haber respetado la distancia mínima de 2.000 metros hasta el núcleo de población de Morata. Según consta en el expediente administrativo, la distancia era inferior a 1.500 metros, y a pesar de ello el Ministerio de Medio Ambiente de Narbona no dudó en otorgar la autorización. A esto se añade que la declaración de impacto ambiental carecía de un estudio de alternativas al emplazamiento propuesto y, además, vulneraba injustificadamente las normas subsidiarias de planeamiento municipal.

En cuanto a la sentencia del Tribunal Supremo, lo más importante es que considera que la resolución del Gobierno en la que aprueba la utilidad pública no justifica la necesidad de dicha instalación eléctrica, por cuanto no dedica una sola palabra a este fin, ni aporta un solo fundamento de derecho que decida las controversias planteadas. A esto se añade la falta de aprobación del proyecto de ejecución de la central.

En conclusión, la lucha contra la térmica de Morata ha tenido varias batallas y la última y definitiva puede que sea la judicial, si bien no fue la más significativa. Poner a todo un pueblo y comarca contra un proyecto de este tipo, convencer a todos sus representantes políticos y municipales –lo que finalmente los llevó a encerrarse en el ayuntamiento en plena campaña electoral en contra de la central–, cambiar la correlación de fuerzas inicial completamente desfavorable por una claramente a favor y, al mismo tiempo, crear un movimiento en contra de las térmicas en toda esta zona de Madrid, Toledo y Cuenca que no ha permitido hasta la fecha la instalación de ninguna de las diez centrales previstas… y todo ello teniendo en frente a multinacionales y a grandes compañías eléctricas, ésta ha sido la base social y política previa a las decisiones judiciales. Como planteaba Ladislao: “¿Hubieran dicho lo mismo los tribunales si la central de Morata estuviera ya en funcionamiento o en construcción?”




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