Suspenden el juicio del Pinar de Coig

Suspenden el juicio del Pinar de Coig al pasar a la Audiencia Provincial debido a la gravedad de las penas solicitadas.

El Juzgado de lo penal nº 4 de Cádiz ha decidido suspender el juicio previsto para el próximo lunes contra diversos exresponsables del Ayuntamiento de El Puerto y promotores privados por la construcción ilegal de una urbanización en el Pinar de Coig. El Juez Julio Serrano Serrano, a petición del Fiscal, ha decidido remitir el procedimiento penal a la Audiencia Provincial “para su enjuiciamiento y fallo”, al solicitarse penas superiores a cinco años, que es el limite que opera para atribuir la competencia a los Juzgados de lo Penal.

En esta causa están procesados Hernán Díaz Cortes, exalcalde, Juan Carlos Rodríguez Álvarez y Pedro Alamillos Ortega, exconcejales de Urbanismo, José Pinto Fuentes, propietario que parceló ilegalmente el Pinar de Coig, y Rafael Pacheco Descalzo, intermediario en la operación de venta de este pinar protegido.

El Pinar de Coig es un bosque de alto valor ecológico protegido tanto en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de El Puerto como en el Plan de Ordenación del Territorio (POT) de la Bahía de Cádiz como Sistema Genera de Espacios Libres (SGEL), y debería haberse expropiado y adecuado como parque público por el Ayuntamiento. Pero a partir del año 2000 se inició una operación especulativa a gran escala procediéndose a la parcelación y urbanización del pinar, con el pleno consentimiento y apoyo de los máximos responsables municipales, que llegaron a autorizar la instalación de la red municipal de agua potable y la instalación de la red eléctrica en esta urbanización ilegal.

En marzo de 2005 Ecologistas en Acción, hartos de la inacción del Ayuntamiento a pesar de las reiteradas denuncias presentadas, denunció estos hechos a la Fiscalía que, al entender que podrían ser constitutivos de delito, los remitió al Juzgado nº 2 de El Puerto. Tras un largo periodo de diligencias previas, el Juzgado dictó auto de procesamiento contra todos los anteriormente reseñados por presuntos delitos de prevaricación, contra la ordenación del territorio, omisión del deber de perseguir delitos, sustracción de la cosa a su utilidad social, encubrimiento y contra la ordenación del territorio, solicitando el Fiscal dos años de prisión y nueve años de inhabilitación para Hernán Díaz y Juan Carlos Rodríguez. Ecologistas en Acción entiende que, además de un delito continuado de prevaricación previsto y penado en los artículos 320 y 74 del Código Penal, el exalcalde y el exconcejal de Urbanismo han incurrido en un delito contra el medio ambiente penado en el artículo 325 del mismo texto legal. Ecologistas en Acción solicita también, de conformidad con lo establecido en el artículo 109 del Código Penal, la obligación de «reparar los daños y perjuicios por elllos causados»; y, en correlación con tal precepto, el artículo 110 especifica que dicha responsabilidad civil «comprende: 1º La restitución. 2º La reparación del daño. 3º La indemnización de perjuicios materiales y morales». A la luz de dichos preceptos, resulta evidente que la indemnización que interesa se imponga a los acusados ha de encaminarse directamente a la reparación del daño, siendo éste, por tanto, el fin primordial de la responsabilidad civil derivada del delito medioambiental.

Por todo ello Ecologistas en Acción pide para Hernán Díaz y Juan Carlos Rodríguez las PENAS DE TRES AÑOS DE PRISIÓN, por el delito continuado de prevaricación urbanística, y la de DOS AÑOS DE PRISIÓN y multa de veinticuatro meses a razón de 300 euros por día-multa, por el delito contra el medio ambiente. También solicitamos la pena de inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo, y de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de nueve años.

Ecologista apoya la petición del Fiscal y la decisión del Juez de que, ante la gravedad de las penas solicitadas, sea la Audiencia Provincial el órgano que enjuicie y falle esta causa.

Ecologistas muestra su satisfacción al comprobar que un caso denunciado hace ya seis años llegue a término, al comprobarse la veracidad de nuestras denuncias, que hemos mantenido a pesar de las enorme presiones, campañas de acoso y agresiones que hemos sufrido por denunciar unos hechos que delictivos.

Ecologistas en Acción denuncia la actitud de la mayoría de partidos políticos del Ayuntamiento de El Puerto –PP, PSOE, IP y PA- que siguen defendiendo a esta urbanización ilegal y se oponen a su demolición, lo que los convierte en cómplices políticos de la corrupción y de la especulación urbanística.




Visitantes conectados: 442