Cambios en los órganos de participación

Ecologistas en Acción demanda a la Junta de Andalucía un cambio de composición y funcionamiento en los órganos de participación ciudadana.

En reunión mantenida este fin de semana en el Parque Natural de la Sierra de Las Nieves, los representantes ecologistas en dichos órganos hemos sopesado la posibilidad de abandonarlos si no se garantiza una participación real.

Los distintos representantes de Ecologistas en Acción en el Consejo Andaluz de Medio Ambiente (CAMA), en la Comisión de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Andalucía (COTUA), en los Consejos Provinciales y Locales de Medio Ambiente y en las Juntas Rectoras de los Parques Naturales y Nacionales de Andalucía, nos hemos reunido para analizar nuestro trabajo y su eficacia en los citados órganos de participación.

En la reunión hemos contado con la colaboración del Defensor del Pueblo de Andalucía José Chamizo y del abogado experto en derecho medioambiental Juan Carlos Sánchez Enríquez. Ambos han coincidido en que el actual marco legal que regula los órganos de participación y su aplicación no garantizan el derecho real a la participación en los asuntos públicos en materia de medio ambiente reconocidos en la Constitución, en el Estatuto de Autonomía, en Directivas Comunitarias y en leyes nacionales y autonómicas. Chamizo ha apoyado la necesidad de que se proceda a un cambio sustancial en las políticas de participación de la Junta de Andalucía.

Del análisis realizado concluimos que los actuales órganos de participación a los que asistimos no garantizan nuestro legítimo derecho a la participación. No son operativos. En numerosísimas ocasiones se convierten en reuniones meramente propagandísticas de la administración y, en el mejor de los casos, solamente informativas, donde tenemos pocas opciones para decidir o influir en decisiones; en otros casos se tiñen de una burocracia que nos impide la presentación y defensa de nuestras iniciativas, viéndonos reducidos a opinar solo sobre las propuestas de la Junta de Andalucía y negándonos información y documentación imprescindible para cumplir con las funciones legalmente encomendadas a los miembros de las estos órganos de participación. Los derechos de acceso a la información y a la participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente no son reconocidos ni respetados.

En todos estos órganos de supuesta participación social existe una aplastante mayoría de representantes de la administración, y una escasa representación del asociacionismo ciudadano, y más escasa aún, representación ecologista. El debate y los argumentos técnicos y científicos son frecuentemente aplastados con el rodillo de la mayoría de votos con que cuentan las administraciones.

Cuando hace más de un año celebramos el 20 aniversario de la promulgación de la Ley de Espacios Protegidos de Andalucía, la Junta se comprometió a renovar la normativa que regula estos órganos de participación. Este compromiso lo ha incumplido.

Es por esto que nos dirigiremos al Presidente de la Junta de Andalucía para solicitar un cambio que garantice el derecho a la participación en materia medioambiental y en la gestión de los espacios naturales, que, de no producirse, nos llevará a sopesar la utilidad de nuestra presencia en unos órganos que vienen demostrando su inoperancia y su instrumentalización por parte de la Junta de Andalucía.




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