La Junta de Castilla y León quiere forzar la apertura del vertedero de Gomecello

La proposición de Ley para declararlo como Proyecto Regional, para la que la Junta de Castilla y León ha resucitado la polémica Ley de Infraestructuras de Residuos, incumple las resoluciones judiciales, invade las competencias municipales, vulnera la normativa medioambiental estatal y europea y crea indefensión en los ciudadanos

Para la Federación Ecologistas en Acción Castilla y León, integrada por 18 grupos ecologistas de la región, la "Proposición de Ley para la declaración de proyecto regional para la instalación de un centro de tratamiento de residuos urbanos para la provincia de Salamanca, en el término municipal de Gomecello" promovida por el Grupo Parlamentario Popular de las Cortes de Castilla y León es un dislate jurídico y un despropósito político dirigido a suprimir todos los controles administrativos, ciudadanos y judiciales que deben garantizar la sujeción de las resoluciones administrativas al principio de legalidad.

La posibilidad de que las Cortes de Castilla y León fuercen por ley la aprobación como Proyecto Regional del vertedero de Gomecello pretende incumplir una resolución judicial firme como es la suspensión de esta instalación acordada por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, aparta a los ayuntamientos de sus competencias en materia de medio ambiente y urbanismo e impide a los ciudadanos y a los Tribunales realizar el necesario control de las actuaciones públicas. Se sustituyen así los principios constitucionales de autonomía municipal, participación y tutela judicial efectiva por la arbitrariedad y la desviación de poder. Estamos además ante un fraude de Ley, ya que por definición las leyes regulan materias de carácter e interés general, y no casos particulares.

Es llamativo que la aprobación por Ley del vertedero paralizado judicialmente se fundamente en la Ley de Infraestructuras de Residuos que las Cortes de Castilla y León aprobaron en 2002 para forzar la reapertura del vertedero de residuos tóxicos de Santovenia de Pisuerga (Valladolid), cerrado en cumplimiento de varias sentencias del Tribunal Supremo. Esta Ley se encuentra en estos momentos en el Tribunal Constitucional, recurrida por 50 diputados y senadores nacionales del Partido Socialista y por el Ayuntamiento de esta localidad vallisoletana.

Como paso intermedio para proceder a la aprobación en fecha próximas de la Ley de apertura del vertedero de Gomecello, las Cortes de Castilla y León han modificado ayer la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León, para suprimir la tramitación legal de la autorización ambiental de este vertedero, lo que en opinión de los ecologistas invade competencias exclusivas del Estado y priva a los ciudadanos y entidades locales de su derecho a la participación a través de los trámites de información pública, informes de las Administraciones y audiencia a los interesados.

En conclusión, lejos de renunciar a prácticas impositivas e ilegales del pasado, las nuevas autoridades regionales reinciden en los errores de la época de Silvia Clemente en la Consejería de Medio Ambiente, emprendiendo una nueva "huida hacia adelante" de futuro incierto. Por ello, Ecologistas en Acción va a pedir al Defensor del Pueblo, al Gobierno y al Partido Socialista que recurran tanto la modificación de la Ley de Prevención Ambiental como, en caso de ser aprobada, la Ley de declaración como Proyecto Regional del vertedero de Gomecello, para evitar que este nuevo abuso de poder se pueda extender a otros proyectos públicos y privados en Castilla y León.




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