Dragado de mantenimiento sobre el Guadalquivir

Draga trabajando

Ecologistas en Acción denuncia el dragado de mantenimiento anual que está realizando el Puerto de Sevilla sobre el Guadalquivir, por carecer de Estudio de Impacto y/o Autorización Ambiental que lo avale y afectar a un Lugar de Importancia Comunitaria como es el LIC “Bajo Guadalquivir” (LIC ES6150019).

El Puerto de Sevilla viene dragando el río Guadalquivir año tras año desde antes de que existiesen las leyes de protección ambiental que evalúen adecuadamente los posibles impactos ambientales de proyectos que afectan al medio natural.

Nunca se han sometido a evaluación ambiental estos dragados de mantenimiento, a pesar de que vienen modificado sustancialmente las características físico-químicas del río y por tanto sus condiciones ecológicas, especialmente al incrementar la salinidad por refuerzo de la carrera de mareas. Esto ha supuesto, por ejemplo, que se incremente en un 300% la salinidad comprobada en algunas de las tomas para riego de los arroceros.

Con el dragado de mantenimiento, la legislación europea y estatal, actualmente en vigor, es vulnerada de forma clara y sistemática.

Por un lado la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad en su artículo 41 define este LIC como zona protegida perteneciente a la Red Natura 2000 europea y en su artículo 42, aptdo. 2 indica: “…éstos (los LICs) pasarán a tener un régimen de protección preventiva que garantice que no exista una merma del estado de conservación de sus hábitats y especies…”.

Esta ley es aún más tajante en diversos apartados de su art. 45, de tal modo que para que determinados proyectos que afecten a un LIC puedan aprobarse, primero deben ser evaluados: “…Cualquier plan, programa o proyecto que, sin tener relación directa con la gestión del lugar o sin ser necesario para la misma, pueda afectar de forma apreciable a los citados lugares, ya sea individualmente o en combinación con otros planes o proyectos, se someterá a una adecuada evaluación de sus repercusiones en el lugar…”.

Y para que puedan ser finalmente aprobados se indica:“En caso de que el lugar considerado albergue un tipo de hábitat natural y/o una especie prioritaria, señalados como tales en los anexos I y II (como es el caso), únicamente se podrán alegar las siguientes consideraciones:
a. Las relacionadas con la salud humana y la seguridad pública.
b. Las relativas a consecuencias positivas de primordial importancia para el medio ambiente.

c. Otras razones imperiosas de interés público de primer orden, previa consulta a la Comisión Europea.”

Igualmente el Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos es vulnerado por las propias administraciones públicas año tras año. así, en su artículo 20 expresa:“2. Son infracciones muy graves:

a. El inicio de la ejecución de un proyecto que debe someterse a evaluación de impacto ambiental, de acuerdo con el anexo I, sin haber obtenido previamente la correspondiente declaración de impacto ambiental.” Y el anexo I, al que se hace referencia, incluye:“Dragados:

1. Dragados fluviales cuando se realicen en tramos de cauces o zonas húmedas protegidas designadas en aplicación de las Directivas 79/409/CEE (como es el caso) del Consejo, de 2 de abril de 1979 y 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, o en humedales incluidos en la lista del Convenio Ramsar y cuando el volumen extraído sea superior a 20.000 metros cúbicos/año.”. Es decir, el dragado que se está ejecutando se considera infracción muy grave.

Para mayor despropósito, la Autoridad Portuaria incumple su compromiso de que el dragado de mantenimiento de este año se realizaría bajo control del equipo científico de Miguel Ángel Losada (Universidad de Granada) y Javier Ruiz (CSIC) y que permitiría investigar los efectos de otro polémico dragado, el de Profundización, que hasta ahora se entiende inviable dada la escasez de aportes de agua dulce que recibe el estuario.

El equipo científico data en su informe que el estuario padece un déficit ecológico de más de 1.000 Hm3 de agua que no llegan por la enorme presión de los regadíos de la cuenca.

Ecologistas en Acción denuncia la actitud del Puerto de Sevilla de volver al caciquil SÍ o SÍ, sin acogerse a las mínimas exigencias legales para llevar a cabo sus proyectos, por lo que esperamos que con esta denuncia se paralice una obra ya iniciada que carece de cualquier aval legal y ambiental para llevarse a cabo.

Ecologistas en Acción también lamenta la inhibición legal y administrativa, así como las declaraciones del Consejero de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía diciendo que es un proyecto inocuo que viene haciéndose toda la vida. Lo que sabemos es que, al menos los dragados que se vienen realizando desde la década de los 80, han modificado sustancialmente las condiciones de turbidez y salinidad del estuario con un alcance ambiental desconocido, dada la inexistencia de datos objetivos ni estudio científico alguno. Más aún, existen evidencias que indican que estos trabajos de mantenimiento serían innecesarios si existiese voluntad política de incrementar los caudales de agua dulce y restablecer en parte la antigua dinámica fluvial y mareal que podría “dragar”, de forma natural y gratuita, el fondo del río.




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