Recurren la fusión de las consejerías de Fomento y Medio Ambiente

La supeditación del medio ambiente a las políticas de infraestructuras y urbanísticas vulnera la normativa de evaluación de impacto ambiental y el principio de objetividad de la Administración.

Ecologistas en Acción de Castilla y León interpondrá un recurso contencioso-administrativo contra el Decreto de Reestructuración de Consejerías de la Junta de Castilla y León, por el que por primera vez desde su creación hace 22 años desaparece la Consejería de Medio Ambiente, absorbida por la Consejería de Fomento, con la excusa de simplificar la estructura administrativa del Gobierno.

Los ecologistas entienden que esta medida ratifica en la forma lo que en el fondo ya era una práctica habitual en la acción política de los ex-Consejeros de Medio Ambiente Carlos Fernández Carriedo y María Jesús Ruiz: la subordinación del medio ambiente a los intereses inmobiliarios; ejemplificada por proyectos como la Ciudad del Golf (Ávila), la Ciudad del Medio Ambiente (Soria), el Centro de Ocio de Arlanzón (Burgos) o la estación de esquí de San Glorio (León y Palencia).

Pero más allá de esta auténtica “declaración de principios” del Gobierno regional, Ecologistas en Acción entiende que la atribución de las competencias ambientales al Consejero de Fomento vulnera la legislación comunitaria, estatal y autonómica de evaluación de impacto ambiental, al otorgar al responsable de la aprobación de las grandes infraestructuras y los planes urbanísticos la potestad de decidir a la vez sobre sus efectos ambientales, sin separación entre “órgano sustantivo” (el que aprueba los planes y proyectos) y “órgano ambiental” (el que los informa ambientalmente).

Así, se ponen en las manos del máximo responsable de la nueva Consejería, Antonio Silván, las funciones de promover la política medioambiental (competencia transversal u horizontal), junto con las relativas a la aprobación de actuaciones que afectan a las carreteras, el urbanismo, el suelo, las telecomunicaciones, los transportes, las infraestructuras (competencias todas ellas sustantivas o verticales), etc.

Este conflicto permanente entre la protección ambiental y los restantes intereses sectoriales de su Consejería impedirá en opinión de los ecologistas el tratamiento imparcial y objetivo de los asuntos ambientales, como exigen el Estatuto de Autonomía, la Ley de Derechos de los Ciudadanos de Castilla y León o la Ley del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma.

Por ello, la organización ecologista demanda bien la restitución de la Consejería de Medio Ambiente, bien su conversión en una Agencia dependiente directamente del Presidente o del Consejero de Presidencia de la Junta de Castilla y León, para asegurar el mantenimiento de su transversalidad y la autonomía frente a los intereses sectoriales (carreteras, urbanismo, industria, minería, agricultura…) sobre cuya compatibilidad ambiental estará obligada permanentemente a pronunciarse.




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