Oposición a la economía especulativa de la Junta

Ecologistas en Acción se opone a los nuevos intentos de revitalizar la economía especulativa del ladrillo en Andalucía.

La XII Asamblea Confederal de Ecologistas en Acción muestra su más firme rechazo a los proyectos de la Junta de Andalucía, apoyada por la mayoría de los Ayuntamientos, de revitalizar la fracasada economía del ladrillo, favoreciendo de nuevo la recalificación de grandes superficie de suelo, abriendo incluso los parques naturales a la especulación urbanística.

Las administraciones públicas y los partidos políticos mayoritarios en Andalucía parece que no aprenden. La especulación y la corrupción urbanística han sido los fenómenos que han agravado de la actual crisis económica; el reciente reventón de la burbuja inmobiliaria ha puesto de manifiesto el daño que estaban produciendo sobre la economía, además de los enormes e irreversibles impactos ambientales que han provocado. Andalucía es la región que está sufriendo con mayor intensidad las secuelas del parón inmobiliario; su tasa de paro, el triple que algunas Comunidades de carácter industrial, deja clara la perversidad de un modelo económico que ha sido pontificado por todos los partidos políticos. La imagen de excelencia del turismo que se ha pretendido vender, ha enmascarado una actividad basada en meras operaciones inmobiliarias, demagógicamente denominado “turismo residencial”.

Pero en vez de optar por un cambio drástico en el modelo de desarrollo, el sobredimensionado sector de la construcción sigue presionando al poder político para inflar de nuevo la burbuja inmobiliaria. Los tímidos intentos de controlar la vorágine urbanística que contemplaba el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA) están siendo dinamitados por la presión de los especuladores urbanísticos y los alcaldes que le sirven de voceros. Los generosos límites a los crecimientos urbanísticos –el 40% en ocho años- se han visto sobrepasados con creces en los nuevos Planes Generales de Ordenación Urbana (PGOU), que vuelven a incluir megaproyectos urbanísticos bajo el eufemismo de “Áreas de oportunidad”. En algunas comarcas y municipios se pretende multiplicar varias veces el suelo urbanizable existente, ya de por sí hipertrofiado por la burbuja inmobiliaria, afectando incluso a suelo especialmente protegidos.

Y, para colmo, la Junta apuesta por abrir los parques naturales al ladrillo. Para ello está tramitando un Decreto que pretende dar el máximo rango legal a los PGOUs, por encima de la normativa de estos espacios protegidos (Planes de Ordenación de Recursos Naturales y Planes Rectores de Uso y Gestión), lo que, además de ser un despropósito que podría tener consecuencias imprevisibles, conculca la legislación básica estatal (Ley 42/2007 del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad), por lo que ha provocado, además, el rechazo del Defensor del Pueblo Andaluz.

La política de regularización que están impulsando Junta y Ayuntamientos, inclusive en zonas de riesgo de inundaciones, y asumiendo las administraciones buena parte de los costes de urbanización, supone un indulto encubierto a los infractores urbanísticos que provocará un efecto llamada multiplicador para que se sigan construyendo decena miles de viviendas ilegales.

La XII Asamblea Confederal de Ecologistas en Acción apoya la campaña que viene desarrollando Ecologistas en Acción de Andalucía para impedir que se apruebe este Decreto y avalará cuantas acciones emprenda para garantizar la salvaguarda del valioso patrimonio ecológico, paisajístico y cultural que atesoran los parques naturales andaluces.

Resolución de la XII Asamblea Confederal de Ecologistas en Acción.




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