Ilegalidades en la macrourbanización El Següesal

La Autorización Ambiental a la macrourbanización Següesal Golf en Barbate, se ha realizado sin contestar a las alegaciones presentadas

Supone una vulneración de la legislación vigente que puede anular la Declaración de Interés Turístico del campo de golf recientemente aprobada.

Ecologistas en Acción, presentó en su día ante la delegación provincial de Cádiz de la Consejería de Medio Ambiente más de cien alegaciones en las que mostraba su fundada oposición a que se otorgara Autorización Ambiental Unificada al proyecto para la Declaración de Interés Turístico del Campo de Golf «El Següesal Resort>>, en el término municipal de Barbate. Una macrourbanización de 467,2 hectáreas (¡4.672.000 m2!), lo que la convertiría en la mayor de Andalucía y triplicaría la superficie conjunta de todos los núcleos urbanos de este municipio. El proyecto incluye 1.690 viviendas y apartamentos, dos hoteles, campo de golf, instalaciones hípicas, colegio bilingüe de alto standig… un gigantesco gueto que se asegura será totalmente autónomo. El proyecto contempla en cambio, una oferta hotelera mínima, sólo el 10% de la edificabilidad total, demostrándose que el verdadero interés es el residencial, unido al especulativo ya que la empresa promotora dispondrá de una enorme extensión de suelo urbanizable adquirido a precio de rústico. En esas alegaciones, se argumentaba que dicha macrourbanización lo que intenta es revitalizar la obsoleta y fracasada política del “ladrillo” pretendiendo implantar un modelo de ciudad desarticulada, expansiva, insostenible, imposible de gestionar por sus dimensiones y desorden, y que solo responde a los intereses de los mismos que han provocado la mayor crisis económica que ha vivido nuestro país en las últimas décadas.

La macrourbanización de Següesal pretende implantarse en unos terrenos colindantes con el Parque Natural de la Breña y Marismas del Barbate, ocupándolo en unas 14 hectáreas y cercándolo por su zona noreste. En esta finca se conservan importantes masas forestales, actualmente protegidas, entre las que hay que destacar los bosques mixtos de alcornoques, acebuches y pinos, y las zonas de matorral mediterráneo. En un informe de la Consejería de Medio Ambiente se resalta que la ejecución de este proyecto: supondría la eliminación de 230 has de superficie forestal, afectaría a hábitats de Interés Comunitario (LIC), y podría alterar sensiblemente el libre flujo de especies entre el parque natural y el LIC “Acebuchales de la Campiña de Cádiz”, con el consiguiente deterioro de los procesos ecológicos asociados.

Pues nada de esto ha impedido a la Consejería de Medio Ambiente dar la Autorización Ambiental Unificada y con posterioridad, el Consejo de Gobierno de la Junta, declararlo de Interés Turístico.

Y se ha hecho, sin dar respuesta a las alegaciones presentadas, saltándose los trámites estipulados en la Ley 7/2007 de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, en la Ley 27/2006 por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente (incorpora las Directivas 2003/4/CE y 2003/35/CE), y en la Ley 30/92 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas, que en su Art 86 prescribe que “quienes presentes alegaciones u observaciones en este trámite (de información pública) tienen derecho a obtener de la Administración una respuesta razonada”.

Para Ecologistas en Acción, esta decisión de no responder a las alegaciones en expedientes de prevención ambiental es de suma gravedad, pues vulnera el derecho a la participación en los asuntos públicos y la petición individual o colectiva a las Administraciones públicas que recoge tanto la Constitución española (Art. 23 y Art. 29) como el Estatuto de Autonomía de Andalucía (Art. 30 y Art. 31). Es además una burla a la participación pública, y un desprecio al interés de ciudadanos y asociaciones en mejorar la gestión medioambiental y la preservación de los recursos naturales. De esta manera, los procesos de información pública y presentación de alegaciones se convierten en trámites vacíos de contenido, que no se toman en consideración a la hora de aprobar proyectos sobre los que existen decisiones políticas previas a la tramitación del expediente de prevención ambiental, como es el caso.

Es por lo que le hemos solicitado al Consejero de Medio Ambiente, que de instrucciones a la Delegación Provincial para que conteste de forma razonada a las alegaciones que se han presentado al proyecto de Campo de Golf y urbanización en el Següesal de Barbate; y que se proceda a iniciar los trámites de nulidad o anulabilidad de la Autorización Ambiental Unificada del proyecto para la Declaración de Interés Turístico del Campo de Golf «El Següesal Resort, por entender que se ha prescindido total y absolutamente de los procedimientos establecidos en la legislación vigente.

Planos y fotos de las zonas que se pretenden urbanizar, colindantes con el Parque Natural de La Breña y Marismas del Barbate.




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