Torre Cajasol

Causará un irremediable impacto sobre el paisaje urbano de Sevilla.

Jaime Jover Báez, Plataforma ciudadana ¡Túmbala! contra la Torre Cajasol. Revista El Ecologista nº 70.

La Plataforma ¡Túmbala! contra la Torre Cajasol se constituyó hace más de dos años como oposición ciudadana al rascacielos que tal empresa, Cajasol, está construyendo en Sevilla. Se trata de un edificio de 178 metros de altura, en el límite del Conjunto Histórico de la ciudad, y a menos de un kilómetro y medio de los monumentos declarados Patrimonio Mundial por la UNESCO: Catedral-Giralda, Alcázar y Archivo de Indias. El proyecto incluye en su parcela el mayor aparcamiento subterráneo rotatorio de Andalucía (3.100 automóviles) y un centro comercial. El coste total previsto asciende a más de 330 millones de euros.

¡Túmbala! surgió sobre la base de argumentos ambientales y patrimoniales, gracias al diálogo entre Ecologistas en Acción, la Asociación de Profesores para la Difusión y Protección del Patrimonio Histórico Ben Baso y la Asociación de Defensa del Patrimonio de Andalucía (ADEPA), entre otras. No obstante, con el tiempo se han añadido nuevos motivos contrarios al rascacielos en Sevilla, y así se han adherido a la Plataforma hasta una veintena de colectivos de diversa índole, además de personas a título personal.

Agresión al patrimonio histórico

La cuestión patrimonial ha permanecido como el argumento fundamental contra la torre. Y la afección a los bienes declarados Patrimonio Mundial ha sido la razón principal para ello. La entidad asesora de UNESCO en relación al patrimonio histórico, ICOMOS (Consejo Internacional de Monumentos y Sitios Histórico-Artísticos), se pronunció sobre el asunto en 2008. Su informe recogía el irremediable impacto sobre el paisaje urbano, cuyas perspectivas se verían alteradas tanto desde los monumentos declarados, como desde otros puntos de la ciudad y sus alrededores, entre los que se encuentran zonas del Conjunto Histórico y dentro de este, ámbitos singulares como el Monasterio de la Cartuja, declarado Bien de Interés Cultural. El Comité de Patrimonio Mundial de UNESCO, en concordancia con el informe, solicitó en sus reuniones celebradas precisamente en Sevilla (2009), Brasilia (2010) y recientemente París (2011), la paralización cautelar de las obras, con el fin de reconsiderar el proyecto antes de que se consume el inevitable impacto al que hacía mención ICOMOS. En tanto esto no se ha producido, inevitable podría ser también la entrada de Sevilla en la lista que dicho Comité de Patrimonio Mundial realiza sobre Patrimonio Mundial en Peligro.

Si bien el argumento patrimonial ha tenido un peso importante, tampoco han carecido de importancia otras consideraciones. A nadie se le escapa la dependencia energética de los rascacielos. En este caso concreto, su sostenibilidad ambiental se ve agravada si consideramos el fomento del transporte privado que supone la ejecución del aparcamiento subterráneo. Ello contrasta con la concepción de desarrollo sostenible, integral y cohesionado del Plan General de Ordenación Urbana de Sevilla, que apuesta por la consecución de una ciudad mediterránea, funcional y compacta, siguiendo lo dispuesto por el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía.

Despilfarro mientras se piden ayudas

El modelo andaluz de ciudad opta por el equilibrio territorial y la gestión eficiente de los recursos, algo de lo que también adolece el proyecto. Cajasol, hoy Banca Cívica, gasta 330 millones de euros en la torre mientras exige más de 1.000 millones al FROB (Fondo de Reestructuración Ordenada de la Banca).

La construcción del edificio supone la consumación de un modelo de crecimiento económico desarrollista y especulativo, modelo cuya insostenibilidad ha quedado probada. ¡Túmbala! por tanto considera que la torre es una falta de respeto a la inteligencia de la ciudadanía, a causa de su negativo impacto patrimonial, ambiental, sobre la movilidad o la economía urbana. Hechos que, relacionados con sus irregularidades legales (recogidas en 2010 en el informe de expertos Libro negro de la Torre Pelli), nos sitúan en el marco de una decisión urbanística arbitraria, tomada en contra del interés general.




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