Situación del vertedero de Miramundo

Acumula más de 2 millones de toneladas de residuos, no ha concluido su sellado, por lo que no está completamente cubierto y los lixiviados rezuman sin poder ser llevados en su totalidad a las balsas de recogida, drenando hacia el río Salado, que a su vez desemboca en el río Iro.

Habiendo transcurrido más de un año de nuestra denuncia de la inaceptable situación de los residuos en la provincia de Cádiz, sin que se haya reunido la Mesa Provincial de residuos ni el Consejo Provincial de Medio Ambiente para debatir el problema, nos vemos obligados a denunciar la insostenible situación del vertedero de R.S.U. de Miramundo, la paralización de la planta de biorreciclaje y el incumplimiento manifiesto del Plan Provincial de gestión de los residuos urbanos de Cádiz.

El vertedero antiguo de Miramundo, que acumula más de 2 millones de toneladas de residuos, no ha concluido su sellado, por lo que no está completamente cubierto y los lixiviados rezuman sin poder ser llevados en su totalidad a las balsas de recogida, drenando hacia el río Salado, que a su vez desemboca en el río Iro. Por otro lado, carece de cierre perimetral, por lo que el acceso no está restringido. Al no funcionar la planta de cogeneración de Miramundo, tampoco existe un aprovechamiento energético del biogas, que inevitablemente se incorpora a la atmósfera y contribuye al efecto invernadero. De esta forma, se están incumpliendo las especificaciones del Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre por el que se regula la eliminación de residuos mediante el depósito en vertedero.

La situación insostenible es ya la del vertedero nuevo de Miramundo, absolutamente ilegal, al situarse al margen de las obligaciones del mencionado Real Decreto y de la Ley 10/1998, de 21 de Abril, de Residuos, que prohíbe taxativamente en su artículo 12.2 el vertido o eliminación incontrolada de residuos en todo el territorio nacional. Como usted bien sabe, la planta de biorreciclaje de Miramundo no está funcionando desde su “inauguración”, en 1999, por lo que no existe tratamiento de los R.S.U., no se fabrica compost, no se genera biogas y las basuras son depositadas de forma ilegal en el vertedero adjunto, que solo estaba autorizado para recibir los rechazos del proceso de compostaje. De esta manera, la Consejería de Medio Ambiente no está verificando el cumplimiento de la Declaración de Impacto Ambiental de 24 de junio de 1998, por la cual el viceconsejero de Medio Ambiente dictaba resolución de autorización a la planta de Miramundo. En el apartado a) del capítulo de “residuos”, la D.I.A. estipulaba que:

Los rechazos de RSU que serán depositados en el nuevo vertedero deberán acondicionarse previamente. No se permitirá, con carácter general, el depósito de residuos con un porcentaje de materia orgánica superior al 10% y que no estén previamente embalados.

Ninguna de estas condiciones se están cumpliendo: las basuras de la bahía gaditana, de la costa noroeste, de La Janda, de Bornos y la Sierra de Cádiz, llegan en bruto, en algunos casos sin compactación y se vierten en la zona que en el proyecto de la planta de biorreciclaje estaba dedicada exclusivamente a los rechazos; de esta forma, en vez del 18% de los R.S.U. previstos (35.000 toneladas al año), el vertedero está soportando más de un cuarto de millón de toneladas al año, reduciendo de forma ostensible la vida útil prevista y saltándose a la torera todas las obligaciones de la normativa estatal y comunitaria en relación al depósito en vertederos. La balsa de lixiviados que sigue creciendo ofrece una visión dantesca y la planta de evaporación es manifiestamente insuficiente para depurar el volumen ingente de lixiviados que se sigue produciendo al verter las basuras orgánicas sin ningún tratamiento previo. Tanto en pendientes como en la parte superior del vertedero las basuras están sin cubrir, proporcionando un caldo de cultivo ideal para todo tipo de vectores infecciosos.

Hacemos notar que el vigente Código Penal (Ley Orgánica 10/95 de 23 de noviembre) establece en su artículo 329 que:

La autoridad o funcionario público que... con motivo de sus inspecciones hubieren silenciado la infracción de Leyes o disposiciones normativas de carácter general que las regulen será castigado con la pena establecida en el artículo 404 de este Código y, además, con la de prisión de seis meses a tres años o la de multa de ocho a veinticuatro meses.

También la actividad diaria del vertedero está transgrediendo gravemente las exigencias del Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero. En su artículo 6.1 obliga a que todos los residuos que se depositen en vertedero hayan sido objeto de algún tratamiento previo. El único “tratamiento” que experimentan las basuras que se están acumulando en el vertedero de Miramundo (y no todas) es la compactación en las plantas de transferencia; no es el caso de los R.S.U. de la Bahía de Cádiz, para los que todavía no existe planta de transferencia, ni de los de la costa noroeste, en los que la planta no funciona.

La Decisión 2003/33/CE, de 19 de diciembre, establece los criterios y procedimientos de admisión de residuos en los vertederos, en aplicación de la Directiva 1999/31/CE del Consejo. A excepción del pesaje de la carga de los camiones, ninguno de los procedimientos que allí se recogen para residuos no peligrosos se está llevando a cabo en el vertedero: ni caracterización básica, ni pruebas de conformidad, ni verificación in situ. De esta forma, el criterio que determinaba el Plan Provincial de residuos urbanos para el vertedero de Miramundo:

Mantener un vertedero controlado, siempre necesario en cualquier tratamiento de R.S.U., para depositar la fracción no aprovechable, con tendencia a que ésta sea la menor posible, se nos revela como una quimera inalcanzable.

En relación con la planta de biometanización de Miramundo, es inconcebible que no se hayan resuelto las dificultades técnicas y los problemas de financiación que se anunciaban hace ya la friolera de cinco años. La desidia y la incompetencia de los responsables del Consorcio Bahía de Cádiz no pueden ser más manifiestas. Lo que se presentaba como la experiencia pionera e innovadora de reciclado de residuos municipales, se convierte en un escandaloso fiasco. ¿Es que ninguna autoridad va a dar explicaciones y a asumir responsabilidades por tan notorio fracaso? De la inversión prevista, 5.081 millones de las antiguas pesetas, 3.000 millones fueron aportados por los fondos POMAL (Programa Operativo Local) de la Unión Europea; puesto que la planta no funciona, ni en el proceso de compostaje, ni en el de biometanización, Ecologistas en Acción se dirigirá a las instituciones comunitarias para que intervengan dilucidando el destino de estos fondos. La empresa Biorreciclaje de Cádiz no recicla, solo “elimina” residuos: ¿a cuento de qué mantiene de forma fraudulenta esta denominación, cuando es incapaz de gestionar y explotar la instalación de reciclado prevista?

Francisco Gonzalez Cabañas, anterior presidente del Consorcio Bahía de Cádiz y actual presidente de la Diputación Provincial, debería ofrecer explicaciones de por qué no se han cumplido las expectativas que exponía en 1999:

Miramundo no es sólo una planta pionera en España de tratamiento de residuos, es además el centro neurálgico donde los residuos de los municipios a los que da cobertura reciben un tratamiento integral, hasta alcanzar un aprovechamiento casi total de los mismos. Haber llegado hasta aquí, a la cabeza de España con una planta de estas características debe ser un orgullo para todos los gaditanos.

El orgullo se ha convertido en vergüenza, no sólo por el incumplimiento manifiesto de estos objetivos, sino también por el silencio y la negativa a dar cuentas públicamente de los fracasos: la Mesa Provincial de Residuos, donde se debería haber intentado resolver este problema, nunca ha sido convocada en los últimos años, a pesar de nuestras reiteradas solicitudes. Así, el consenso que hizo sacar el Plan Provincial de residuos urbanos, ha sido destruido por unas autoridades ineptas. Emplazamos al actual responsable de Biorreciclaje, Antonio Ramírez y al responsable técnico, Agustín Aguado, a que den explicaciones e intenten solucionar este desaguisado tan grave.

En el caso de Chiclana, la autorización para llevar sus basuras al vertedero de La Victoria, estaba condicionada en el Plan Director Provincial de R.S.U. a la entrada en funcionamiento de la planta de Miramundo o a que se construyera el acceso Sur; también se establecía que la gestión fuera de carácter supramunicipal y que su uso no se prolongara más allá del año 2000. Este acuerdo fue adoptado por unanimidad por el Pleno de la Diputación Provincial de Cádiz el 29 de julio de 1997. Pues bien, ninguna de estas cuatro condiciones se ha cumplido y en la actualidad tenemos otro vertedero funcionando al margen de la legalidad que determina el real Decreto 1481/2001 de eliminación de residuos en vertedero. El trazado de la cañada de La Higuera permitía unir Chiclana con Medina a partir del punto kilométrico 13,140 de la carretera A-390 y se anunció como una obra inminente en las últimas reuniones de la Mesa Provincial de Residuos; el resultado: otro incumplimiento. ¿A qué espera la Delegación Provincial de Medio Ambiente para actuar? ¿Tendremos que recurrir a la autoridad judicial para que garantice el cumplimiento de las leyes?

Las dificultades encontradas en el proceso de biometanización nunca han sido explicadas convincentemente; alguien se ha equivocado a la hora de decidir el proceso de digestión anaerobia y su dimensionamiento. Sin embargo, en casos cercanos se ha buscado soluciones. El ecoparque de la Zona Franca de Barcelona, la primera planta integral de tratamiento de basuras en Cataluña, se ha visto obligada a transformar su tecnología de digestión anaeróbica porque la biometanización no funcionaba. ¿Por qué en Cádiz no se han buscado soluciones similares, que hubieran resuelto el problema?

De esta forma, ni se ha conseguido fabricar compost y generar solamente un 18% de rechazos, como preveía la D.I.A., ni la planta puede producir electricidad para autoconsumo (un 12%), ni para vender en la red (el 88% restante). El vertedero convierte lo que eran depresiones topográficas en auténticas montañas de desechos, acortando la vida útil del vertedero actual; los 3 millones de m3 de capacidad pronto se verán agotados.

De los cuatro objetivos que fijaba el Plan Director Territorial de Gestión de Residuos Urbanos de Andalucía:

1. Crecimiento cero en los residuos.

2. Recuperación de los envases, papel y vidrio entre el 25 y el 45%.

3. Aprovechamiento de la fracción orgánica para compost.

4. 35% de rechazos como máximo.

Solamente el 2º se puede asegurar que se cumple parcialmente. Además, la nueva Directiva sobre reciclado de envases 2004/12/CE, de 11 de febrero de 2004, eleva los objetivos de reciclado de envases: 60% para el vidrio y papel-cartón y 22,5% para plásticos, por lo que habrá que revisar el Plan Director.

Por último, tampoco la situación del vertedero de Olvera cumple las especificaciones. No existe la planta de transferencia que preveía el Plan Provincial, el sellado del vertedero es precario y la zona de acopio deja bastante que desear. El vertedero no está completamente cerrado perimetralmente, por lo que se puede acceder con facilidad, las cubas derrochan lixiviados, acumula neumáticos enteros contraviniendo la ley (R.D. 1481/2001) y no existe recogida y tratamiento de gases y lixiviados.

Por todo lo expuesto, solicitamos de la autoridad poner solución a este cúmulo de desastres antes de que la situación resulte irreversible, cumpliendo todas las determinaciones que contempla la legislación sobre residuos.




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