La Asociación Gaditana para la Defensa de la Naturaleza, Verdemar-Ecologistas en Acción y el Colectivo Ornitológico Cigüeña Negra, consideran que el recién aprobado Decreto de la Consejería de Medio Ambiente, de la Junta de Andalucía, por el que se amplían los límites de los Parajes Naturales de las Marismas del río Palmones y el Estuario del río Guadiaro es IMPRESENTABLE E INADMISIBLE, desde los puntos de vista ecológico, hidrológico, social, paisajístico y económico. Respecto a la desembocadura del río Palmones en concreto, este Decreto además atenta contra la seguridad de las personas y sus bienes.

Nuestras asociaciones consideran que los límites de ampliación de estos Parajes deberían abarcar una extensión mucho mayor y buscar fines realmente conservacionistas. En cambio, la Junta de Andalucía en su Decreto de ampliación no ha tenido en cuenta los intereses públicos, anteponiendo los intereses de particulares y organismos (principalmente de la propia Junta de Andalucía).

Por ejemplo, en el caso de la desembocadura del río Palmones, la Consejería de Obras Públicas de la Junta de Andalucía está planificando y ejecutando diversos proyectos en zonas inundables de este cauce, los cuales infringen el propio Plan de Prevención de Avenidas e Inundaciones de la Comunidad Andaluza, los estudios de impacto ambiental de esos mismos proyectos, así como diversas resoluciones, entre ellas la del Defensor del Pueblo Andaluz.

En el caso del Estuario del río Guadiaro, la ampliación aprobada es irrisoria. A eso se añade que la Junta de Andalucía no está actuando contra las usurpaciones de terrenos que se están produciendo en este pequeño Paraje Natural y, además, está ignorando que los impactos producidos por el hombre en el litoral colindante han provocado una regresión de su franja costera arenosa, la cual ha retrocedido 200 metros en los últimos 50 años y ha comenzado a sepultar la vegetación del Paraje Natural.

Por ello y por muchos más motivos, nuestras asociaciones han presentado alegaciones al proyecto de Decreto de ampliación de estos parajes y a los otros proyectos relacionados con el río Palmones, no habiéndose recibido contestación alguna por parte de los organismos de la Junta de Andalucía. Algo inexcusable y que infringe la Ley 30/92 de Procedimiento Administrativo, según la cual estos organismos no sólo tienen la obligación de contestar, sino de dar además “una respuesta razonada” (Art. 86.3).

Por ello, nuestras asociaciones tienen previsto emprender actuaciones judiciales contra la Junta de Andalucía, por considerar que se estarían cometiendo presuntos delitos contra el medio ambiente, prevaricación y connivencia.