Defensor del Pueblo y Ley de Acceso a la Información Ambiental

Ecologistas en Acción ha presentado un escrito de Queja ante el Defensor del Pueblo para pedirle que vigile por el cumplimiento por parte de la administración autonómica de la Ley de Acceso a la Información Ambiental. Pese a lo claro de la legislación al respecto y a los fallos judiciales respaldando el derecho las administraciones siguen negando información.

Ecologistas en Acción ha entregado un escrito al Defensor del Pueblo en el que le solicita que intervenga ante las Comunidades Autónomas (CC AA) para que suministren a dicho colectivos datos relativos a la calidad del aire en el entorno de las centrales termoeléctricas en funcionamiento correspondientes al año 2003. A partir de dichos datos Ecologistas en Acción elaboró un informe el año pasado en el que se demostraba que durante 2002 se incumplió tanto la legislación de emisión de las viejas centrales térmicas de fuel y carbón que funcionan desde antes de 1987, como los niveles de calidad con respecto a ciertos contaminantes en un buen número de plantas. Las propias CC AA quedaban en entredicho ya que no cumplían con la función, legalmente establecida, de asegurar el respeto de los límites legales de calidad del aire para sus ciudadanos.

A juicio de Ecologistas en Acción lo escandaloso de la situación es lo que ha llevado a las CC AA a no entregar dicha información para prevenir así situaciones comprometidas. El problema es que la Ley de Acceso a la Información Ambiental no establece que no pueda suministrarse información incómoda para dichos organismos, sino que, bien al contrario, establece la libertad de los ciudadanos a acceder a la información ambiental a disposición de los órganos administrativos correspondientes. En su escrito Ecologistas en Acción cita las palabras del Presidente del Consejo de las Comunidades Europeas cuando indicó que “se necesitaba el impulso de la ciudadanía para enfrentar los retos de la preservación del medio ambiente”. O más claramente cuando pidió a los ciudadanos que “exigieran a sus administraciones la información disponible, como un mecanismo útil para encontrar conjuntamente la solución a problemas que son de todos y también de las generaciones venideras”(declaraciones realizadas en junio de 1990 coincidiendo con la aprobación de la Directiva).

Ecologistas en Acción indica también que algunas CC AA que ahora deniegan la información la facilitaron el año pasado y que existe una sentencia del Tribunal Supremo que establece que debe cumplirse con dicha obligación. Invocan también el precedente de la Defensora del Pueblo de Navarra que intervino ante el Gobierno de dicha Comunidad para que esos mismos datos fueran facilitados a Ecologistas en Acción.

Previamente la organización ecologista había presentado recursos de alzada y denuncias ante la Unión Europea contra Andalucía, Asturias, Castilla-La Mancha, Castilla y
León, País Vasco, Galicia y Murcia que son las comunidades que se han negado a responder. Ecologistas en Acción ha presentado más de 100 quejas ante la UE por incumplimiento de la legislación sobre acceso a la información ambiental. Lo irónico de la situación es que en este caso es el ecologismo quién exige el cumplimiento de la ley y las CC AA quienes se comportan como insumisas a la misma.




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