Delegación de competencias de la cuenca del Guadalquivir

Ecologistas en Acción compareció ayer en la Comisión de Medio Ambiente del Parlamento para pedir a los diferentes grupos la retirada de la Proposición de Ley Orgánica sobre delegación de competencias de la cuenca del Guadalquivir y así permitir un debate sosegado sobre las razones que justificaron esta actuación, con el objetivo de encontrar una solución satisfactoria que no ponga en peligro las necesarias políticas estatales y autonómicas en materia de aguas

Ecologistas en Acción, junto a otras tres asociaciones ecologistas, ya advirtió en 2007 que la forma en la que el Estatuto de Autonomía para Andalucía recogía las competencias de la Junta sobre la cuenca del Guadalquivir, había la posibilidad de provocar el aumento de conflictos entre regiones, además de ir en contra del espíritu de la Directiva Marco de Agua (DMA). Esta norma mantiene que debe existir una gestión integral de las cuencas hidrográficas en lugar de fraccionar la gestión.

Las recientes sentencias del Tribunal Constitucional (TC 30/2010, de 16 de marzo) y el Tribunal Supremo sobre el artículo 51 del Estatuto de Autonomía de Andalucía y sobre el Decreto de traspaso de competencias del Guadalquivir respectivamente, han intensificado el debate acerca de la titularidad y las competencias sobre esta cuenca, fruto de ello es la iniciativa legislativa para pedir las competencias anuladas.

Sin embargo, el planteamiento de esta norma se centra en la titularidad o competencia sobre la Administración del agua, pero desvía la atención de los problemas reales de los ecosistemas acuáticos y de sus usos de los que hemos hablado anteriormente: la contaminación, la sobreexplotación, la falta de garantía, la ilegalidad, la concentración de un alto porcentaje de los recursos en pocas manos, los perjuicios a usuarios que se ven damnificados por la falta de control y buen gobierno. Las sentencias deberían servir para abrir un debate mucho más profundo y clarificador sobre la grave situación de la gestión del agua en Andalucía.

La experiencia de la gestión de la Junta de Andalucía desde que ha ido recibiendo competencias no merece una valoración positiva para Ecologistas en Acción, ya que los problemas citados anteriormente han continuado.

La solución a los mismos no reside en fortalecer una de estas Administraciones en detrimento de la otra, ni aumentar las competencias. Entendemos que esta discusión puede y debe superarse mediante la aplicación rigurosa de la DMA, que nos brinda la oportunidad de planificar y gestionar las aguas de forma integrada e integradora, gracias a los siguientes enfoques fundamentales:

  1. El agua no es un bien comercial como los demás, sino un patrimonio que hay que proteger y defender. No se debe concebir el recurso de manera fragmentada, como un mero recurso económico, ya que forma parte de ecosistemas esenciales para la vida y el bienestar colectivo.
  2. La DMA exige una planificación y gestión integrada, estableciendo la unidad de gestión la Demarcación Hidrográfica, sean cuales sean las divisiones administrativas del territorio.
  3. La DMA obliga a llevar a cabo una planificación y gestión integradora, creando un órgano de coordinación con capacidad de decisión sobre los aspectos más relevantes de la planificación y gestión de las aguas de la Demarcación.

Para Ecologistas en Acción, el conflicto de intereses acerca de la titularidad o competencia sobre las aguas siempre va existir y la única solución es crear espacios sólidos y estables donde sea posible debatir dichos intereses y decidir con todos los actores implicados las soluciones a los conflictos.

Estas son las razones que nos llevan a pedir que los diferentes grupos con representación parlamentaria y los representantes de intereses sectoriales abandonen el conflicto por la titularidad o el aumento de competencias sobre las aguas del Guadalquivir que discurren íntegramente por territorio andaluz.

Hay que iniciar un debate político más profundo y fértil sobre la protección y el uso sostenible de los ecosistemas acuáticos en un espacio común y con una participación pública activa.




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